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20 de julio de 2017

Faro de Vigo

Los pleitos contra aerolíneas siguen al alza en el Mercantil y triplican los de la SGAE

El juzgado registró entre enero y junio 90 demandas por retrasos en vuelos o daños en maletas -Hubo 16 empresas o negocios que entraron en concurso

Las demandas contra compañías aéreas por retrasos o cancelaciones de vuelos, o por otros contratiempos como maletas dañadas o perdidas, comenzaron a posicionarse hace unos años como los asuntos estrella en el Juzgado Mercantil de Vigo. Y por ahora no han perdido este protagonismo. Y es que la sala registró entre enero y junio 90 reclamaciones en materia de transporte aéreo, lo que sitúa a este tipo de casos a la cabeza, casi triplicando los de propiedad intelectual, que sumaron 35 y que en su mayor parte los presenta la SGAE contra bares, comisiones de fiestas u otros colectivos para reclamar derechos de autor.
El único juzgado vigués que lleva materia mercantil registró en el primer semestre del año 463 asuntos, de los cuales 229 fueron demandas y los restantes otro tipo de expedientes como incidentes concursales, piezas de tasación de costas, exhortos o ejecuciones. Y entre las demandas, destacan las de transporte aéreo: reclamaciones que presentan viajeros contra las más diversas compañías. Fueron 90 litigios, prácticamente el 40% del total.
Propiedad intelectual
Otra materia que tradicionalmente aporta numerosos casos a esta sala es la referida a propiedad intelectual. El ejemplo más claro son las reclamaciones que formaliza la SGAE -es la entidad de este tipo que más pleitos presenta- para exigir a cafeterías, hoteles o asociaciones de diversa índole el pago del canon por la reproducción de música protegida por los derechos de autor. En lo que va de año hubo 35 demandas. Entre éstas también hubo una presentada por otra sociedad de autores y editores, en este caso de libros, contra una copistería por la reproducción ilícita, mediante fotocopias, de libros. Los casos de este tipo que hubo hasta el momento se han resuelto con acuerdos sin necesidad de llegar a juicio.
Otro tipo de pleito que dio lugar a otras 35 demandas son las reclamaciones patrimoniales contra administradores de empresas que se declararon insolventes. Y en relación con los concursos de acreedores, que en los años más duros de la crisis centraban gran parte de la actividad en el juzgado, llegándose a alcanzar cifras de verdadero récord, fueron un total de 16 los procesos de estas características contabilizados por el tribunal. Una de los casos más importantes que se registraron en este período fue el de la firma textil deportiva Naffta Sport, que tiene su sede en la urbe olívica.

18 de julio de 2017

El Pais

Un juez declara a Isolux en concurso voluntario de acreedores

El grupo constructor y de ingeniería presentó el pasado 4 de julio el concurso, uno de los mayores de la historia empresarial española

 El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha declarado en concurso de acreedores a Isolux Corsán y seis de sus filiales, según un edicto publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los acreedores del grupo tendrán un mes, a contar a partir del miércoles, para informar al administrador concursal de los créditos que tienen con la compañía.

Los deudores conservarán las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio. El consejo de administración de Isolux Corsán aprobó el pasado 4 de julio solicitar el concurso de acreedores para el grupo y seis de sus filiales después de dos años tratando de superar sus dificultades financieras y, en último término, tras no lograr un inversor que entrara en su capital y lo rescatara.
El presidente de la firma de construcción e ingeniería, Nemesio Fernández-Cuesta, y los seis miembros restantes de su consejo presentaron en bloque su dimisión con el fin de "facilitar la gestión de la nueva etapa".
El concurso de Isolux es el mayor de una compañía de construcción de los últimos años y de los de más dimensión de la historia empresarial española junto con los de Martinsa Fadesa, Abengoa, Nueva Rumasa, Pescanova o Reyal Urbis.
Isolux recurrió al concurso tras dos años tratando de superar sus tensiones de liquidez y financieras y al no poder acometer una segunda reestructuración de su deuda apenas un año después de que en julio de 2016 fuera rescatada por sus bancos acreedores, que desde entonces controlan la compañía.
El grupo, en preconcurso desde el pasado mes de abril, buscó en los últimos meses un socio que entrara en su capital, inyectara fondos y lo reflotase, pero no tuvo tiempo para conseguirlo. No obstante, en la última reunión del consejo, celebrada a principios de julio, se anunció que en los últimos días se habían recibido seis ofertas presentadas por distintos inversores interesados sobre distintos negocios de la división de construcción e ingeniería de la empresa.
Se trataba de propuestas que se comprometían a subrogar no solo a los trabajadores vinculados a los proyectos, sino también a otros de otras áreas. "Corresponde a los nuevos administradores, al administrador concursal y al juez, enjuiciar, valorar y, en su caso, aprobar alguna de estas propuestas recibidas que den continuidad a la labor empresarial y a los trabajos de este consejo de administración", declaró entonces la compañía.
Isolux se declara en quiebra con un agujero de unos 801,9 millones de euros y una plantilla, tras el ERE pactado el pasado año, de 3.884 trabajadores. De ellos, los empleados de las firmas que han solicitado el concurso son 1.992 empleados. De estos, 1.104 están en España.
A pesar del rescate y la reestructuración de deuda del pasado año, la compañía soportaba al cierre de abril una deuda de 1.270 millones de euros. De estos, 557 millones estaban ligados a proyectos.
El grupo tiene una deuda de 405 millones con proveedores, pero, según asegura, está al día en el pago de las nóminas y el resto de obligaciones con los trabajadores (Seguridad Social e IRP

 

10 de julio de 2017

Faro de Vigo

Las disoluciones de empresas aumentan el 21% en el semestre

Las disoluciones empresariales, actos que dan inicio al proceso de liquidación y posterior extinción de una sociedad, aumentaron en España hasta junio el 21,06 % respecto al primer semestre de 2016, consecuencia del repunte experimentado por el sector del comercio y de la construcción desde enero.