La Voz de Galicia

Vulcano, abocado a la liquidación si no consigue 10 millones el viernes

El comité de empresa pide el apoyo del alcalde de Vigo ante la difícil situación de los trabajadores

El astillero Vulcano está abocado a la liquidación si el viernes no consigue los 10 millones de euros que necesita para terminar el ferri para la naviera Armas de Canarias. Los trabajadores llevan dos meses sin cobrar y hoy han pedido el apoyo del alcalde ante su difícil situación.
Para intentar desbloquear el problema, el comité ha instado una reunión que tendrá lugar el viernes en Santiago y que estará presidida por el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. En ella participarán representantes de la casa armadora, del astillero, del Banco de Santander y del Instituto de Crédito Oficial.
 El presidente del comité, Nicolás Sangabruek, ha señalado que la terminación del Villa de Terir se está prolongando porque se descubrieron defectos que es necesario subsanar. Calcula que se tardarán cinco semanas en dar los últimos retoques si se consigue la financiación precisa.

 

Faro de Vigo

Factorías Vulcano exprime sus últimas opciones antes de declarar la quiebra

La reunión del viernes entre financiadores, armadora y plantilla, crucial

La única opción que tiene Factorías Vulcano para evitar la quiebra inmediata es que la banca, propietaria del ferri encargado por Trasmediterránea, se concluya "cuanto antes". Y ese "cuanto antes" es, como tope, antes de mediados de enero. Pero para eso necesita de una inyección urgente de liquidez de cuatro millones de euros, como avanzó FARO en exclusiva, adicionales a otros ocho a fecha de entrega del buque. Si es que ésta se produce, claro. A día de hoy no existe ninguna garantía de que la histórica atarazana viguesa vaya a ingresar ese adelanto de liquidez -ya recibió una septiembre, insuficiente para la conclusión del ferri- y la liquidación es un escenario que prácticamente da por hecha la plantilla, que hoy se reunió con el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
El Villa de Teror, el ferri que construye Factorías Vulcano, tendría que haber realizado las pruebas oficiales de mar a finales de noviembre. Pero el buque, cuya fecha inicial de entrega la que figura en el contrato era el 28 de junio, no se movió de las gradas. La banca ha decidido no desbloquear de momento la nueva inyección de tesorería al existir un "conflicto" entre el astillero y la armadora; sin un nuevo adelanto de dinero ni se pueden realizar los tests, ni concluir la construcción, abonar los en torno a diez millones de euros que se adeudan a auxiliares y proveedores ni pagar las nóminas a la plantilla. Los 79 trabajadores de Vulcano llevan, según fuentes sindicales, dos meses sin cobrar, pese a que la atarazana había asegurado estar "al día" con los salarios. Trasmediterránea, a preguntas de FARO, no ha confirmado ni desmentido que todavía cuente con el ferri para engordar su flota. Al menos para antes de mediados de enero, cuando podrá cancelar el pedido de forma unilateral por los sucesivos retrasos.
Llegar a esa fecha sin el barco terminado y entregado es el escenario que quieren evitar a toda costa CC OO, UGT y CIG, que reclamaron un encuentro "urgente" entre todas las partes implicadas para garantizar la continuidad de la plantilla. Esta reunión se celebrará el viernes en Santiago. Las centrales se han dirigido al conselleiro de Economía, Francisco Conde, a fin de sentar en una misma mesa al astillero, la naviera, el financiador y los avalistas del proyecto. El objetivo pasa por "dar futuro a la unidad productiva", al margen de la continuidad de la familia Santodomingo (controla Vulcano a través de Astilleros La Mecánica). El temor de la plantilla es que la empresa entre en liquidación voluntaria o necesaria, a instancias de algún acreedor con el barco en las gradas. "Así se complicaría mucho el proceso" y una eventual subrogación de los trabajadores en otra firma naval interesada en las instalaciones, llegado el caso. "Hay que entregar el barco"; no se podrá hacer antes de que se supere la fecha de cancelación sin una nueva entrada de liquidez.
Para las entidades no hay garantías de que el Villa de Teror se vaya a entregar, ya sea por incumplimiento de los plazos o por falta de interés de la naviera en recepcionarlo. El incumplimiento de las fechas estipuladas en el contrato fue atribuido por Vulcano a causas externas: un error en los sistemas de propulsión (de Wärtsila), primero, y el proceso de absorción de Trasmediterránea por Armas (con el pintado del nuevo logotipo), después.

La Vanguardia

Familias y empresarios podrán lograr el perdón a su deuda en sólo 3 meses

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Los jueces de Barcelona acortarán los plazos en los concursos de personas físicas

Lograr el perdón judicial a las deudas que no se pueden pagar será a partir de ahora mucho más fácil y rápido. Al menos, en Barcelona. El Tribunal Mercantil de Barcelona –que agrupa a los once juzgados mercantiles de la provincia– y el juzgado de primera instancia número 50 de la ciudad de Barcelona han aprobado un protocolo de actuación para acortar al máximo los plazos de tramitación de los denominados concursos de acreedores consecutivos, que afectan a empresarios y avalistas, por un lado, y a ciudadanos particulares, por el otro.

Estos concursos son los presentados al amparo de la ley de la Segunda Oportunidad que entró en vigor en el 2015 y que, cuatro años después, está lejos de despegar. La ley se ideó –como indica su nombre– para permitir empezar de nuevo a aquellas personas que viven sepultadas bajo el peso de sus deudas, siempre que hubieran llegado a esta situación de forma fortuita (sin culpa) y que hubieran liquidado todo su patrimonio. En estos casos, el juez puede conceder lo que se conoce como el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, el perdón judicial definitivo, inatacable y para siempre de las deudas pendientes.

Los concursos duran ahora hasta tres años, un tiempo muy largo para los afectados

Esa era la intención del legislador y también de los jueces que tienen que aplicar la norma. Pero, en la práctica, muchísimos menos de los potenciales beneficiarios de la ley han logrado su objetivo. La mayoría, ni lo han intentado por desconocimiento, falta de recursos económicos o respeto a los juzgados. Y otros, los pocos que sí se lanzan a declararse en concurso, ven como el proceso se eterniza en los juzgados y cuesta mucho llegar al final deseado.

“Es todo un despropósito: la tramitación de un concurso no debería durar más de un año y, en cambio, se demora mucho porque los deudores vienen sin procurador, rebotados de plataformas de Internet o con abogados que no conocen los procedimientos”, apunta Raúl García Orejudo, titular del juzgado mercantil 7 de Barcelona. Este juez, junto con sus compañeros que también tramitan concursos de empresarios y Juan Manuel Chamorro, titular del juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona, se han conjurado a poner todo de su parte por agilizar los plazos.

Los concursos con mediador, deudores sin activos y que pidan el perdón a su deuda

En concreto, y en aquellos casos en los que la solicitud del concurso sea realizada por el mediador concursal –la ley prevé que, antes de ir al juzgado, el deudor intente llegar a un acuerdo con los acreedores para pagar– y no haya activos por repartir, el camino hacia el perdón de las deudas pendientes será de unos tres meses. “El avance puede ser importante porque nosotros damos prioridad a los concursos y aún así tardamos entre 12 y 15 meses desde la entrada en el juzgado hasta su conclusión”, dice Chamorro.

El protocolo elimina algunos trámites que, para los supuestos citados, no tienen sentido, como las denominadas secciones 2ª a 6ª de los concursos. Son las que se refieren a la gestión de los activos (no hay), el pasivo, el convenio y la liquidación o la pieza de responsabilidad. Con carácter general, y salvo impugnaciones, se obviaran en estos casos. Junto con lo anterior, los juzgados enviarán directamente al BOE el auto de declaración del concurso para su publicación inmediata, lo que también supondrá un ahorro de tiempo, y, si no hay impugnaciones, instarán a la administración concursal a que pida de parte de su cliente la exoneración de la deuda.

Con el objetivo de eliminar esperas absurdas o estériles, los jueces pedirán a la Generalitat que les permita comunicarse con la administración concursal a través de la aplicación Lexnet coordinada con Justicia.cat. Ya se verá si es posible. De momento, hasta que esto se materialice, el acuerdo de los jueces es poner como condición a los administradores concursales que faciliten un correo electrónico como medio de recibir las notificaciones del juzgado. “Si no hay incidentes judiciales, en dos o tres meses se puede finiquitar el concurso y eso es muy bueno para todos”, concluye García Orejudo.

 

La Voz de Galicia

Pili Carrera recortará su producción un 30 % para aligerar la deuda y ser viable

La propuesta de convenio, con quitas del 50 %, tiene ya el sí del 46 % de los acreedores

La viabilidad de Pili Carrera está encarrilada. La empresa de moda infantil, que se acogió el pasado mes de septiembre a un concurso de acreedores, acaba de presentar en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra un plan pautado hasta el 2026 para liberarse de cargas y mantenerse a flote.

La propuesta anticipada de convenio de la empresa, ahora tutelada por un administrador concursal, ofrece a sus acreedores dos vías de acuerdo. La primera, garantiza la amortización del 100 % de la deuda en un plazo de 7 años, remunerando con un interés del 0,5 % los créditos de quienes expresamente elijan este camino.

