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17 de diciembre de 2015

Cinco Dias

El sector naval derrota a Bruselas en el 'tax lease'

Fin de una etapa en Bruselas que ha perjudicado la rentabilidad de los astiilleros privados de España. El Tribunal de la UE ha anulado la resolución que obligaba a los constructores a devolver las ayudas concedidas al sector naval en virtud de su sistema de financiación a la construcción de buques, conocido como tax lease.


La demanda fue aceptada por la Comisaría de la Competencia en la etapa en la que Joaquín Almunia estaba al frente de este departa.mento. La industria nacional siempre denunció la gestión que hizo Almunia de este conflicto, que vació de trabajo las gradas de los astilleros españoles y llenó de pedidos a sus competidores holandeses. Hoy, los jueces han considerado que Bruselas "erró al declarar que existía una ayuda estatal" y que no ha podido demostrar que que "las medidas controvertidas podían falsear la competencia".

La sentencia puede ser recurrida, pero supone ya una victoria importante para el sector naval. El veredicto se refiere sólo al recurso presentado por España y algunos astilleros, pero hay otros recursos pendientes planteados por más de 40 inversores (entre ellos, los principales bancos españoles) afectados por la exigencia de la devolución de ayudas . Fuentes juridicas estiaman que el fallo de hoy augura la victoria de todos esos recursos.

El dictamen de Almunia llegó tras cinco años de quejas por parte de competidores que acusaban a los astilleros españoles de atraer carga de trabajo gracias a un régimen fiscal ventajoso. El sistema español de arrendamiento fiscal permitía que las navieras adquirieran los buques con descuentos de entre un 20% y un 30% gracias a las deducciones ofrecidas por Hacienda a los inversores (bancos, sobre todo) que prefinanciaban la construcción.

La lenta investigación de la Comisión concluyó que el sistema otorgaba una ventaja selectiva a esos inversores y exigió, por ello, que devolvieran la ayuda recibida. La recuperación no afectaba directamente a los astilleros, pero al declarar ilegal el régimen fiscal frenaba esa vía de financiación.

El gobierno español y algunos astilleros e inversoses recurrieron y de momento han ganado la partida a Bruselas. El daño reputacional, sin embargo, ya es inevitable.

Mes negro

La sentencia de hoy corona un mes negro para la dierección general de Competencia, que en pocas semanas ha visto desarmados casos de gran relevancia. Ayer mismo, el Tribunal de la UE anuló las sanción de 790 millones de euros a las compañías aéreas acusadas de formal un cártel en el transporte de mercancías. Unos días antes, la propia Comisión abandonaba una investigación de más de cinco años sobre un presunto cártel en el sector bancario, en el que acusaba a las entidades financieras más grandes del mundo de haber manipulado el mercado de derivados.

La sentencia de hoy sobre el sector naval español augura, además, dificultades para la Comisión Europea en sus polémicos casos sobre las presuntas ayudas fiscales en Irlanda, Holanda o Luxemburgo. Bruselas acusa a esos países de haber concedido beneficios a multinacionales como Apple, Starbucks, McDonalds o Amazon. Los abogaods especializados en Competencia consideran que será muy difícil demostrar que esas ventajas fiscales constituyen una ayudad de estado ilegal.

El Pais

La justicia europea da la razón a España por las ayudas a los astilleros


El Tribunal de Luxemburgo estima que la Comisión Europea erró en calificar como ilegales las ayudas privadas al sector naval, conocidas como 'tax leasing'

2013: La UE hace zozobrar a los astilleros
Un sector en decadencia, el de la construcción de navíos en España, ha recibido este jueves una buena noticia. El Tribunal de Luxemburgo ha fallado a su favor al considerar que no son ilegales las ayudas de financiamiento del sector de los astilleros por parte de entidades privadas —ventajas fiscales que se denominaron tax lease— tal y como consideró en 2013 el comisario de Competencia de entonces, Joaquín Almunia. La justicia europea libra así a España de devolver ayudas multimillonarias.


El comisario socialista exigió hace dos años la devolución de estas ayudas por parte de las entidades emisoras —entre las que estaba desde grandes multinacionales hasta bancos como el Popular o el Santander— que ascendía a un total de 2.800 millones de euros. Además, según esta ingeniería fiscal, se permitía a las empresas navieras adquirir los buques cofinanciados con entre un 20% y un 30% de descuento, según explica la sentencia. "Estamos encantados", aseguran fuentes de los astilleros que quieren resaltar la "unidad" de todas las regiones afectadas (Galicia, País Vasco y Asturias) en la presión ejercida contra Bruselas.