La alternativa a esta primera opción consiste en aceptar una quita del 50 %, reduciendo la espera a cuatro 4 años.

La masa pasiva de Pili Carrera que recogen los documentos que acompañaban a la demanda de solicitud de concurso voluntario es de 5.123.091,72 euros. Según el documento presentado en el juzgado, las adhesiones conseguidas hasta la fecha representan ya más de 2,3 millones de euros, que equivalen a casi la mitad del pasivo presentado por la concursada (en concreto, suponen un 45,59 %).

¿Cómo está convenciendo la empresa a sus acreedores para que se sumen a su propuesta anticipada de convenio? La clave está en el plan de viabilidad que acompaña a la estrategia diseñada por Pili carrera para sanear sus cuentas, y que pasa por un recorte de la producción del 30 %.  

Venta de «stocks»

La empresa piensa compensar económicamente esa menor actividad con la generación de ingresos procedentes de las ventas de stock a través de los canales outlet (rebajas) y on-line. Esta estrategia permitirá a la compañía ingresar un 100 % de margen, puesto que, al tratarse de artículos fabricados, los costes de producción ya fueron absorbidos en anteriores ejercicios.   

Sin reducción de plantilla

Este ajuste del volumen de producto confeccionado a la demanda prevista se complementará con una «adaptación del personal de fábrica y tiendas». El documento en ningún momento habla de reducción de plantilla, y sitúa la citada «adaptación» en el tiempo y desde el presente otoño-invierno hasta la temporada 2019-2020.

El plan basa su éxito en la racionalización de la producción de Pili Carrera, lo que supone «adaptar el número de unidades productivas a la capacidad de absorción de la demanda». La empresa se compromete a sacar mayor rendimiento a los canales de venta (habla de «optimizar»).

«Estas medidas se complementarán además con una adaptación de los costes de la estructura de la empresa, en todos sus niveles, al volumen de producción y ventas considerado», explica el documento depositado en el Juzgado.

Con todo ello, Pili Carrera espera además reducir al mínimo imprescindible sus necesidades financieras. 

La banca, que se negó a negociar, es ahora la primera en adherirse al plan de reflote

Casi 3 millones de euros de deuda financiera son la principal razón de que la empresa Pili Carrera no haya tenido más remedio que acogerse al concurso de acreedores. Un pool de bancos integrado por hasta ocho entidades rechazó la petición de la empresa: un aumento de la financiación de 500.000 euros y la renovación de los créditos para circulante por un importe aproximado de 1,2 millones de euros durante un año.

Ahora, una vez acogida a la Ley Concursal, son los bancos los primeros en encabezar la adhesión a la propuesta anticipada de convenio de la empresa. Entre los que ya se han pronunciado a favor figuran el BBVA, el Sabadell y el Santander (incluye el Banco Popular y Banesto).

Y es que si algo deja claro todo este proceso es que el problema de Pili Carrera se produce como consecuencia de un frenazo del mercado cuando la compañía había completado un fuerte proceso de crecimiento. Dicho de otra forma, lo que ocurrió fue una «no adaptación de la producción a la demanda real». Las cifras de pérdida de mercado hablan por sí mismas. Según la información económica que aporta al juzgado, Pili Carrera pasó de facturar 11 millones de euros en el 2007 a facturar siete en el 2017.

En este período, los gastos de personal se dispararon. Pasaron de representar el 19,39 % en el 2006 a situarse por encima del 38 % en el 2017. La empresa «no fue capaz de reajustar sus costes de producción» al nuevo escenario, reconoce.

 

Vigolex.com

NOVEDOSA SENTENCIA SOBRE LA RECLAMACIÓN DE LOS GASTOS HIPOTECARIOS

 Tras la publicación de la última Sentencia del Tribunal Supremo del 28 de Febrero de 2018, que, textualmente decia:

“El cliente deberá de hacer frente de forma íntegra al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), recogiendo que debe de distinguirse diversas situaciones:

• La constitución del préstamo deberá de incumbir al prestatario.
• Por el timbre de los documentos notariales y el impuesto correspondiente a la matriz deberán ser sufragados por partes iguales entre el prestamista y el prestatario.
• Respecto a las copias, existirá la obligación sobre quien la solicite.”

Esta Sentencia  provoco que muchas personas retiraran las demandas que  anteriormente habían presentado  pues la cantidad que suponia, descontando el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) era  pequeña.

 Tribunal Supremo vuelve en una nueva Sentencia de fecha 16 de Octubre de 2018 por  la cual,  manifiesta, que el Impuesto de AJD debe de ser pagado  por los bancos, pues es el  interesado en la anotación de la  carga en el Registro.

Este nuevo giro a las reclamaciones de los gastos, abre las puertas a los usuarios  para que puedan reclamar lo que se impuso  a la hora de la firma del préstamo hipotecario.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) establece que tienen derecho a reclamar los usuarios que cumplan los siguientes requisitos:

• Quienes tengan un préstamo hipotecario vivo (no pagado en su totalidad), que no hayan reclamado.
• Quienes tengan un préstamo hipotecario vivo (no pagado en su totalidad), que hayan iniciado la reclamación y no tengan una sentencia firme.
• Quienes tengan un préstamo hipotecario amortizado y no hayan transcurrido cuatro años.

Por tanto, aquellas personas que ya reclamaron el impuesto antes y obtuvieron una sentencia firme, no podrán volver a pedir el dinero a la entidad correspondiente.

Desde VIGOLEX  ABOGADOS le proponemos  que reclame los gastos que  pagó en su momento, ejerzan su derecho y nos dejen velar por sus intereses,

Contamos con expertos en la materia. No dude en consultarnos sin ningún tipo de compromisos.

VIGOLEX ABOGADOS 

C/Eduardo Iglesias nº8,portal 2, piso 6, oficina 2
36202 Vigo
 

986 95 38 50
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Faro de Vigo

Povisa tilda de "deficitaria" la oferta del Sergas por farmacia y ve lejos la salida del preconcurso

El comité detalla que la propuesta solo cubriría dos de los cinco millones de pérdidas por fármacos al año -El hospital solo ve "sostenible" agotar el convenio si Sanidade no le cobra por servicios

 "En vez de acercar posturas, parece que cada vez están más lejos". Con esa sensación salió ayer el comité de empresa de Povisa de la reunión con la dirección del hospital en la que le puso al día de las negociaciones. Le trasladó que la propuesta que han recibido del Servicio Galego de Saúde es "insuficiente" para resolver su situación y que, a día de hoy, está muy lejos de poder levantar el preconcurso de acreedores que solicitó el 28 de septiembre. De hecho, al centro de la calle Salamanca no le satisface la oferta económica que la Administración le pone sobre la mesa para resolver uno de los puntos claves del conflicto: las pérdidas que le provocan los medicamentos que el hospital dispensa a los pacientes no ingresados y los de alto impacto. Se queja de que es "deficitaria". Solo reduciría en dos millones de euros el déficit anual de 5 millones que le ocasionan, según explica la plantilla.
La versión de las negociaciones que la dirección del hospital concertado le trasladó ayer al comité es "bastante más negra" que la que escucharon del Sergas, describe un representante de los trabajadores. "Han dicho que de levantar el preconcurso, nada, que si seguimos así pasaremos ineludiblemente a concurso", relata y explica que Povisa opina que "el Sergas no se da cuenta de la dimensión del problema".

En verdad, el hospital concertado querría elaborar otro concierto en el que se aclaren esos puntos en los que las partes difieron en sus interpretaciones, "pero el Sergas no está por la labor". Por ello, cuenta que trata de negociar una situación en la que, por lo menos, pueda compensar con sus beneficios de la actividad privada las pérdidas de la pública.
Aseguró a los trabajadores que la oferta del Sergas para la Farmacia solo cubre una parte del déficit de los medicamentos, pero que aunque llegara a cubrir el total, "no llegaría para que la situación fuera sostenible a largo plazo, hasta la conclusión del concierto". Para lograr este escenario, le explicó al comité que necesitaría que Sanidade no le facturara por servicios que el hospital concertado no dispone, como la unidad de arritmias o las pruebas PET. Son procedimientos caros y que cada día se usan más.
Ni el Sergas ni Povisa quisieron dar ayer más explicaciones. Se volverán a sentar a negociar mañana.
Por su parte, el comité de empresa seguirá recabando apoyo institucional para vincular al acuerdo entre Sergas y Povisa al mantenimiento del empleo y de los derechos de los trabajadores y para que se garantice la calidad asistencial. Con este objetivo intervendrá en el pleno del Concello de Vigo y también en el de Moaña. También planean manifestarse ante el Parlamento cuando se debata la situación de Povisa.

El Pais

Povisa solicita preconcurso por pérdidas de 42 millones que atribuye al concierto con el Sergas

El hospital ha comunicado a la plantilla que su fondo de reserva, con el que ha estado haciendo frente a las pérdidas, se ha agotado

 

El hospital Povisa de Vigo ha confirmado este viernes que ha presentado la solicitud para que se la declare en situación de preconcurso de acreedores, y ha vinculado la decisión a la pérdidas acumuladas, que cifra en 42 millones de euros, desde la entrada en vigor del concierto vigente con el Sergas, en 2014.

La dirección de la empresa ha trasladado su decisión ya a la plantilla, a la que ha comunicado que su fondo de reserva, con el que ha estado haciendo frente a las pérdidas, se ha agotado. De hecho, ha confirmado que ya ha comenzado a retrasar pagos, entre ellos el del IRPF.
Ahora se abre un plazo de tres meses para que la empresa pueda negociar con su principal cliente, el Sergas, ya que su situación se debe "única y exclusivamente" al "desequilibrio" generado por la "interpretación" que la Administración pública ha hecho del concierto sanitario.
El Sergas ha rechazado este viernes los argumentos esgrimidos por el hospital Povisa para justificar la solicitud de preconcurso de acreedores, y ha negado que la situación de la empresa sea atribuible al concierto sanitario que, han apuntado fuentes sanitarias, se está cumpliendo "estrictamente".
A través de un comunicado, Sanidade ha asegurado que, desde que Povisa le comunicó sus circunstancias económicas, "se han mantenido múltiples reuniones entre ambas partes con objeto de solucionar esta situación y acordar mecanismos que permitan mejorar la eficiencia en la ejecución del concierto".
Por otra parte, ha incidido en que se están cumpliendo "estrictamente" los términos de dicho concierto y, con respecto a las "discrepancias" en la interpretación, el Sergas ha recordado que "ya fueron resueltas en sede judicial", donde se confirmó el criterio formulado por la administración.
Además, desde que se firmó el concierto (en 2014), "no se han registrado variaciones, ni en la actividad asistencial ni en los indicadores establecidos, que justifiquen variaciones en las bases acordadas entre ambas partes", han recalcado las mismas fuentes.

La Voz de Galicia

Povisa pide al Sergas que le pague más o se quede sus 137.000 pacientes

Plantea mantenerse como centro privado, lo cual genera un problema a la Xunta

 La semana pasada, el consejero delegado del Hospital Povisa, José Bernardo Silveira, avisó al conselleiro de Sanidade de que el centro sanitario quería solicitar el preconcurso de acreedores. Jesús Vázquez Almuíña le pidió más tiempo. Durante todo el año habían mantenido reuniones en las que el mayor hospital privado de Galicia avisaba de que estaba cerca de la quiebra. El jueves 20, el hospital se vio obligado a retrasar el pago del IRPF. Esta semana, las nóminas llegaron a peligrar por falta de liquidez. El jueves por la noche la decisión estaba tomada. El viernes se presentó el preconcurso en el juzgado de mercantil de Vigo con un escrito en el que asegura que «el origen y única causa de la situación de insolvencia inminente de Hospital Povisa SA es la aplicación del concierto mantenido con el Sergas».

 

Sanidade sabía lo que rondaba en el aire, pero desconocía que el viernes se precipitarían los acontecimientos. Ese mismo día, Silveira se los explicó por carta a Almuíña. En ella, el consejero delegado de Povisa le decía que el concierto firmado cuatro años antes le había provocado 42 millones de euros en pérdidas, una parte de las cuales habían compensado con beneficios del sector privado y con las reservas acumuladas.

Silveira le planteaba al conselleiro dos escenarios. Uno consiste en que el Sergas abone más a Povisa por conceptos que el hospital entiende que no debería pagar y que lastran sus cuentas. El segundo escenario es más radical: que Sanidade rescate la concesión y el hospital pase a mantener solamente la actividad privada, de particulares y seguros.

Esto sitúa al Sergas en una situación dramática. Povisa es el hospital de referencia para 137.000 personas del área de Vigo. Es el único centro sanitario privado de Galicia que forma parte de la red del Sergas. Si la concesión de servicio público se rescatase, el Sergas tendría que asumir de golpe a 137.000 personas.

¿Adónde irían? Todas ellas pertenecen al área sanitaria de Vigo y viven la paradoja de que la gerencia del Sergas en Vigo se hace cargo de ellas para la atención primaria (el centro de salud), pero no para la atención especializada (el hospital). Cada mes de noviembre, a una parte de la población se le permite elegir hospital: o Povisa o el Chuvi.

Vigo estrenó un complejo nuevo, el Álvaro Cunqueiro, hace tres años. Mantiene el Meixoeiro como complementario para algunas especialidades. El Cunqueiro tiene capacidad para crecer, porque la mayoría de sus habitaciones pueden ser dobles aunque solo tienen una cama instalada. Pero no hasta el punto de llegar a las más de 500 camas que ahora tiene Povisa. Y no solo se trata de camas: hacen falta quirófanos, consultas, hospitales de día para las quimioterapias, todo tipo de aparataje -desde resonancias hasta ecógrafos, pasando por aceleradores lineales...- y también personal.

Además, está el futuro de la plantilla, la segunda de Vigo, tras PSA, en número de trabajadores. Son unos 1.500. Povisa ya tuvo un concierto entre los años 2001 y 2010. A finales de ese año, como no había un nuevo contrato sobre la mesa, la dirección del hospital diseñó un ERE por si en enero del 2011 dejaba de contar para el Sergas. Ese expediente contemplaba 1.200 despidos. Se puede interpretar, por tanto, que si ahora Povisa se queda sin los 137.000 pacientes, tendría que prescindir de todos esos trabajadores.

No es el escenario que quiere Povisa. El hospital privado prefiere mantenerse como centro concertado. El contrato con el Sergas le permite mantener un tamaño que no tiene ningún otro hospital gallego y que en España mantienen muy pocos. El 75 % de sus ingresos provienen de la pública y gracias a ellos es un hospital general grande, lo que beneficia a su negocio privado.

Escenarios

Así que el complejo prefiere el primero de los escenarios que Silveira le planteó al conselleiro. Es decir, más dinero. Actualmente cobra 540 euros por cada paciente asignado, independientemente de cuánto use sus servicios. Pero el gran problema no es ese, sino la medicación y las pruebas. En cuanto al primero, Povisa tiene que pagar la prescripción de pacientes que no están hospitalizados, y esto le provoca pérdidas de entre cinco y seis millones al año, además de nuevos fármacos de alto impacto; y quiere que todo eso lo sufrague el Sergas. El problema de las pruebas es que cuando tiene ingresado a un paciente que necesita un examen que en el hospital no se hace y lo deriva a otro, tiene que pagar el procedimiento; y también quiere que el Sergas lo asuma. O eso, o encargarse de 137.000 personas más.

Un hospital de alto voltaje político

Uno de los médicos que a principios de los años 90 hacía guardias en el servicio de urgencias del Hospital Povisa era un joven de Baiona que hoy dirige la Consellería de Sanidade. Jesús Vázquez Almuíña conoce de sobra el hospital del Grupo Nosa Terra XXI, que siempre ha estado en el centro del debate político en la sanidad gallega. El bipartito jugueteó con la idea de sacar al hospital de la red pública. Era un símbolo de la privatización sanitaria y los colectivos de izquierda se lo exigían. Pero nunca se atrevió. Cuando Touriño perdió las elecciones, los informes del Sergas preveían la continuidad del hospital en su red.

Feijoo colocó como gerente del Sergas a Rocío Mosquera. Hasta aquel momento, la que después sería conselleira llevaba siete años dirigiendo el pequeño hospital compostelano Nuestra Señora de la Esperanza, que pertenecía al Grupo Nosa Terra. En Povisa se las prometían felices, porque al concierto de entonces le quedaba un año de vida y les tocaría negociar uno nuevo con una exempleada. Pero las relaciones entre Povisa y la Xunta se dañaron y la negociación duró cuatro interminables años.

El concierto ha permitido que la desmesurada lista de espera de Povisa se redujese de forma drástica en los últimos años, pero la oposición ha seguido acusando a la Xunta de mantener un hospital privado en la red pública. Ahora Povisa culpa al gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, muy cercano a Feijoo, de dejarlo al borde del abismo.

Mientras, el baile de nombres ha continuado. Hace un año, Povisa fichó como gerente a la ingeniera María Luisa Brandt. Para incorporarse a la última planta del hospital de la calle Salamanca, Brandt abandonó la gerencia de Galaria, una empresa de la Xunta de Galicia y cuyo presidente es el conselleiro de Sanidade, aquel joven que se fajaba haciendo guardias en Povisa a principios de los 90.

La Voz de Galicia

El hospital privado Povisa declara en el juzgado su «insolvencia inminente»

El centro atiende a 137.000 pacientes del Sergas, al que culpa de un déficit de 42 millones

El mayor hospital privado de Galicia está a punto de sufrir un colapso. Cuatro años consecutivos de pérdidas llevaron ayer a la dirección de Povisa, empresa del grupo de capital gallego Nosa Terra 21, a presentar el preconcurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. En el escrito, el centro hospitalario se declara en situación de «insolvencia inminente», y apunta como origen y «única causa» a la aplicación del concierto que mantiene con el Servizo Galego de Saúde, «reiteradamente denunciado». Ese contrato es el que hace de Povisa un caso único en Galicia: un hospital privado que tiene asignados pacientes del Sergas, 137.000, concretamente. Al concierto con la Xunta atribuye Povisa unas pérdidas de 42 millones de euros en los últimos cuatro años (nueve solo en este) que ha compensado parcialmente con los ingresos procedentes de la atención a particulares y a clientes de seguros privados.