La ira del sector se desató en grandes huelgas y protestas, sobre todo en los astilleros gallegos, pues los trabajadores creían que la carga de toda la multa por las ayudas recibidas entre 2007 y 2011 recaería finalmente en ellos. Incluso la Comisión sugirió remontarse a 2005 para computar todas las ayudas supuestamente selectivas al sector. No ha sido así. Luxemburgo ha ordenado anular la decisión de la Comisión, pero Bruselas aún tiene dos meses para interponer un recurso de casación, según el Tribunal.

Por otra parte, el Tribunal General estima que no está "suficientemente motivada" la conclusión de Bruselas según la cual las medidas controvertidas (tax leasing) podían falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Es decir, que pudieran ser incompatibles con el mercado único en la UE. Según establece la sentencia la competencia no fue atacada puesto que "cualquier operador podía beneficiarse de las ventajas fiscales de que se trata efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinción podía realizar en idénticas condiciones".

PYMAR —la sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles— estudiará ahora "todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español", según un comunicado emitido esta mañana. "Ha quedado probado ante la justicia europea que todo lo que hicimos desde España con el antiguo sistema de tax lease [hoy en día existe otro cuyo primer usuario fue la Mutua Madrileña] era totalmente legal y ajustado a derecho", ha resaltado la consejera delegada de PYMAR, Almudena López del Pozo.

El papel de Holanda

El Gobierno holandés denunció hace años la posición dominante gracias a ayudas al sector de la construcción de barcos en España, especialmente los de una dimensión mediana que están relacionados con las plantas petrolíferas y lo comunicó a la UE. La comisaria de Competencia de aquel entonces, Neelie Kroes, también holandesa, estimó finalmente que no había ayudas ilegales, según explican por teléfono fuentes de astilleros. En una segunda denuncia, el sucesor de Kroes, el español Joaquín Almunia, decidió abrir una investigación y "el sector se paralizó", explican las mismas fuentes que aseguran que "el gran beneficiario resultó ser Holanda".

La decisión de Almunia de acusar a España de ayudas ilegales a un sector básico en regiones como Galicia, Asturias y el País Vasco significó un duro golpe a muchos trabajadores que acabaron por marchar a los Países Bajos para seguir construyendo naves. "Se llegó a pensar en la desaparición del sector", dicen representantes de astilleros privados en España. Incluso el alcalde de Vigo, Abel Caballero, inició una batalla verbal con su socio de partido (PSOE) el comisario Almunia, declarando que todo era un "engaño" encabezado por él. "Si se cree que nos vamos a callar por ser del mismo partido está muy equivocado", espetó. El Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, y las sociedades Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión recurrieron, junto a otras 60 sociedades afectadas, la decisión de Bruselas ante la justicia europea y solicitaron inmediatamente su anulación. Dos años después, la opinión de Almunia queda anulada.

Faro de Vigo

El nuevo tax lease no implica nuevos contratos para Galicia


El astillero vasco Balenciaga, con seis barcos, y el asturiano Gondán, con un buque, suman pedidos por 141 millones   El nuevo tax lease, en vigor desde enero de 2013, ha permitido ya la contratación de siete buques en astilleros españoles, aunque por el momento ninguno en Galicia. Las operaciones han sido firmadas por la factoría naval vasca Balenciaga, que ha conseguido contratar seis buques ERRV (Emergency Response Rescue Vessel) para un armador británico por valor de 83 millones de euros, y por el astillero asturiano Gondán, que acaba de cerrar un Offshore Platform Supply Vessel de 58 millones de euros para un armador noruego.


El total de operaciones suman un valor de 141 millones de euros. Los nuevos barcos se financiarán también a través del nuevo sistema de financiación de activos aplicable a buques, vigente en España desde enero de 2013 y único en Europa plenamente avalado por las autoridades comunitarias desde noviembre de 2012. A demás de las operaciones mencionadas, se están ultimando nuevos contratos por parte de otros astilleros agrupados en Pymar, según esta sociedad que agrupa a los pequeños y medianos astilleros españoles.

Una vez encauzada la polémica a raíz del expediente abierto por la Comisión Europea con el antiguo tax lease, tanto el sector naval como los inversores han abierto "un nuevo ciclo en el que prima la seguridad jurídica y la confianza en el nuevo tax lease, así como la competitividad de los astilleros privados españoles".

Faro de Vigo

Los astilleros privados reclamarán daños y perjuicios por la vía legal

Pymar exigirá reparación a los problemas causados al sector naval en términos económicos, de empleo y reputación   La patronal de astilleros privados Pymar ha aplaudido hoy la decisión del Tribunal General de la Unión Europea -que ha anulado la devolución de ayudas- y ha avanzado que estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados.


En una nota, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, señala que el naval español ha ganado la batalla del antiguo "tax lease", poco después de conocerse que la justicia europea ha anulado la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de las ayudas fiscales al sector naval español por considerarlas una ayuda estatal ilegal.

Tras esto, añaden, Pymar "estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español en términos de empleo, económicos y reputacionales, que se ocasionaron al sector de los astilleros privados".

"Ha quedado probado ante la justicia europea que todo lo que hicimos desde España con el antiguo sistema de 'tax lease' era totalmente legal y ajustado a derecho", añade Del Pozo, quien destaca que la sentencia de hoy es "fruto de una ejemplar estrategia de unidad y coordinación entre todos los agentes del sector en España y de un infatigable trabajo jurídico".

"Se actúo con cohesión frente a un tratamiento discriminatorio por parte de la Comisión y ante una sentencia arbitraria e injusta", añade.

Es hora, concluyen, de que se acabe el "trato discriminatorio" de la Comisión Europea al sector naval privado español.

En este sentido, Pymar recuerda que dos asociaciones regionales del sector, Aclunaga y Foro Marítimo Vasco, presentaron hace más de dos años una denuncia contra el sistema de 'tax lease' holandés sobre el que todavía no ha abierto procedimiento la Comisión Europea.

Faro de Vigo

España gana en el Tribunal Europeo el recurso del antiguo "tax lease"


El fallo ratifica el anuncio realizado por FARO de que la Corte de Justicia de la UE anularía la decisión de Bruselas que obligaba a los inversores a devolver las bonificaciones fiscales del período 2007-2011. "Las medidas que integran ese sistema no constituyen una ventaja selectiva", concluye la sentencia   Todo fue un mal sueño. España, sus astilleros y los inversores que apostaron por el sector tenían razón. Bruselas, no. El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido contundente: “Las medidas que integran ese sistema (el antiguo tax lease, el sistema de bonificaciones fiscales usado por los astilleros para competir en precio) no constituyen una ventaja selectiva”. El Alto Tribunal confirmó esta mañana que el viejo tax lease, considerado una ayuda de estado ilegal por la Comisión Europea (CE) en su dictamen de julio de 2013, es perfectamente legal y no constituye una ventaja selectiva, como adelantó este periódico en exclusiva a finales de noviembre.


El pasado julio se cumplieron dos años de la resolución de la CE contra el antiguo tax lease español a raíz de una denuncia de la patronal holandesa de astilleros. El ahora excomisario de Competencia y exvicepresidente de la Comisión, el español Joaquín Almunia, fue quien dio a conocer el dictamen: el reembolso de las bonificaciones obtenidas por los inversores (empresas, entidades financieras, etc.) que habían participado en las operaciones de tax lease cerradas entre 2007 y 2011, al fallar que el régimen español era una ayuda de estado incompatible con las normas comunitarias de competencia. El Estado español, que en un primer momento cifró la cantidad a devolver en unos 126 millones de euros, fue el primero en recurrir la resolución, el 25 de septiembre de 2013. Le siguieron los astilleros a través de la sociedad privada Pymar, el 30 de diciembre de ese mismo año.

El Tribunal General les ha dado al final la razón. En primer lugar, ha considerado que, al no existir ventajas económicas en favor de las AIE (agrupaciones de interés económico), es errónea la conclusión de la Comisión según la cual dichas entidades se habían beneficiado de una ayuda estatal, puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas derivadas del sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF). Según el TJUE, la Comisión también erró al declarar que existía una ventaja selectiva y, por tanto, una ayuda estatal en favor de las AIE y de los inversores. En efecto, cualquier operador podía beneficiarse de las ventajas fiscales de que se trata efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinción podía realizar en idénticas condiciones.