El Sergas le paga a Povisa 540 euros anuales por cada paciente que tiene asignado, sin importar cuánto use sus servicios. Es una cantidad insuficiente, según la dirección del hospital, porque no cubre la medicación de pacientes ambulatorios -los que no están ingresados y acuden al centro solo a recibir tratamiento, como quimioterapia-. Por este concepto, la empresa mantiene que pierde entre 5 y 6 millones al año. A ellos se suman otros 5,4 millones de déficit por fármacos de alto impacto surgidos después de la firma del contrato.

 

El hospital denuncia también que el Sergas ha reducido progresivamente el envío de pacientes en especialidades que tradicionalmente eran referencia (quemados, litotricia o cirugía de la mano) y que en la pública no existían. Los ingresos por estos conceptos se han reducido en 1,5 millones de euros anuales respecto al concierto anterior, que caducó en el 2010.

Una bomba de relojería

Povisa le endosa al Sergas toda la culpa de su delicada situación financiera. Y esto supone una bomba de relojería para el Gobierno gallego. La dirección del hospital llevaba meses advirtiendo a Sanidade de su situación límite y había presentado varios contenciosos para reclamar más dinero. Fuentes del sector aseguran que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, llevaba días solicitando más tiempo a la dirección de Povisa. Ayer mismo, tras el anuncio, los convocó a una reunión para el lunes.

Pero la situación política también se complica. El procedimiento concursal abre ahora tres meses para negociar entre las partes y, si no hay acuerdo, otro mes para formalizar el concurso. Esto situaría la eventual suspensión de pagos en enero, un mes crítico para los hospitales por la irrupción de la gripe, y solo cuatro meses antes de las elecciones municipales. En noviembre se iniciará el plazo de elección de hospital del área de Vigo, que precisamente Povisa propone extender a toda la ciudadanía.

Cruce de acusaciones

Pero si la dirección del hospital dio ayer un golpe en la mesa, la Xunta no se quedó atrás. Aseguró que está cumpliendo «estritamente todos os termos do concerto asumido por ambas partes» y subrayó que nada ha variado desde que en el 2014 se firmó el contrato. En otras palabras, según la Xunta, la situación financiera de Povisa es culpa de sus gestores.

Se avecinan tres meses de dura negociación. No es la primera vez. A finales del 2010, cuando el anterior concierto terminaba, el hospital presentó un ERE para 1.200 trabajadores. No lo ejecutó. Ahora reclama a la Xunta «restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato». Es decir, más dinero. «En este momento, el futuro de Povisa está en manos del Sergas y, por extensión, del Gobierno de Galicia», dicen en una carta a la plantilla.

Sanidade adelanta facturas para pagar nóminas

La dirección de la empresa trasladó ayer su decisión a la plantilla, a la que comunicó que su fondo de reserva, con el que ha estado haciendo frente a las pérdidas, se ha agotado. Según fuentes del hospital, en el centro trabajan unas 1.500 personas -la cifra fluctúa-, lo que significa ser la segunda nómina privada más grande de Vigo.

Dirigentes de la Consellería de Sanidade comunicaron ayer mismo a la dirección del hospital que adelantarán el pago de facturas, valoradas en más de dos millones, para que la empresa pueda afrontar el abono de las nóminas a la plantilla. Con eso, podrán cobrar este mes a principios de la próxima semana, ya en octubre, algo que la pérdida de avales bancarios dejaba en el aire.

El comité de empresa acogió con pesadumbre la noticia, aunque no especialmente con sorpresa, ya que el hospital ha declarado pérdidas todos los años desde que se firmó el contrato con el Sergas.

Grupo Nosa Terra 21 es un conglomerado de empresas presidido por José Silveira que tiene en el negocio marítimo el principal pilar ingresos de la compañía, que emplea de forma directa a más de 2.000 trabajadores.

Los resultados de los últimos ejercicios vienen confirmando que el Hospital Povisa no es ni de largo el negocio que fue, y que es la naviera Elcano la que abandera ahora los ingresos del grupo. En su último ejercicio computado (año 2016), Povisa facturó 104 millones de euros, y registró más de tres millones de pérdidas.

El año pasado, Elcano cerró con unos ingresos de 593 millones de euros, un ebitda de 44,053 millones y un beneficio neto de 24,2 millones.

La Voz de Galicia

Metalships y Vulcano, dos grandes del naval gallego, en busca de comprador

El grupo Rodman vuelve a sacar al mercado su astillero tras recomprarlo a Sonangol

La construcción naval está en un buen momento. Todos los astilleros gallegos tienen carga de trabajo, pero no todos generan beneficios y, con la cartera de pedidos que hay firmada al cierre de julio del 2018, tampoco todos pueden garantizar su actividad más allá del 2020.

Este momento de repunte es el idóneo para negociar un buen precio por una instalación a pie de ría, y eso es lo que pretende de nuevo la sociedad Abada (antiguo grupo Rodman), propietaria del cien por cien del astillero vigués Metalships & Docks. Fuentes del mercado confirman conversaciones a título personal del presidente del grupo, Manuel Fernández, con constructores navales españoles (entre ellos, algún gallego) que se encuentran en proceso de expansión.

De entre las que han trascendido, destacan las mantenidas con Astican (Astilleros Canarios), especializada en la reparación de grandes plataformas destinadas al sector del petróleo. Este grupo prevé invertir 30 millones de euros en el puerto canario de La Luz en la construcción de un dique para la reparación de buques de gran tonelaje, y las instalaciones de Metalships en la ría de Vigo encajarían en su plan de crecimiento en esta actividad.

Fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambas partes cifran en el entorno de los 50 millones de euros (ligeramente por debajo) la suma que está pidiendo Manuel Rodríguez.

Según las cuentas auditadas por Deloitte, Metalships registró 5,4 millones de pérdidas en el 2017, año en el que Abada recuperó el 100 % del astillero vendido a China Sonangol, la firma de Singapur vinculada al desaparecido magnate chino Sam Pa, que se convirtió en corporación CSEI después de que se le perdiera la pista a Sam.

A día de hoy, la cartera de pedidos de Metalships la integran un arrastrero de 79 metros de eslora para Groenlandia, de próxima entrega, y otro pesquero de 108 metros para Rusia. Este último contrato, por un precio cercano a los 90 millones, está firmado desde hace meses, pero sigue sin entrar en vigor y las últimas noticias que llegan al astillero indican que no lo hará. Con el salvavidas de la actividad de reparación siempre garantizado, Metalships trata de desbloquear la construcción del que, con 150 metros de eslora, se convertirá en el crucero de vela más grande del mundo. El buque permanece amarrado en el muelle que el grupo empresarial tiene en Domaio (Moaña), tras adquirirlo a Bankia tras la liquidación de Factoría Naval de Marín.

El caso de Vulcano

Por circunstancias diferentes, Factorías Vulcano también está en venta. A falta de unas semanas -«no más de cuatro», según fuentes de los proveedores- para entregar el ferri que construye para Trasmediterránea, siguen con la cartera de pedidos a cero, a pesar de haber disparado a todo lo que se movía en el mercado. En el último ejercicio presentó 41 ofertas a otras tantas licitaciones en todo el mundo, según las cuentas auditadas del 2017, que atribuyen al astillero 2,4 millones de euros de ganancias.

Tras encadenar trece expedientes de regulación de empleo desde el 2012, los propietarios, conscientes de que el tiempo se agota, están contemplando todas las posibles salidas. A falta de barcos, la venta sería la alternativa más interesante. Fuentes del sector aseguran que «se están manteniendo conversaciones con posibles compradores».

La venta es uno de los tres escenarios que desde hace meses contempla la Xunta para salvar el segundo mayor astillero privado de Galicia. De hecho, la propia dirección confirmaba en diciembre que había un inversor de origen turco interesado en hacerse con las instalaciones, aunque al final la operación no fructificó.

Los constructores privados acaparan casi la mitad de los pedidos del sector en España

Antes de la crisis del tax lease, en el año 2010, los astilleros privados gallegos acaparaban el 46 % de la carga de trabajo contratada en España. Ocho años después, el sector ha vuelto al mercado con fuerza, rozando ya las cifras de aquellos años de máxima actividad previos a la gran depresión que destruyó más de 200 pequeñas empresas auxiliares y 4.000 empleos.

El sector naval ha hecho balance semestral, a través del Ministerio de Industria, y los datos de los seis primeros meses del 2018 indican que los astilleros privados de Galicia cuentan con el 44 % del total de la cartera de pedidos contabilizados en todo el país durante el primer semestre de este ejercicio.

De los 61 pedidos registrados por el conjunto de las empresas navales, un total de 27 se corresponden con carga de trabajo de siete astilleros situados en las rías de Marín y Vigo. En el primer semestre se han consumado seis puestas de quilla, nueve botaduras y tres entregas.

Una cartera de mil millones

La actividad es especialmente intensa en Hijos de J. Barreras, Freire Shipyards, Armón Vigo, Cardama y Nodosa. Fuentes del sector se atreven a hacer una estimación del valor de los buques en cartera cercana a los 1.000 millones de euros.

El reto inmediato, según explican fuentes de la industria auxiliar, es incorporar mano de obra cualificada para garantizar que las entregas se producen en plazo. Ante esa urgente necesidad, la industria auxiliar ha comenzado a reclutar trabajadores de fuera de Galicia.

 

La Voz de Galicia

La amenaza de desahucio en tiendas insignia de Pili Carrera precipitó el concurso de acreedores

La emblemática firma gallega de moda infantil se acogió a la Ley Concursal el pasado 14 de septiembre

Pili Carrera entró en los juzgados en una situación crítica. La emblemática firma gallega de moda infantil se acogió a la Ley Concursal el pasado 14 de septiembre con una deuda algo superior a los cinco millones de euros y con graves problemas de tesorería para afrontar los pagos corrientes.

Fuentes de los acreedores de la compañía ponen como ejemplo la amenaza de desahucio que pesaba sobre algunas de las tiendas consideradas insignia de la firma -entre ellas, dos situadas en la capital madrileña- por impagos de las rentas de alquiler, algo que pudo haber precipitado la solicitud del concurso de acreedores en un juzgado mercantil de Pontevedra.

Una vez aceptado el trámite, queda por delante un largo proceso de saneamiento que la casa de moda, prestigiada por vestir a los hijos de reyes y famosos, quiere agilizar lo máximo posible.

Plan de viabilidad

En las próximas semanas, la empresa se ha propuesto pactar un plan de viabilidad y otro de pagos con sus acreedores, en un intento de «dar con la solución para la continuidad de la compañía y de los puestos de trabajo». Mientras, sus tiendas siguen activas, y la producción continúa con normalidad, para que la facturación no se resienta.

Con 105 empleados en España y otros 15 en Portugal (entre el personal de fábrica y el de tiendas), Pili Carrera mejoró el año pasado su facturación, hasta alcanzar los 7,6 millones de euros. Si bien, la empresa registró pérdidas por segundo ejercicio consecutivo, en esta ocasión de 107.000 euros (en el 2016 los números rojos habían sido prácticamente el doble).

El grupo, fundado en 1963 y pilotado por Salomé Rodríguez, tiene en el aumento de la deuda y los stocks acumulados sus mayores problemas, a los que se suma un alto coste de producción (realizada íntegramente en Galicia), según recoge la última memoria anual de la empresa.

Dos meses para el informe

La firma textil, que tiene presencia en dieciséis países del mundo y genera el 38 % de sus ventas en el extranjero, pasará a partir de ahora a estar bajo la tutela del administrador concursal designado, que es el abogado pontevedrés Alberto García Pombo. Este tiene dos meses de plazo para emitir su informe.

 

Faro de Vigo

La textil Pili Carrera presenta concurso de acreedores para renegociar la deuda

La compañía, con sede en Mos, tiene "voluntad de continuar"

La compañía textil Pili Carrera, especializada en el diseño de ropa infantil, presentó esta mañana la solicitud voluntaria de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda contraída. Será el Mercantil de Pontevedra el que determine la gestión del concurso, con o sin facultades de gestión para el actual equipo de dirección.
Fuentes de la empresa han indicado a FARO su "voluntad" de continuar y de no acometer medidas de ajuste de plantilla, que supera hoy las 100 personas. Ahora la textil deberá presentar un plan de viabilidad y de pagos para satisfacer el pasivo con sus acreedores.
El pasado marzo Pili Carrera retiró un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal, pero anunció un cambio organizativo para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.

Pili Carrera solicita concurso para rebajar una deuda de 6,8 millones

Aumenta las ventas un 8% pero no logra un plan de pagos con los proveedores - Tiene "voluntad de continuar" sin reducir la plantilla

Pili Carrera no puede asumir en plazo el pago de la deuda contraída con entidades financieras y proveedores. Por eso la compañía textil, especializada en diseño, confección y comercialización de ropa infantil ha solicitado el concurso voluntario de acreedores en el Mercantil 1 de Pontevedra. Y ha optado por esta vía tras haber "intentado hacer frente a la totalidad de los compromisos de pago por diversas vías sin que ninguna haya obtenido el resultado esperado". La firma de moda soporta una deuda a corto plazo -según la memoria anual de 2017 depositada en el Registro Mercantil- de 5,2 millones de euros ( en total roza los siete millones), frente a un volumen de negocio de 7,6 millones y un patrimonio neto de 9,5. El pasado ejercicio elevó sus ventas un 8%, pero no pudo evitar unos números rojos de 177.500 euros.
Cuando el juez dicte el auto de entrada en concurso voluntario decidirá si la actual dirección mantiene las facultades de gestión, y la compañía deberá elaborar un plan de viabilidad y de pagos para satisfacer la deuda. Serán los acreedores los que deberán aprobarlo. Fuentes de la compañía indicaron su "voluntad de continuar" sin emprender medidas traumáticas de empleo; la plantilla de Pili Carrera supera los 100 trabajadores. La empresa comunicó también ayer al comité la decisión de pedir el amparo de la ley concursal. El pasado marzo llegó a presentar en la Xunta un procedimiento de regulación temporal de empleo para 85 de los 100 trabajadores, pero una semana después desistió de este proceso. No se produjeron despidos en aquel momento.
"En un entorno complejo y competitivo, se ha visto incapaz de hacer frente a las obligaciones contraídas con sus acreedores en los plazos acordados", apuntó. "Seguimos trabajando con la nueva colección y demás". Asimismo la textil quiso enviar un mensaje de compromiso y vocación de continuidad a "clientes, red de tiendas propias, socios franquiciados y establecimientos detallistas". Como apunta en su memoria anual, Pili Carrera se deshizo en primavera de un local en la Calle Real de A Coruña, propiedad de Dafreixa SL, sociedad a través de la que la familia controla la textil. De los 574.000 euros que ingresó destinó más de 284.000 a la cancelación parcial y anticipada de deudas bancarias a largo plazo. En abril inició negociaciones con la banca con el objetivo de sellar una línea de crédito para poder pagar deudas. A la vista de la actual situación, no tuvo éxito. Solo con proveedores el pasivo en balance asciende a 2,3 millones de euros. El 2 de agosto de 2017 recibió un préstamo a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), por importe de medio millón de euros, según la web de la Xunta. El objeto, "financiar circulante e inversiones".
El negocio de Pili Carrera mejoró el año pasado por el tirón de las ventas en la Unión Europea, con un alza del 21%. Pero en su principal mercado, el nacional, los ingresos se redujeron ligeramente, cerca de seis décimas. El "compromiso" de la firma de moda "pasa por continuar apostando como hasta ahora por un modelo de fabricación realizado en su centro de Mos (Pontevedra)" que, asegura, le ha permitido ser "reconocida a nivel internacional por su calidad y el diseño de sus colecciones". Entre los clientes de esta marca las hijas del rey Felipe VI, las de los monarcas de Países Bajos o los nietos del presidente norteamericano, Donald Trump.

La Voz de Galicia

La gallega Pili Carrera presenta concurso de acreedores para intentar mantenerse a flote

Acumula dos años en números rojos, una deuda por encima de los cinco millones, y se planteó un ERE

Primero, un expediente de regulación de empleo temporal para 120 trabajadores que retiró a inicios de años. Seis meses más tarde, un concurso de acreedores. La compañía gallega de moda infantil y puericultura Pili Carrera ha tenido que acogerse finalmente a esta fórmula ante las dificultades para hacer frente a las deudas con sus acreedores en los plazos acordados, según informaba la firma en un comunicado.

 Por este motivo, «en un ejercicio de responsabilidad, ha tomado la decisión de presentar concurso de acreedores», un trámite que cumplimentó este viernes ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra.

La situación económica de la empresa, fundada en 1963 y cuya única accionista es Salomé Rodríguez Carrera, se ha ido deteriorando hasta arrastrar una deuda de 5,1 millones de euros (dos millones más con bancos en el último ejercicio), con un problema de stock acumulado que ha ido creciendo en las últimas temporadas, como explica sus último informe anual. El hecho de que la producción de Pili Carrera se realice íntegramente en Galicia -a diferencia de otras firmas del textil que desvían su producción a Portugal, Marruecos o Asia-, también ha contribuido a que los costes se hayan disparado. El grupo, pese al difícil contexto en el que se encuentra, no renuncia al modelo de fabricación en su centro de Mos (Pontevedra).

Pese a los intentos, según reconoce la firma, de «hacer frente a la totalidad de los compromisos de pago por diversas vías sin que ninguna haya obtenido el resultado esperado», ha acudido al concurso con el objetivo de «acordar un plan de viabilidad y otro de pagos con los acreedores» que resuelvan la situación «para la continuidad de la compañía y de los puestos de trabajo».

Con cerca de doscientos empleados, entre el personal de fábrica y tiendas, Pili Carrera mejoró el año pasado su facturación, hasta los 7,6 millones de euros, si bien registró pérdidas por segundo ejercicio consecutivo, 107.000 euros (en el 2016 habían sido prácticamente el doble).

La empresa textil ha mostrado su compromiso con sus clientes, red de tiendas propias, socios franquiciados y establecimientos detallistas tanto en España como en el extranjero, en un contexto donde el prestigio y la calidad de sus creaciones le ha permitido hacerse con una cartera de clientes ilustres al vestir a las hijas del rey de Holanda, a nietos del presidente Trump, a los hijos del actual presidente de Colombia, o a la princesa e infanta españolas, con lo que el reconocimiento nacional e internacional está fuera de toda duda.

La delicada situación a la que se ha visto abocada la marca gallega contrasta, sin embargo, con la pujanza de años atrás. Entonces, llevó a cabo una ampliación de capital por valor de 1,24 millones de euros para continuar creciendo sobre todo en el extranjero. En la actualidad, suma más de 800 puntos de venta multimarca en todo el mundo y es una de las cadenas de moda infantil más prestigiosas a nivel mundial.

El Pais

Pili Carrera, la firma gallega de moda infantil, solicita el concurso de acreedores

La marca se había convertido en una de las favoritas de varias casas reales europeas en estos últimos años

La firma de moda infantil gallega Pili Carrera ha presentado este viernes en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra concurso de acreedores ante la imposibilidad de "hacer frente a las obligaciones contraídas con sus acreedores en los plazos acordados" en un "entorno complejo y competitivo", según ha informado la agencia de noticias Europa Press. Estos últimos años, la marca se había convertido en una de las favoritas de varias casas reales europeas: los príncipes de Suecia, los de Dinamarca y los reyes de España han sido varios de sus clientes más fieles.

La firma ha enviado este viernes un comunicado en el que explica que ha tomado la decisión por "responsabilidad" después de haber intentado en los últimos meses "hacer frente a la totalidad de los compromisos de pago por diversas vías, sin que ninguna haya obtenido el resultado esperado". Aunque Pili Carrera estaba presente en al menos 14 países y puntos de venta tan prestigiosos como los almacenes neoyorquinos Neiman Marcus, el proyecto continuaba gestándose desde Pontevedra, donde Pilar Carrera fundó la marca hace medio siglo. Su hija Salomé Carrera era la actual directora de la compañía.
En el comunicado, la firma dice que la situación que se plantea a corto plazo es acordar un plan de viabilidad y un plan de pagos con los acreedores; un acuerdo que confía en que "sea la solución para la continuidad de la compañía y de los puestos de trabajo". Pili Carrera también expresa en el texto su compromiso con sus clientes, red de tiendas propias, socios franquiciados y establecimientos detallistas tanto en España como en el extranjero: "Este compromiso pasa por continuar apostando como hasta ahora por un modelo de fabricación realizado en su centro de Mos [Pontevedra]".

La ceremonia de entronización de los reyes de Holanda el 30 de abril de 2013 se interpretó como un punto de inflexión en la historia de la firma, ya que la reina Máxima eligió varios diseños de la compañía gallega y llamó a la firma para encargarlos. Pili Carrera se los proporcionó sin saber que serían expuestos a una audiencia mundial. Los vestidos de la compañía rondan los 80 euros, aunque hay modelos, como los que llevaron las princesa holandesas en la entronización, que superan los 170.
La firma tiene unos 800 puntos de venta a través de superficies multimarca y más de 50 tiendas (propias y franquicias) repartidas entre Kuwait, Perú, Rusia, Estados Unidos y otros 10 países más. Todos sus productos se fabrican en la sede que la compañía tienen en Mos, donde trabajan alrededor de 100 personas. Allí también se centralizan las tareas de diseño, desempeñadas por un equipo de varios creativos

 

Atlantico

Pili Carrera presenta el concurso de acreedores para ordenar su deuda

La firma de moda infantil plantea un plan de viabilidad al "ser incapaz de hacer frente a las obligaciones con los acreedores". Con 104 empleados, opera en 300 puntos de venta en 14 países, y factura 7,6 millones

La firma de moda infantil viguesa Pili Carrera presentó ayer en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra concurso de acreedores al ser "incapaz de hacer frente a las obligaciones contraídas con sus acreedores", según informó a través de un comunicado. La empresa, con sede en Mos, señala que "en un ejercicio de responsabilidad" ha tomado esta decisión con la confianza de que "sea la solución para la continuidad de la compañía y de los puestos de trabajo".
"En los últimos meses la firma ha intentado hacer frente a la totalidad de los compromisos de pago por diversas vías sin que ninguna haya obtenido el resultado esperado", señala este comunicado. "Ante esto, la situación que se plantea a corto plazo es acordar un plan de viabilidad y un plan de pagos con los acreedores", señala el documento remitido.
La firma de moda infantil ya había tomado medidas para corregir la situación de la empresa en marzo, cuando anunció un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aunque lo retiró a los pocos días por la escasa aceptación en la empresa.
La principal seña de identidad de Pili Carrera es que la producción de la ropa se realiza íntegramente en su taller de Mos en vez de externalizar el trabajo a otros países (Portugal o Marruecos )como es habitual en el sector textil.
Pili Carrera opera en 14 países con una amplia red de tiendas monomarca en España, Colombia, EE UU, Arabia Saudí o México. Sus colecciones se pueden encontrar en más de 300 puntos de venta en todo el mundo.
La firma viguesa comunicó el 5 de septiembre de este año al Registro Mercantil de la provincia la declaración de unipersonalidad de la sociedad limitada. La socia única de la empresa es Salomé Carrera, hija de los fundadores (Pilar Rodríguez y Bienvenido Carrera).
Según el informe mercantil de la firma Axesor, Pili Carrera cerró 2017, último ejercicio disponible, con una facturación de 7,6 millones de euros, un 7,9% más que el año anterior. El resultado del ejercicio fue negativo, con un rojo de 177.494 euros. La compañía contaba en 2017 con 104 empleados.
Axesor, que ayuda a las empresas a medir riesgos financieros,  señala en su informe que "se aconseja no realizar operaciones con esta entidad" porque "ha sido detectado un comportamiento en pagos irregular". De hecho, la firma aconsejaba en febrero de 2018 un crédito comercial de hasta 60.000 euros que en mayo redujo a 0 euros.
Respecto a las deudas de la empresa, el informe de Axesor señala que el pasivo no corriente, deudas a largo plazo, es de 1,64 millones de euros y el pasivo no corriente, deuda a corto plazo y circulante, de 5,19 millones de euros. Este último se incrementó en un año un 54%. Con esta situación, la empresa presentó en 2017 un ratio de liquidez de 0,02, cuando se aconseja que se aproxime a 1,5.
Para hacer frente a la situación económica de la empresa, en 2016 los socios realizaron una ampliación de capital de 1,24 millones de euros, que elevaron el activo de la empresa hasta los 16,3 millones de euros. La empresa recibió en 2017 una ayuda del Igape de 7.000 euros para inversiones productivas en Galicia.

Faro de Vigo

Un fondo buitre compra la mayor granitera viguesa y pone en guardia a todo el sector

La firma británica Bybrook toma el control de Levantina, ahogada por una deuda de 130 millones de euros - Posee una planta de elaborado y más de 170 empleados en Porriño

La mayor granitera de la comarca de Vigo -y de Galicia- ha vuelto a cambiar de manos. El fondo buitre británico Bybrook Capital LLP, especialista en la compra de compañías en dificultades con el objetivo de revenderlas para obtener rentabilidad, ha tomado el control del grupo alicantino Levantina, propietario desde 2006 de la antigua Graninter, con una planta de elaborado y más de 150 trabajadores directos en Porriño. En concreto, Bybrook se ha quedado con la participación que tenían el banco francés BNP Paribas y la firma de inversión M&G Prudential, haciéndose con las riendas de la mayor empresa de piedra natural del mundo. La operación, que lleva meses fraguándose, preocupa a la plantilla de Porriño y a los sindicatos por los efectos que pueda tener en la planta, que factura unos 30 millones de euros al año y que es una de las cabezas tractoras de la industria granitera gallega.
Levantina encabeza desde hace años el ranking gallego y nacional de industrias graniteras, junto a empresas como Grupimar, Eurobandas, Granisa, Euro-Roca, Pavestone, EuroCKP, Cupa Stone y Granitos Cabaleiro, entre otras. La antigua Graninter -fue adquirida por Levantina en 2006- tiene su principal planta de corte y elaborado en el polígono de As Gándaras, donde cuenta con ocho telares (el sistema de corte tradicional en las plantas de procesado desde hace más de treinta años) y tres nuevas máquinas multihilo, y emplea, según fuentes sindicales, a unos 170 trabajadores directos. El grupo tiene otra planta de granito en Brasil (en Vitoria, en el estado de Espírito Santo), con capacidad para un millón de metros cuadrados al año (la de Porriño alcanza los 300.000). 

La entrada de un hedge fund o fondo buitre como Bybrook preocupa y mucho a los empleados de Porriño y a los sindicatos, que dudan del compromiso inversor de esta sociedad fundada en 2013 por Robert J. Dafforn en la hoy por hoy mayor empresa de piedra natural del mundo para revertir su situación y asegurar el futuro. Levantina logró un Ebitda de unos 15 millones de euros el año pasado pero tiene una deuda de 130 millones que la coloca en una delicada situación financiera, según fuentes del sector consultadas por este periódico. La unidad de Porriño factura al año una media de 30 millones de euros, mientras que la de Brasil alcanza los 50 millones.
Según la agencia Bloomberg, Bybrook maneja una cartera de 1.400 millones de dólares en activos bajo gestión. Fuentes del sector consultadas aseguran que compró las participaciones de BNP Paribas y M&G Prudential "regaladas" y temen que busca una rentabilidad a corto plazo, lo que podría implicar una venta desagregada de las unidades de negocio. El Grupo Levantina está formado por catorce sociedades mercantiles y cuenta con el mayor yacimiento del mundo de mármol Crema Marfil. Posee 7 fábricas y 20 almacenes de distribución propios.

La Voz de Galicia

El capital buitre sobrevuela Vulcano, preparado ante una posible liquidación

Varios meses de retraso en el ferri para Transmediterránea penalizan aún más al astillero, que se encamina a la quiebra

La salvación de Factorías Vulcano sería su venta inminente, antes de que entregue el ferri que está construyendo para Transmediterránea -ahora propiedad de la naviera canaria Armas-, porque después, sin pedidos en cartera y sin poder contratar nuevos buques porque los bancos no financian el riesgo, lo que está por venir se parece a la nada más absoluta.

Hay compradores para las amplias instalaciones de Teis, al pie de la ría de Vigo. Pero nadie quiere quedarse con el astillero ahora que todavía está vivo. Todos los interesados que acuden a verlo, y a hablar con la dirección, lo hacen para conocer su estado y pujar por él cuando llegue el momento de la liquidación, libre de deudas y de 87 trabajadores (30, mayores de 55 años).

Ese escenario que supondría la desaparición del astillero y que nadie quiere, está ya sobre la mesa de la Administración gallega y de los sindicatos. Está cada vez más cerca.

Los retrasos en la entrega del ferri de Transmediterránea, que debería estar dando ya servicio este mes a la naviera, agravan la situación financiera del astillero, porque la demora en la fecha de entrega acordada conlleva penalizaciones, además del perjuicio que supone para la armadora quedarse sin el buque con el que contaba para la actual campaña turística.

Todo esto lo cuentan fuentes directamente inmersas en buscar un futuro para Vulcano que no sea la declaración de quiebra, y que ven la batalla ya perdida.

Ante las dificultades para vender la compañía o para firmar un nuevo pedido, quedaba un último cartucho por quemar: que alguno de los astilleros gallegos que rebosan carga de trabajo accediera a subcontratar a Vulcano y garantizara así su actividad. Pero nadie está por la labor. No es por falta de generosidad.

«El problema es que el sector empieza a levantar cabeza a duras penas y nadie en su sano juicio está dispuesto a arriesgarse a subcontratar a un astillero que incumple plazos», dicen fuentes administrativas que, a estas alturas, comparan el futuro de Vulcano con el de Factoría Naval de Marín, adquirido por Nodosa en el proceso de liquidación.

Estas fuentes apuntan a que la declaración de concurso de acreedores es ya solo cuestión de semanas. La fecha que se maneja es después del verano, una vez que Transmediterránea se haya llevado el ferri. «Será entonces, cuando se conozca la tesorería real de Vulcano. Si la situación es la que se sospecha, se solicitaría directamente un concurso de liquidación», avanzan.

No es la primera vez que Vulcano tiene un pie en el más allá, pero esta vez parece que la desaparición está más cerca.

Vulcano sobrevivió a un concurso de acreedores en el 2010. La declaración de quiebra llegó con una deuda de 195 millones de euros. En aquel momento tuvo suerte.

Errores del pasado

La sociedad mixta Pymar, formada por varios ministerios, comunidades autónomas y los astilleros privados españoles, aceptó una quita del 80 % de la deuda, es decir, algo más de 48 millones.

Antes del conseguir el ferri de Transmediterránea, Vulcano estuvo casi cinco años inactivo y encadenó 13 ERE. Además, fue condenado por la Audiencia Provincial de Oviedo, en julio del 2015, a pagar 25 millones por la quiebra de su filial en Asturias, Astilleros Juliana, hoy propiedad de Armón. Debe aún 20 millones.

 

La Voz de Galicia

El cierre de Transportes Souto se precipitó tras el rechazo de un fondo a invertir

El fondo se había mostrado dispuesto a inyectar dos millones de euros en la compañía, pero finalmente se echaron atrás después de comprobar el estado financiero de la empresa

Las dificultades económicas de Transportes Souto no eran nuevas, aunque ni trabajadores ni clientes esperaban el fulminante cese de actividad anunciado la pasada semana por la mayor empresa gallega del sector. Fuentes cercanas a la compañía explican que el cierre se anunció apenas 24 horas después de saber que un fondo de inversión interesado en entrar en el accionariado, con el que llevaban meses negociando, rompía todos los puentes y daba un no rotundo por respuesta definitiva.

Las mismas fuentes indican que el citado fondo (cuya identidad no ha trascendido) se había mostrado dispuesto a inyectar dos millones de euros en la compañía, pero finalmente se echaron atrás después de comprobar el estado financiero de la empresa, cuya deuda total se estima en unos 40 millones de euros.

Transportes Souto había contado hasta ahora con el apoyo tanto de los bancos, con Abanca y el Pastor a la cabeza, como de la Xunta, a través de Xes Galicia. Cuando empezaron a verse asfixiados porque no llegaban a fin de mes, con los primeros llegó a un acuerdo el pasado verano para abonar solo los intereses, pero retrasar la devolución del principal. También aceptaron una rebaja en el porcentaje de los tipos.

Algunas fuentes aseguran que buscaron financiación adicional en entidades que aplican «intereses brutales» en un intento de parchear la situación hasta la entrada del fondo que finalmente no se produjo.

Mientras, los sindicatos entregaron en Inspección de Trabajo documentación que, afirman, avala su denuncia de que Transportes Souto está incurriendo en alzamiento de bienes.

Pese a que la dirección remitió una carta a la plantilla en la que los eximía de ir a trabajar, «imputándose a vacaciones este período», los empleados de la sede central de Mos (Pontevedra) siguen acudiendo al centro para garantizar que no se mueve maquinaria ni mercancía.

 

Atlantico

Los trabajadores de Transportes Souto empezaron con problemas hace un año

Los sindicatos presentaron ante Trabajo un centenar de documentos para acreditar el presunto alzamiento de bienes

La empresa de Mos Transportes Souto comenzó su caída por el precipicio hace un año, cuando comenzó a tener problemas para pagar a sus empleados. Según explican fuentes sindicales, desde hace un año los trabajadores comenzaron a sufrir retrasos a la hora de ingresar sus nóminas, aunque el punto crítico se vivió en diciembre, cuando no cobraron ni su salario ni la paga extra.
La amenaza de movilizaciones llevó a la empresa a sentarse a negociar y pagar semanas después la cantidad adeudada. La situación se repitió el pasado mes de enero, pero ya no lograron un encuentro con la compañía. Los trabajadores de Vigo cobraron en los últimos días la nómina de febrero y más recientemente también los de A Coruña, aunque se ignora la situación del resto del grupo.
Fuentes de CC OO señalan que la Inspección de Trabajo les comunicará hoy a los sindicatos si investigarán a Transportes Souto por un presunto delito de alzamiento de bienes. Los trabajadores presentaron un centenar de documentos con los que pretenden acreditar que la empresa planificó con antelación el cese de la actividad y que estarían desviando recursos propios, como gabarras, a otra empresa, Logixtalia, con vínculos familiares.
Los sindicatos explican que han reiterado a la Inspección su intención de que se convoque un encuentro con la empresa. Para ello comunicaron al jefe el abogado designado para mediar entre la sociedad y los trabajadores. Transportes Souto mantiene una relación laboral con 600 personas aunque entre autónomos y pymes el número de afectados asciende a 1.500.
Los sindicatos han transmitido a los trabajadores que no acepten ofertas de trabajo de Logixtalia porque perderían la antigüedad así como las posibles cantidades que queden adeudadas por parte de la empresa y a pagar por el Fogasa. El 28 de febrero y el 5 y 8 de marzo se manifestarán ante PSA Vigo para exigir responsabilidades.
El miércoles pasado, Transportes Souto comunicó que cesaba su actividad, lo que motivó la creación de una plataforma de afectados a nivel estatal que no descartan ningún tipo de actuación judicial.
La empresa tuvo pérdidas en 2012 (-1,8 millones), 2014 (-6,02 millones) y 2016 (-695.802 euros) lo que ha supuesto que su patrimonio neto haya caído de los 11,17 millones en 2012 a los 3,6 millones en 2016. Su pasivo no corriente, correspondiente a las deudas a largo plazo, se redujo de 44 millones en 2013 a 19 millones en 2016 y su pasivo corriente, deudas a corto plazo, se mantuvo en los 41 millones.

La Xunta le concedió un crédito y está "abierta a colaborar"

 La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Economía, comunicó ayer a este diario que "defiende la vía del díalogo como la mejor fórmula para evitar el menor impacto posible" y destacó que se muestra "abierta a colaborar".
Esta consellería está plenamente implicada en el caso de Transportes Souto porque en 2017, cuando la empresa activó un plan de refinanciación, le concedió un crédito de 2 millones a través del Fondo Emprende que gestiona Xesgalicia, sociedad de capital riesgo.
Los recursos del Fondo Emprende va destinado a proyectos promovidos por nuevos emprendedores o empresas que acometan actividades novedades o usen nuevas tecnologías. Este plan de negocio a cinco años incluía ventajas fiscales en las líneas de crédito de varias entidades fiscales pero recogía como punto fundamental que los socios aportaran capital a la empresa por una vía diferente a la del endeudamiento.

Faro de Vigo

Empresas viguesas apuran la retirada de sus mercancías de la red de almacenes de Souto

Varios proveedores dejaron de trabajar con el grupo hace un año

 Transportes Souto está oficialmente en preconcurso de acreedores. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaron ayer a FARO que el mayor transportista del sector del automóvil entregó la solicitud de preconcurso en el juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra, que le ha dado trámite pese a la huelga de funcionarios. Mientras, clientes históricos del grupo gallego están recuperando mercancías que Souto tenía almacenadas en sus más de cuarenta delegaciones en la Península, entre ellos importantes compañías metalúrgicas y de otros sectores, como es el caso de Poligal.
Los sindicatos siguen adelante por su parte con su denuncia ante la Inspección de Trabajo por supuesto alzamiento de bienes ante las sospechas de que Souto está desviando vehículos y personal a otras empresas vinculadas a la propiedad de la compañía, como Logixtalia. Ayer mismo, responsables de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO en Vigo entregaron documentación a la autoridad laboral para argumentar su acusación. Comité de empresa (3 de CC OO y 2 de UGT) y sindicatos siguen pendientes de que la dirección les convoque a una reunión para explicarles sus planes de futuro. Según la última comunicación mantenida entre ambas partes, Souto quiere aplicar un expediente de regulación de empleo extintivo, sin concretar afectados. El grupo emplea a más de 1.500 personas entre personal propio, pymes y autónomos. El sábado está convocada una asamblea en Porriño para los transportistas afectados por el cese de actividad, organizada por Apetamcor.

Faro de Vigo

Souto evitó el concurso en 2017 gracias a un crédito de 2 millones de XesGalicia

El grupo vacía almacenes y comunica a la plantilla en Mos que no acuda a trabajar con cargo a sus vacaciones - CC OO y UGT instan a Gefco a que asuma responsabilidades

La crisis de Transportes Souto viene de lejos. La compañía, el mayor transportista de la industria de automoción en Galicia, ya había evitado por los pelos la entrada en concurso de acreedores el año pasado gracias a un crédito de 2 millones de euros de XesGalicia. Pero su elevado endeudamiento y la pérdida de confianza por parte de los bancos y clientes hizo que la situación volviera insostenible y el pasado miércoles suspendió operaciones, como avanzó este diario. El consorcio, que da empleo a más de 1.500 personas entre personal propio, de pymes y autónomos, ya ha vaciado almacenes y comunicado por e-mail a sus empleados que no acudan a sus puestos de trabajo a cargo de días de vacaciones, a la espera de que comiencen las negociaciones con los sindicatos.
El grupo estaría en preconcurso de acreedores desde el pasado viernes, pero sus problemas de financiación se remontan años atrás, según señalaron fuentes sindicales. Souto experimentó una fuerte expansión en la última década, que derivó en una abultada deuda que roza los 70 millones de euros. Esta situación a punto estuvo de forzar su suspensión de pagos ya el año pasado, pero la inyección de un crédito de 2 millones de euros por parte de XesGalicia le permitió mantener sus operaciones. Al menos hasta la semana pasada. 

Fuentes consultadas explicaron que Souto no ha sido capaz de trazar un plan de negocio que convenza a bancos y clientes, pese a tratarse de un gigante logístico (opera 356 vehículos de ruta y 725 unidades de reparto) con 120.000 m2 de instalaciones por toda España y Portugal, y que tiene al Grupo PSA, a través de Gefco, como gran cliente. Precisamente ese fuerte vínculo con PSA y la automoción es el que quieren explotar los sindicatos, que aspiran a que los empleos que pueda perder Souto sean subrogados a otras compañías del sector que presten servicios a la factoría viguesa y a sus proveedores.
CC OO presentó este lunes una denuncia ante la Inspección de Trabajo por supuesto alzamiento de bienes, al detectar el desvío de gabarras y personal de Souto a una compañía vinculada a los propietarios del grupo pero con sede en Madrid, Logixtalia, como recogió ayer este periódico.
Este sindicato, mayoritario en el comité (tiene tres delegados, y UGT, dos), acusa la dirección de la compañía de "ocultismo" y de "no dar la cara" ante el personal. De hecho, empresa y sindicatos no han vuelto a reunirse, pese a que Souto ha nombrado interlocutor a un bufete de abogados. Ayer, los trabajadores mantuvieron un encuentro con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, quien les ofreció su colaboración.

Atlantico

Transportes Souto cesa su actividad y prepara el concurso

PSA y Gefco buscan una solución conjunta ante la repentina decisión de la compañía

La compañía viguesa Transportes Martínez Souto suspendió la semana pasada su actividad, poniendo en una severa situación al sector de la automoción. Souto es partner de Gefco, operador logístico del Grupo PSA. Ambas compañías estudian ya una solución si bien de momento no ha afectado al suministro ni actividad de la factoría viguesa, confirma un portavoz de PSA Vigo.
Según explican desde la federación de transporte de CC OO, se ha presentado una denuncia ante la inspección de trabajo y se ha solicitado una reunión urgente entre la empresa, comité y los sindicatos CC OO y UGT. La empresa comunicó el viernes que presentaría preconcurso de acreedores y los sindicatos temen que la situación derive en un expediente de regulación de empleo (ERE).
Desde el sindicato explican que la empresa adeudaba nóminas a sus trabajadores, unos 600, desde hacía varios meses, si bien la presión sindical logró que se abonasen las de Vigo. La pasada semana la dirección comunicó a sus trabajadores que no acudiesen a su puesto y avisó a las empresas con las que opera que cesaba la actividad.
Transportes Souto acumula un lustro de pérdidas, según los datos financieros a los que ha tenido acceso este diario. Tuvo pérdidas en 2016 de 695.802 euros y en 2014 de 6 millones, así como en 2012, de 1,8 millones. Su patrimonio neto ha caído de los 11 millones en 2012  a los 3,6 millones en 2016, último ejercicio del que ha presentado cuentas consolidadas.
El 15 de febrero la agencia de rating Axesor puso puntuación negativa al scoring por detectar "un comportamiento en pagos irregular, no atendido puntualmente al pago de todas sus obligaciones". Califica la probabilidad de nivel de impago como "muy alta".
La empresa ha tenido también varios encuentros con las administraciones públicas, según la información de Axesor. La agencia tributaria realizó en enero del 2017 un embargo por valor de 997.430 euros tras un incumplimiento de la empresa a finales de 2016 de 1,87 millones.
En sus cuentas anuales de 2016, auditadas favorablemente, incluye un punto por el cual señala que llevará a cabo un plan global para la "simplificación del grupo empresarial" a fin de presentar "mayor capitalización de la entidad". El plan incluye la obligación de ejecutar "un plan de desivenrsión" para generar liquidez y la necesidad de que los socios aportaran liquidez en el proceso de reestructuración financiero.

Faro de Vigo

Una docena de vigueses piden el concurso asediados por las deudas y microcréditos

Durante el proceso concursal se paralizan las ejecuciones contra el deudor y un administrador pasa a controlar sus cuentas y elabora un plan de viabilidad

No solo las sociedades mercantiles pueden acogerse a un concurso de acreedores para intentar salvar las deudas contraídas. Las personas físicas cuentan con un procedimiento similar para hacer frente a las reclamaciones monetarias de sus acreedores. Los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad registraron durante el año pasado y los primeros meses de éste una docena de concursos voluntarios presentados por vigueses que se vieron asediados por las deudas. En total son 13 las personas que en los últimos meses se decantaron por esta fórmula de refinanciación para poder asumir sus pagos.
A diferencia de lo que sucede en los procesos concursales de negocios o empresarios, los acreedores no son habitualmente bancos o instituciones públicas, sino empresas de crédito que reclaman altas comisiones a las que el deudor no puede hacer frente. El perfil del solicitante -siempre son voluntarios y a instancia de la persona endeudada- suele responder a personas con pocos bienes pero sí con un pasivo considerable. Vigueses con varias hipotecas o las responsabilidades por ejercer de aval son otras de las razones que llevaron a la quiebra a varios de estos solicitantes.
Una vez la persona física es declarada en concurso, un administrador pasa a controlar sus cuentas y elabora una propuesta de viabilidad a tenor de sus ingresos y activos. Este plan se hace público en una junta de acreedores en la que se busca una rebaja o quita sobre la deuda acumulada. Fuentes judiciales destacan que uno de los beneficios que supone este proceso para el solicitante consiste en que mientras dure el concurso las ejecuciones contra el deudor quedan paralizadas. "Muchos solicitan el concurso con la esperanza de que la situación mejore a corte plazo ya sea porque reciban ingresos que les permitan hacer frente a estos pagos pero no de forma inmediata", sostienen profesionales de una de estas salas civiles.
¿Y si tras la junta de acreedores no se llega a un acuerdo? Esta situación ocurre en el "90%" de los casos. Esto obliga a la liquidación de los bienes o propiedades de la persona física para pagar a los reclamantes. Es en este momento cuando la función del administrador concursa es vital: sustituye casi por completo al deudor y pasa a gestionar sus cobros, sus pagos y todos sus movimientos bancarios. Antes de entrar a concurso también se puede optar por otro procedimiento: la medición ante notario.