Las ventajas económicas que los socios de las AIE obtuvieron podía obtenerlas en idénticas condiciones cualquier operador sujeto al impuesto en España, sin distinción, a pesar de la existencia de un sistema de autorización. Por tanto, la Comisión cometió un error al considerar que los inversores habían disfrutado de una ventaja selectiva a causa de su participación en cierto tipo de operaciones al que se otorgaban ventajas, y también al considerar que el SEAF confería una ventaja selectiva a los inversores en la medida en que la administración tributaria sólo autorizaba, en virtud de una supuesta facultad discrecional, las “operaciones del SEAF destinadas a financiar buques de navegación marítima” en que aquéllos participaban. Por otra parte, el Tribunal General estima que no está suficientemente motivada la conclusión de la Comisión según la cual las medidas controvertidas podían falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

A tenor de esta sentencia, el Ministerio de Hacienda puede suspender el proceso de recuperación de las bonificaciones fiscales obtenidas por los inversores en ese periodo. La paralización de los reembolsos se mantendría incluso si Bruselas recurre el fallo ante la Corte Suprema, ya que un recurso de la Comisión no tendría efectos suspensivos ante una instancia superior como el Alto Tribunal, como avanzó FARO.

El Reino de España esgrimía dos razones básicas para anular la decisión del colegio de comisarios: que el antiguo tax lease no era selectivo, es decir, que no era exclusivo de la construcción naval, sino que se podía aplicar a otros sectores productivos; y que se habían violado los principios de igualdad de trato, confianza legítima y seguridad jurídica, fundamentales en la UE. Los astilleros, al igual que la sociedad Lico Leasing, aludieron también al carácter no selectivo del régimen de arrendamiento financiero y a los principios de confianza legítima (exponiendo la carta que la excomisaria Kroes envió en 2009 y que generó confianza legítima en los operadores) y seguridad jurídica, entre otros. Las vistas de los recursos se celebraron los pasados 9 y 10 de junio para el Estado español y los astilleros de Pymar, como adelantó FARO.

Tanto inversores como astilleros y el propio Gobierno han confiado siempre en que el TJUE atendiese a las razones presentadas y fallase a favor de los intereses españoles. Fuentes del sector no descartan exigir a Bruselas compensaciones por el bloqueo que la investigación de Competencia primero y la resolución de Bruselas después provocaron a la construcción naval española la cartera de pedidos del sector cayó a mínimos históricos y muchas factorías se vieron abocadas al cierre, que fue aprovechado precisamente por los denunciantes del tax lease, los astilleros holandeses, para llenar sus gradas. Al margen de los recursos de Gobierno y astilleros, inversores de la talla de Inditex, El Corte Inglés, Ikea o la patronal bancaria (en representación de varias entidades) también han reclamado en Luxemburgo para frenar la devolución de las bonificaciones fiscales.

Nuevo recurso

Lo más probable es que la Comisión recurra la sentencia del Tribunal General ante el Tribunal de Justicia, pero ese posible recurso no suspendería la anulación del dictamen.

El Pais

La justicia europea da la razón a España por las ayudas a los astilleros


El Tribunal de Luxemburgo estima que la Comisión Europea erró en calificar como ilegales las ayudas privadas al sector naval, conocidas como 'tax leasing'

2013: La UE hace zozobrar a los astilleros
Un sector en decadencia, el de la construcción de navíos en España, ha recibido este jueves una buena noticia. El Tribunal de Luxemburgo ha fallado a su favor al considerar que no son ilegales las ayudas de financiamiento del sector de los astilleros por parte de entidades privadas —ventajas fiscales que se denominaron tax lease— tal y como consideró en 2013 el comisario de Competencia de entonces, Joaquín Almunia. La justicia española libra así a España de devolver ayudas multimillonarias.


El comisario socialista exigió en 2013 la devolución de estas ayudas por parte de las entidades emisoras —entre las que estaba desde empresas como Inditex hasta El Corte Inglés— que ascendía a un total de 2.800 millones de euros. La ira del sector se desató en grandes huelgas y protestas, sobre todo en los astilleros gallegos, pues los trabajadores creían que la carga de toda la multa por las ayudas recibidas entre 2007 y 2011 recaería finalmente en ellos. Incluso la Comisión sugirió remontarse a 2005 para computar todas las ayudas supuestamente selectivas al sector. No ha sido así. Luxemburgo ha ordenado anular la decisión de la Comisión, pero aún cabe recurso del Gobierno de la UE, entonces liderado por José Manuel Durão Barroso.

La decisión de Almunia significó un duro golpe al sector naval, especialmente a 19 astilleros de Galicia, Asturias y País Vasco, que puso en peligro alrededor de 80.000 empleos.

Por otra parte, el Tribunal General estima que no está "suficientemente motivada" la conclusión de Bruselas según la cual las medidas controvertidas podían falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

La Voz de Galicia

La Justicia comunitaria anula la decisión de devolución de ayudas al sector naval español




Según los jueces europeos, las medidas que integran el sistema español de arrendamiento fiscal, no constituyen una ventaja selectiva   El Tribunal General de la Unión Europea ha anunciado hoy la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de las ayudas fiscales al sector naval español, que las consideró una ayuda estatal ilegal.


Según los jueces europeos, las medidas que integran el sistema español de arrendamiento fiscal, no constituyen una ventaja selectiva.

Faro de Vigo

Los astilleros, pendientes de Luxemburgo

El Tribunal de la UE falla hoy sobre los recursos del Estado y de Pymar y Lico Leasing contra el dictamen de Bruselas sobre el antiguo "tax lease"
El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará hoy sobre dos recursos de anulación contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de 2013 que exigió la devolución de las bonificaciones fiscales al sector naval español por considerarlas incompatibles con el mercado interior, como adelantó FARO. La corte comunitaria dictará dos sentencias sobre un recurso presentado por España y otro por las empresas Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros.


España reclama al Tribunal que anule la decisión porque considera que en esas bonificaciones fiscales -el antiguo tax lease- no concurre ninguno de los requisitos exigidos para ser considerados ayudas de Estado, y defiende que estas ayudas se obtenían mediante un proceso abierto a todos los inversores y que con ellos ni se falseaba ni se amenazaba con falsear la competencia. Asimismo alega que las bonificaciones se basaban en la confianza legítima, la igualdad de trato y la seguridad jurídica, por lo que aunque fueran consideradas ayudas de Estado no procedería su devolución.

Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros invocan los mismos motivos que España, y además añaden que la decisión de la CE no respeta los principios generales aplicables a la recuperación de ayudas de Estado, puesto que podría llevar a exigir a los beneficiarios la devolución de un importe mayor que la supuesta ayuda efectivamente disfrutada por éstos.

El Ejecutivo comunitario adoptó su decisión el 17 de julio de 2013 y determinó que los beneficiarios del régimen fiscal debían reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la devolución se remontara a 2005. El entonces vicepresidente y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, dijo no disponer de datos sobre el importe a devolver que, para el periodo inicial contemplado para la recuperación de las ayudas -de 2005 a 2011- es entre 2.000 y casi 3.000 millones de euros, según los cálculos de España.

El ministerio de Hacienda calculó que el importe de las ayudas que deberían devolverse de acuerdo al dictamen de la CE supondrían un máximo de 126 millones de euros. Para cifrar las ayudas reales es necesario analizar caso por caso el beneficio fiscal realmente obtenido, para lo que se precisan datos adicionales de cada operación y su ritmo de ejecución.

Desde enero de 2013, los astilleros españoles trabajan con un nuevo tax lease, bendecido por Bruselas y el propio Tribunal de Luxemburgo, y que en comunidades como País Vasco o Asturias ya ha permitido cerrar más de una docena de contratos desde su puesta en marcha.

16 de diciembre de 2015

La Voz de Galicia

Prazadouro, gestora de Plaza E, entra en concurso




Sus deudas han sido valorardas en 4,1 millones de euros   La promotora Prazadouro SL, gestora del centro comercial Plaza Elíptica, Plaza E, entró en concurso de acreedores. Sus deudas fueron valoradas en 4,1 millones, principalmente por hipotecas, mientras que sus activos, 15 fincas en Vigo y Tui, ascienden a 4,9 millones.


El juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, declaró el día 10 el concurso abreviado, sin descatar que, por el volumen de los activos, que rozan los 5 millones, pase luego a ser declarado ordinario.

El administrador concursal es la Sociedad Gallega de Gestión Concursal SLP, con sede en Vigo.

Prazadouro forma parte del mismo grupo inmobiliario que Bouza Sur y Bouza Río SL, que entraron en concurso el año pasado y están en proceso de liquidación.

Prazadouro fue constituida en 1998 y tiene su sede en la plaza Francisco Fernández del Riego, en el centro comercial Plaza E. La empresa dispone como activos de 9 fincas rústicas en Viveiro libres de cargas y 6 fincas en Vigo, con parcelas en Esturáns, en Coia. Sus activos están valorados en 4,9 millones y su pasivo en 4,1. Sus bienes en Vigo están hipotecados con la Sareb, banco malo que compró la deuda a Abanca.

La promotora que entró en concurso litigó durante años con el Concello de Vigo, hasta que en el 2011 le adjudicó directamente la gestión y explotación del centro comercial Plaza Elíptica, cuya superficie ya gestionaba. Los pleitos se remontan a 1998, después de que la firma terminase las obras iniciadas por otra constructora que no pudo acabar. Cuatro años después de abrir el centro al público, su concesión fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia