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28 de febrero de 2013

Faro de Vigo


Los sindicatos de Lonza esperan reducir los afectados por el ERE

La empresa mantiene que será un ajuste temporal de 5 meses que afectará a 230 de sus 283 trabajadores

Los sindicatos con representación en el comité de empresa de la farmacéutica Lonza, empresa ubicada en O Porriño (Pontevedra) y que ha anunciado un ajuste temporal de plantilla entre abril y septiembre que afectará a 230 de sus 283 trabajadores, han manifestado su esperanza en que las negociaciones con la empresa permitan descender el número de trabajadores incluidos en él así como lograr las "mejores condiciones" posibles.
En declaraciones a Europa Press, un portavoz del sector de Químicas de UGT, José Carlos Casal, ha explicado que su expectativa pasa por "bajar el número de trabajadores" afectados y, además, esperan que el expediente vaya acompañado de un "plan social". "Ahí aspiramos a todo", aseguró, pues el objetivo es lograr "las mejores condiciones para los trabajadores".
En la misma línea, el vocal de la sección de CC.OO. en Lonza, Ignacio Fernández, ha explicado que la empresa habla de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal para 230 personas, y ha precisado que habrá que ver "la situación específica en cada uno de los departamentos" de la planta porriñesa.
Asimismo, recordó que la firma les trasladó que la causa del ajuste es la "situación productiva, y no económica", por lo que ha asegurado entender que se podrá lograr "paliar los efectos adversos del ERE" y unas "mejores condiciones" que las que establece la ley.
Los representantes de los trabajadores y de la empresa mantendrán este viernes la primera reunión oficial desde que, el miércoles, les fue anunciado el ajuste. Así, se abrirá el periodo de negociaciones, que concluirá el 13 de marzo. Según explicó Fernández a Europa Press, ambas partes tienen la intención de reunirse "todas las veces que sea necesario".
Ajuste temporal
En un comunicado, Lonza Biologics anunció el miércoles "la necesidad de poner en marcha un ajuste temporal de su plantilla" que afectará a 230 personas entre abril y septiembre y que se debe a la "cancelación de varios proyectos y al aplazamiento en el inicio de producción de otros por parte de distintos clientes".
La multinacional suiza explica que durante ese periodo mantendrá un "número determinado de trabajadores para asegurar su mantenimiento y la puesta en marcha de manera inmediata ante la demanda de nuevos clientes o anticipación en los pedidos de clientes actuales". Una de las medidas a poner en marcha durante este periodo será, según la firma, que el personal de O Porriño "apoye a otras plantas del grupo, debido a la alta cualificación y experiencia que poseen".
El director general de Lonza Biologics en O Porriño, Luis Sánchez, señala que el ajuste "no ha sido una decisión fácil" y ha añadido que "la cartera de pedidos se incrementará a partir de septiembre con proyectos sólidos, por lo que la actividad productiva de la planta se reiniciará en esas fechas".

La Opinion de La coruña

La gallega Lonza presenta un ERE de seis meses para 230 empleados

La firma gallega Lonza parará desde abril su actividad productiva en Porriño durante un máximo de seis meses debido a la cancelación y el retraso de varios pedidos, según indicó ayer la dirección del centro biotecnológico. Esta decisión lleva pareja la presentación de un expediente de regulación de empleo temporal para 230 de sus 283 trabajadores, a aplicar entre los meses de abril y septiembre. El director general de Lonza Biologics Porriño, Luis Sánchez, explicó que la cartera de pedidos aumentará a partir de septiembre con "proyectos sólidos", por lo que confía en retomar la fabricación en octubre. La compañía helvética invirtió 90 millones desde 2006 en la modernización de las instalaciones, especializadas en producir compuestos oncológicos.

El propio Sánchez fue el encargado de transmitir la decisión de Lonza a los trabajadores del centro y al comité de empresa.

Mientras, Construcciones Navales Paulino Freire inicia mañana un ERE rotatorio que afectará a la totalidad de los 63 trabajadores con que cuenta el astillero vigués y que finalizará el 31 de agosto. Es la primera vez en la historia de esta empresa, nacida en 1937, en que se aplica un ajuste laboral. En un principio afectará a 26 empleados y el resto que puedan pasar a esa situación lo harán en función de la carga de trabajo. La dirección del astillero justifica el expediente por el retraso en la entrada de nuevos pedidos y por las dificultades que ha supuesto la falta del tax lease para cerrar algunos contratos.



Vigoalminuto

Lonza Porriño presentará un ERE temporal que afectará a 230 de sus 283 empleados

Un ERE temporal dejará sin trabajo, durante seis meses, de abril a septiembre, a 230 de los 283 empleados de Lonza Biologics Porriño, tal y como ha confirmado a vigoalminuto un miembro de su comité de personal. Los responsables de la planta de Porriño, la mayor de toda España en la fabricación de anticancerígenos, se ha visto obligada a tomar esta decisión ante la reducción de pedidos, tal y como han asegurado sus directivos.

Estos volverán a incrementarse a finales de verano, lo que permitirá la vuelta al trabajo de los afectados por este expediente de regulación temporal, tal y como comunicó el director general de la planta a los trabajadores y al comité de empresa. Durante esos seis meses se mantendrá en su puesto el personal de mantenimiento y de los servicios de control de calidad y transferencia tecnológica, que serán los encargados de que la planta esté lista para su puesta en marcha, de nuevo, en septiembre.

Según los sindicatos, la relación con la dirección de la empresa es fluida y la misma, es “completamente rentable”, por lo cual retomará su actividad normal pasado este período. En la actualidad Lonza, la primera planta española en cultivos celulares mamíferos produce en Porriño cinco compuestos: uno en plena comercialización y otros cuatro en fase clínica.

No es la primera vez que esta planta tiene que reducir su trabajo: en 2012, dejó de trabajar de julio a septiembre por una causa similar que no es otra que el descenso de pedidos por parte de otras compañías, a las que Lonza destina su producción.

Atlantico Diario

Lonza en Porriño plantea un ERE para 230 trabajadores

El expediente sería temporal por seis meses y quedarían 50 personas en la planta. La empresa lo justifica por la cancelación y aplazamiento de varios proyectos.
 
La dirección de Lonza Biologics Porriño ha comunicado a los representantes de los trabajadores la necesidad de poner en marcha un ajuste temporal de su plantilla, mediante un ERE temporal, que afectará a 230 personas, el 80% de la plantilla. Las 50 personas restantes hasta las 280 del total de empleados quedarían en tareas de mantenimiento.

La empresa explicó ayer en una nota, que esta medida se iniciará en abril y durará hasta septiembre de 2013.

Lonza señaló que la situación se debe a la cancelación de varios proyectos y al aplazamiento en el inicio de producción de otros por parte de distintos clientes.

Durante este periodo, la planta de Porriño mantendrá a 50 trabajadores para asegurar su mantenimiento y la puesta en marcha de manera inmediata ante la demanda de nuevos clientes o anticipación en los pedidos de clientes actuales.

Una de las medidas puestas en marcha por la compañía durante este periodo es que personal de Porriño apoye a otras plantas del grupo, debido a su alta cualificación y experiencia.

En la misma nota el director general de Lonza Biologics Porriño, Luis Sánchez, asegura que “el ajuste temporal de nuestra planta de Porriño no ha sido una decisión fácil, pero se debe a la cancelación y aplazamiento de varios proyectos de nuestros clientes”, aseguró.

Sánchez afirma en la nota que “la cartera de pedidos se incrementará a partir de septiembre con proyectos sólidos, por lo que la actividad productiva de la planta se reiniciará en esas fechas. Lonza Biologics Porriño ofrece a nuestros clientes una planta biofarmacéutica multiproducto, de última generación y con trabajadores sumamente cualificados”.

La dirección de Porriño ha puesto en marcha un plan de comunicación para sus empleados y de modo inmediato se iniciarán las reuniones con los representantes de los trabajadores para acordar las medidas y condiciones para afrontar esta situación.

El grupo suizo Lonza, que llegó a Porriño en 2006 tras adquirir la planta a Genentech, invirtió 90 millones de euros en la planta. El grupo es uno de los principales proveedores mundiales de las industrias farmacéuticas.

27 de febrero de 2013

Atlantico Diario

La administración concursal de Grafinsa busca compradores

Grayto estaría en causa de disolución por un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social.
 
La administración concursal de Grafinsa y Grayto ha mantenido reuniones con empresas interesadas en la sociedad para su posible adquisición, según figura en el informe presentado en el juzgado de lo Mercantil número 3 de Vigo, porque considera que es la salida para el futuro de la empresa. Asimismo señala la necesidad de que la venta se haga conjuntamente.

El informe concursal concluye que Grafinsa tiene una masa pasiva de 9,7 millones de euros, cuyo capítulo más relevante son los créditos ordinarios, por 6,1 millones. Mientras, Grayto estaría en causa de disolución al encontrarse el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social.

El juez declaró a Gráficas del Noroeste (Grafinsa) y su participada Grayto en concurso de acreedores el 5 de diciembre de 2012. Grafinsa, participada por Xesgalicia en un 42%, achaca su situación financiera, con pérdidas en 2010 y 2011, al aumento de los costes de las materias primas y la restricción del crédito.

En la memoria presentada por la compañía para el concurso asegura que la crisis afectó “profundamente” a la empresa que todavía estaba pagando inversiones. Así que comunicó en julio de 2012 al juzgado su delicada situación financiera y el inicio de negociaciones con los acreedores. Finalmente presentó concurso en noviembre.

La facturación de Grafinsa en 2011 fue de 13,3 millones de euros, un 2,2% menos que el año anterior, con unas pérdidas de 1,3 millones. La cifra de negocio de Grayto en 2011 fue de 3,6 millones, lo que supuso una caída del 14,7%, y unas pérdidas de casi un millón de euros. En 2012 Grayto tuvo una cifra de negocio de 2,3 millones, un 37% menos, y unas pérdidas de 2,4 millones. Su masa pasiva es de 6,4 millones. con un déficit patrimonial de 4,6 millones.

La opinion de La Coruña

CIG acusa a altos cargos de la Xunta de prevaricación en Alfageme

El sindicato lleva ante el Superior la gestión del plan de reactivación de la conservera

El sindicato CIG ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por presunta prevaricación y malversación de fondos contra varios cargos de la Xunta en relación con el frustrado plan de reactivación de la conservera Alfageme y las actuaciones de éstos en la fase de liquidación de los bienes de la empresa. Los denunciados por esta central sindical son el director xeral del Igape, Javier Aguilera, el actual conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, su antecesor en el cargo y parlamentario Javier Guerra, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, y la secretaria xeral Técnica e do Patrimonio, Socorro Martín Hierro.

El sindicato nacionalista encuentra indicios de prevaricación por considerar que los cargos públicos demandados, "a sabiendas de su injusticia, dictaron una resolución arbitraria en un asunto administrativo".

Atlantico Diario


Comité dice que el futuro de Cosmos sigue 'negro' tras reunirse con empresa

El comité de empresa de la fábrica que Cementos Cosmos tiene en la localidad de Oural, en el municipio lucense de Sarria, sostiene que el futuro de ese centro de trabajo sigue 'muy negro', después participar esta mañana en una de las dos reuniones decisivas que mantendrá con la patronal esta semana para negociar el ERE que pretende aplicar la compañía.

El presidente del comité, Francisco López, confirmó que la propuesta formulada por la empresa incluye el despido de 28 trabajadores de Oural, el traslado de 30 empleados a la planta de Toral de los Vados y el mantenimiento de doce operarios a media jornada en la factoría.

Con respecto a las auxiliares que trabajan en Oural, los siete trabajadores de la firma que se ocupa del mantenimiento del intercambiador también serían despedidos, mientras que a la empresa que se ocupa de los montajes se le daría 'trabajo de forma puntual'.

En cuanto a los transportistas, otro de los colectivos afectados por el ERE, los camioneros que prestan servicio en las canteras que suministran material a la factoría de Oural podrán trabajar, también puntualmente, para la fábrica de Toral de los Vados, pero 'el futuro se presenta mucho más negro', dijo Francisco López, para los que trasladan 'cemento a granel'.

Recordó que son 44 transportistas que podrían quedarse sin trabajo, dado que en la fábrica de Toral de los Vados 'el cemento a granel se saca directamente en cisternas de ferrocarril'.

Ante esta postura, el presidente del comité afirmó que si la empresa, en la reunión que volverán a mantener el jueves, no les da garantía a los trabajadores de que la fábrica de Oural va 'a permanecer abierta', en la asamblea que tienen prevista para el día siguiente -viernes, día 1 de marzo- activarían ya las 'medidas de presión social' anunciadas en su momento.

Por otra parte, recordó que el alcalde de Sarria, el popular José Antonio García, le hizo llegar hoy mismo al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 'un dossier' elaborado por el comité de empresa sobre la situación de la fábrica, por lo que confían en su 'mediación' para que la factoría siga funcionando.

Además, los comités de empresa de Toral de los Vados y Oural se reunirán mañana para plantear una postura conjunta el jueves ante la empresa.

26 de febrero de 2013

Faro de Vigo

 Barreras y Viñas renuncian a alegar la clasificación del fiscal sobre el concurso

El ministerio público consideró culpables al expresidente y al consejero de finanzas del astillero, que todavía puede recurrir

Ni Barreras ni su expresidente, José Francisco González Viñas, presentaron en plazo alegaciones al informe de calificación del fiscal jefe de Vigo y responsable de Delitos Económicos, Juan Carlos Horro, en el que considera como culpables de la entrada en concurso de acreedores al máximo responsable del astillero y al consejero encargado de la actividad económico-financiera de la empresa, Fernando Vilariño Barreiro.
El único que todavía se encuentra en plazo para presentar sus alegaciones es Fernando Vilariño, al que hasta el momento fue imposible presentarle la notificación en la que se le informaba de su derecho a presentar alegaciones a la decisión del fiscal. Por este motivo, el titular del juzgado número Tres de lo Mercantil de Vigo, José María Blanco Salaregui, prorrogó el plazo hasta esta misma semana para que pudiera presentar su recurso.
Si no lo hace, a partir será el juez quien tenga la última palabra, sin que exista un plazo predeterminado para ello, sobre la clasificación del concurso del mayor astillero privado de España. Por el contrario, si presenta alegaciones tendría que celebrarse una vista, en la que se llamaría a declarar a los dos directivos afectados por la clasificación y a los administradores concursales que consideraron de no "fortuita" la entrada en concurso.
La decisión del fiscal de considerar culpables a los dos directivos del astillero, contradijo la calificación presentada a principios de diciembre por los administradores concursales del astillero Edorta Etxarandio y Pedro Tortosa -el tercer administrador, Carlos Mantilla, no firmó el documento-, que consideraban el concurso como "no culpable".
Fuentes conocedoras del proceso señalan que la no presentación de alegaciones a la calificación del fiscal indica que las partes están conformes con la misma. No obstante, la decisión del juez puede dictar sentencia aceptando la solicitud del fiscal, modificarla o eximir a los dos directivos afectados de toda responsabilidad.
El fiscal solicitó en su informe que los dos directivos fuesen inhabilitados durante tres años para administrar bienes ajenos.
En su escrito, Juan Carlos Horro, considera que González Viñas y Vilariño recogían de manera sistemática en la contabilidad del astillero unos saldos deudores inexistentes y que fueron calificados de "seria irregularidad contable". En su informe el fiscal considera que esta irregularidad presenta "la gravedad necesaria para afectar la comprensión de la imagen fiel de la situación financiera y económica de la sociedad como evidencia de que no solo su considerable importe, sino la transcendencia de que su modificación posterior supone, tanto como para cambiar un estado de aparente solvencia en un estado económico con un déficit millonario".
El fiscal jefe considera también que el resto del consejo de administración y los directivos del astillero no tuvieron ninguna responsabilidad en la contabilidad de la empresa, que era controlada directamente por Viñas y Vilariño.
Mientras, el astillero vigués está a la espera de cerrar los avales que permitan comenzar a construir el flotel para Pemex en unas semanas.
Ante la perspectiva de entrada de carga de pedidos, un reducido grupo de trabajadores lleva varias semanas realizando labores de mantenimiento del astillero que está sin actividad desde principios de verano de 2011, cuando entregó su último ferry a la naviera Armas.
Por otra parte, el director general del Círculo de Empresarios de Galicia, Jesús Bahíllo, declaró ayer a la Radio Galega que la crisis "ha tocado fondo" y que empezará una recuperación que se desarrollará "muy lentamente", si bien ha considerado que sectores estratégicos como el naval "lo tienen extremadamente complicado", pues este último, "tiende a desaparecer".

25 de febrero de 2013

La Voz de Galicia

Una sentencia judicial complica más el concurso de Promalar

La promotora de Juan Lago pierde montes que se apropió en O Morrazo

n nuevo varapalo judicial complica la situación jurídica de la promotora Promalar, uno de los grupos inmobiliarios más importantes de Vigo, que se encuentra en concurso de acreedores con una deuda de 200 millones de euros.
La empresa acaba de perder una notable extensión de terrenos que se apropió en O Morrazo. Así lo recoge una sentencia de la Audiencia Provincial. Se trata de siete montes llamados Carafixo, Lagos, Robaleira (o Preguntoiro), Reventóns (o Chan de Montes), Chan do Sido (O Catuxe), Cidreiros y Borrallido. En total suman 591.621 metros cuadrados y estaban inscritos a nombre de la promotora y del Concello de Bueu. Promalar y la empresa Maderas Lago habían ido comprando las fincas inscribiéndolas a su nombre en el registro cangués durante los años 2003 y 2004. La sentencia de la Audiencia Provincial obliga al registro de la propiedad de Cangas a cancelar las inscripciones registrales de siete fincas a favor de Promalar. Según la sentencia, la empresa, que tiene inscritas numerosas fincas en Cangas, pasó también a inscribir como suyos terrenos de Bueu «sin justificación alguna».
Los comuneros de Beluso reivindicaron los montes en el juzgado de Marín en febrero del año 2011. Pero el juzgado dio la razón a la empresa inmobiliaria. Pocos meses después la promotora protagonizaba el mayor concurso de acreedores de la historia de Galicia. La comunidad de montes de Beluso no se conformó y su abogada, Cristina Bugarín, del bufete de Calixto Escariz, recurrió la sentencia del juzgado de Marín a la Audiencia Provincial, que acaba de dictar un nuevo fallo a favor de la comunidad de montes. El alcalde de Bueu, Félix Juncal, se puso de su parte y testificó ante el tribunal que su madre recordaba que el monte había sido aprovechado ancestralmente por los vecinos de la zona como legítimos propietarios.
Tras el nuevo fallo judicial de la Audiencia Provincial de Pontevedra Promalar tiene la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La mancomunidad de montes de Beluso, integrado por 104 comuneros, mantuvo ayer una asamblea para analizar la sentencia judicial que les da la razón.
En el juzgado de primera instancia de Cangas hay otra demanda presentada contra Promalar y el Ayuntamiento de Cangas en la que se reivindica una superficie que suma 2,8 millones de metros cuadrados.
La Audiencia ordena al registro de Cangas que anule siete inscripciones

Faro de Vigo


Jesús Bahíllo señala que el naval tiende a desaparecer

El director del Club Financiero de Vigo apunta que que el sector lo tienen extremadamente complicado

El director general del Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo (CFV), Jesús Bahíllo, ha estimado que la crisis "ha tocado fondo" y que empezará una recuperación que se desarrollará "muy lentamente", si bien ha considerado que sectores estratégicos como el naval "lo tienen extremadamente complicado", pues este último, "tiende a desaparecer".
En una entrevista concedida a la Radio Galega, y recogida por Europa Press, Bahíllo ha mantenido que ya en la reconversión de los años 80 del silgo XX, el naval era "uno de los sectores en los que se aventuraba una crisis profunda". Además, explicó que también generó "serios problemas" la irrupción de países emergentes en Asia, al tiempo que puntualizó que la UE "también ha contribuido bastante" en lo que respecta a las dificultades.
Así, ha considerado que a Ferrol y a Vigo les está pasando lo que ocurrió en su día a Gijón, que "el naval posiblemente es un sector que tiende a desaparecer".
Norte y sur
Por otra parte, el director general del CFV ha rechazado que los gallegos hayan vivido por encima de sus posibilidades y ha estimado que eso "es algo que se ha dicho para justificar las políticas de austeridad". Así, ha considerado que lo que sí se hicieron fueron "inversiones absolutamente injustificables" y puso como ejemplo el complejo del Monte Gaiás o el Puerto Exterior de A Coruña, sobre el que emplazó a ver "qué recorrido tendrá".
En la misma línea, estimó que "sistemáticamente", los presupuestos del gobierno y de la autonomía "han venido primando al Norte", ya que "los dos centros de decisión política" son A Coruña y Santiago. Jesús Bahíllo consideró que esta tendencia "ha tenido sus efectos" y ha abogado por "hacer políticas que equilibren la comunidad".
Educación y sanidad
El directivo del Círculo de Empresarios ha apuntado que en Galicia "y en todos los sitios" sobran administraciones públicas pues, a su juicio, actualmente hay una "estructura mastodóntica cara, que no es lo eficiente que debiera" y que, según señaló, "merece una revisión".
Además, se ha mostrado convencido de que la educación y la sanidad "nunca" debieron ser transferidas a las comunidades autónomas, pues su traspaso ha generado que los españoles no tengan los mismos servicios en todos los territorios. "Atenta contra los derechos constitucionales de facto", aseveró, en ese sentido.
Finalmente, en cuanto a la reforma laboral, ha afirmado que se quedó "a medio camino" y ha abogado por que las empresas "puedan ajustar su estructura a la demanda" al tiempo que se desarrollen "políticas que incentiven la búsqueda de empleo" y medidas de protección para los parados.

Cinco Dias

Señores del ladrillo, señores del concurso

De los quince mayores empresarios inmobiliarios españoles sólo dos, Enrique Bañuelos y Manuel Jove, han evitado el concurso de acreedores. Llanera fue la primera gran inmobiliaria en caer, en 2007; la última Reyal Urbis, esta semana, con más de 4.300 millones de deuda.

Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, ha sido el último de los señores del ladrillo en claudicar. Esta semana la inmobiliaria se ha declarado en concurso de acreedores, con una deuda superior a los 4.300 millones de euros, el mayor concurso de una empresa española tras el de Martinsa Fadesa (7.000 millones de deuda).

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2007, otros doce grandes empresarios del sector inmobiliario español han seguido el mismo camino al juzgado mercantil que esta semana ha recorrido Santamaría. Al calor del boom vivieron un espectacular incremento de su patrimonio y de su capacidad de endeudamiento, pero cuando estaban en lo más alto, se derrumbó todo.

En los últimos cinco años Fernando Gallego (Llanera), Bruno Figueras (Habitat), Domingo Díaz de Mera (Global Consulting), Hilario Rodríguez (Tremón), Fernando Martín (Martinsa Fadesa), Luis Portillo (Zent Inversiones, expresidente de Colonial), Román Sanahuja (Sacresa, expresidente de Metrovacesa), la familia Sánchez Ramade (Noriega), Joaquín Rivero (Alteco, expresidente de Metrovacesa), Jesús Ruiz (Aifos), la familia Nozaleda (Nozar) y Julio Mateo (Lábaro) han declarado ante un juez la situación de insolvencia de sus empresas.

El pasivo con el que estas doce inmobiliarias se declararon en concurso de acreedores suma cerca de 24.000 millones de euros: Martinsa Fadesa (7.000); Reyal Urbis (4.302); Habitat (2.840); Sacresa (2.634); Nozar (1.563); Noriega (1.015); Tremón (1.000); Aifos (1.000); Llanera (700); Lábaro (700); Zent Inversiones (545); Global Consulting (290).

La caída de estas compañías se ha llevado consigo a buena parte de las entidades que financiaron su expansión, las cajas de ahorro. Y ha dejado a decenas de miles de proveedores en una situación límite, al verse estos obligados a firmar convenios de pago de acreedores con las inmobiliarias en concurso que suponen años de espera para cobrar una reducida parte de lo que se les debe.

De los 15 mayores empresarios españoles del sector inmobiliario de las últimas dos décadas, solo dos han evitado el concurso de acreedores. Enrique Bañuelos abandonó Astroc justo cuando comenzaba el hundimiento del sector y puso rumbo a Brasil, donde probó fortuna en otros negocios. Manuel Jove vendió Fadesa a Fernando Martín por 4.045 millones y creó el grupo Inveravante, con inversiones financieras, energéticas e inmobiliarias, entre otras.

Fernando Gallego. Llanera

Con el príncipe Carlos de Inglaterra.

Fernando Gallego solicitó concurso para la inmobiliaria de su familia, Llanera, en octubre de 2007. Fue la primera gran inmobiliaria en caer, con más de 700 millones de euros de deuda. La empresa había crecido a la velocidad que lo había hecho la política de recalificaciones urbanísticas aplicada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana (los famosos PAI). El plan de Gallego era hacer urbanizaciones por la costa para británicos. Ni fotografiarse con el príncipe Carlos de Inglaterra le salvó de la quema.

Bruno Figueras. Habitat

Soliviantó a la alta burguesía catalana.

Bruno Figueres pidió concurso de acreedores para Habitat en noviembre de 2008, con 2.840 millones de euros de deuda. Dos años antes había convencido a representantes de la alta burguesía catalana en embarcarse con él en la compra de Ferrovial Inmobiliaria, por 2.200 millones. Emilio Cuatrecasas, José Castro (dueño de Hesperia), Dolores Ortega (sobrina de Amancio Ortega), Isak Andic (Mango) y Leopoldo Rodés (Mediaplanning), participaron en la operación. Después denunciaron a Figueres.

Domingo Díaz de Mera. Global Consulting

Soñó que Ciudad Real era Las Vegas

Domingo Díaz de Mera es capaz de escuchar el tono de un teléfono al marcar los números y aprender de memoria el número al que se ha llamado. Tiene otros poderes: como el de la convicción, que le sirvió para que políticos y entidades financieras apostaran por su sueño de situar en el mapa a Ciudad Real. Quiso montar algo parecido a Eurovegas, creó un aeropuerto de la nada e hizo campeón del mundo al club de balonmano de la ciudad. Escapó de los focos tras los concursos de Global Consulting y del aeropuerto.

Hilario Rodríguez. Tremón

Preparaba la salida a Bolsa y pidió concurso

Jesús Martínez era un jardinero de Málaga al que Tremón le debía 200.000 euros. Un día de noviembre de 2008 se plantó en la sede de la empresa en Madrid con una pancarta en la que se leía: "Tremón no paga". Hilario Rodríguez, presidente de la inmobiliaria, había preparado durante el año anterior la salida a Bolsa de la compañía. Pero todo era una huída hacia adelante. Unos días después de la protesta de Martínez, Tremón entró en concurso de acreedores con 1.000 millones de euros de deuda.

Julio Mateo. Lábaro

De Castilla La Mancha a Polonia

Julio Mateo aseguraba en una entrevista publicada en enero de 2008 que Lábaro, la inmobiliaria que presidía y en la que también participaba Domingo Díaz de Mera, estaba lista para construir 5.000 viviendas al año y potenciar y expandir su negocio, radicado en Castilla La Mancha, por Alemania, Hungría, Portugal, Croacia, Rumanía y los países del Golfo Pérsico. Tres meses después acudía al juzgado para solicitar la entrada en concurso de la compañía, con 700 millones de euros de deuda.

Enrique Bañuelos. Astroc

El encantador de millonarios sigue vivo

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, sucumbió a los encantos de Enrique Bañuelos e invirtió en Astroc, la inmobiliaria que salió a Bolsa en 2006 a menos de siete euros por acción y superó los 70 euros por título en unos meses. También lo hicieron los Nozaleda, dueños de Nozar. Cuando Astroc se derrumbó en Bolsa, Bañuelos marchó a Brasil, donde se ganó a otras fortunas del país para efectuar inversiones. Ahora trata de convencer a fortunas asiáticas en invertir en Barcelona World, el proyecto de juego y ocio de la Generalitat.

Sánchez Ramade. Noriega

El segundo mayor grupo de Andalucía

El grupo empresarial de la familia Sánchez Ramade pasaba por ser el segundo mayor grupo de Andalucía tras Abengoa. Hoy está lejos de aquello. La filial inmobiliaria del grupo, Noriega, se declaró en concurso en septiembre de 2010, con un pasivo superior a los 1.000 millones. Los Sánchez Ramade eran también propietarios de la cadena de electrodomésticos Urende, que igualmente se declaró en concurso. A través de Urende la familia llevó a cabo una inversión de cientos de millones en acciones de Iberdrola.

Joaquín Rivero. Alteco

El zorro plateado del inmobiliario español

A los pechos de Joaquín Rivero han crecido generaciones de empresarios del ladrillo. Ha sido presidente de dos de las mayores inmobiliarias europeas, la española Metrovacesa y la francesa Gecina; en la actualidad sigue al frente de Bami. El año pasado bancos acreedores pretendieron ejecutar garantías y quedarse con su 16% en Gecina; lo impidió pidiendo concurso para su sociedad de inversión, Alteco. Atrás queda una denuncia de la Fiscalía por enriquecimiento ilícito con acciones de Metrovacesa.

Fernando Martín. Martinsa Fadesa

Convencido de que le engañaron

Entre 2006 y 2007 Fernando Martín acordó con Manuel Jove la compra de Fadesa en una operación valorada en 4.045 millones de euros, la mayor adquisición inmobiliaria en España. En julio de 2008 solicitó concurso para Martinsa Fadesa, con una deuda de 7.000 millones de euros. En 2011 acordó un convenio con los acreedores para salir de la situación concursal. Convencido de que en la compra de Fadesa le vendieron activos sobrevalorados, ha tratado, sin éxito, de recuperar parte de la inversión en los juzgados.

Luis Nozaleda. Nozar

Arriesgadas inversiones en Bolsa

En lugar de sacar a Bolsa al grupo Nozar, la familia Nozaleda decidió invertir en inmobiliarias cotizadas, como Colonial y Astroc. Las pérdidas en Bolsa sacudieron a todas las empresas de los Nozaleda, llevando a la inmobiliaria Nozar al concurso de acreedores en septiembre de 2008 con 1.563 millones de pasivo. La compañía se mantiene en concurso. Recientemente los abogados de los Nozaleda han reclamado al juez la destitución de la administración concursal asegurando que tratan de impedir su salida del concurso.

Luis Portillo. Zent Inversiones

"Me daban todo lo que pedía"

Luis Portillo destinó cerca de 7.000 millones de euros para comprar Colonial, Riofisa y el 15% de FCC. A finales de 2007 abandonó Colonial cuando la compañía tenía una deuda de 9.000 millones, la mayor de una inmobiliaria española y se derrumbaba en Bolsa. Los bancos "me daban todo lo que pedía", comentó en una ocasión para explicar por qué se avalanzó sobre inmobiliarias pagando precios desorbitados. El pasado mes de septiembre solicitó concurso para su sociedad, Zent Inversiones.

Rafael Santamaría. Reyal Urbis

El último de los amos del ladrillo en caer

Rafael Santamaría protagonizó otra de las grandes operaciones inmobiliarias ocurridas en 2006. Acordó con Banesto la compra de Urbis en una adquisición valorada en 3.317 millones de euros. Prácticamente desde la compra Santamaría ha negociado con la banca que financió aquella operación extender el pago de los préstamos. Hasta esta semana, cuando no ha habido acuerdo posible con las entidades financieras y ha presentado concurso con un pasivo superior a los 4.300 millones.

Román Sanahuja. Sacresa

Generaciones de negocio inmobiliario

El padre de Román Sanahuja levantó parte de la moderna Barcelona de mediados del siglo XX. Román hijo consiguió hacerse con la presidencia de la primera inmobiliaria española en 2007, Metrovacesa, desbancando del puesto a Joaquín Rivero. Parece difícil que la tercera generación logre alcanzar cotas tan altas. Sanahuja salió de Metrovacesa cambiando deuda por acciones con los bancos para centrarse en su promotora, Sacresa. Fue a concurso con 2.634 millones de deuda en 2010. En 2009 la policía registró la compañía.

Jesús Ruiz. Aifos

El caso Malaya y el pinchazo de la burbuja

Poca combinación hay más explosiva que la del pinchazo inmobiliario español y el estallido del 'caso Malaya' en Marbella. La inmobiliaria Aifos y su presidente, Jesús Ruiz, es un cocktail de ambos acontecimientos. Ruiz ha sido acusado de realizar pagos a Juan Antonio Roca para lograr contratos en la Marbella de Gil. Aifos era una de las mayores inmobiliarias andaluzas de principios de siglo, con 2.200 empleados y oficinas en Reino Unido e Irlanda. En 2009 se declaró en concurso con más de 1.000 millones de deuda.

Manuel Jove. Inveravante

Vendió justo a tiempo al precio más alto

De todos los señores del ladrillo Manuel Jove es posiblemente el que más airoso ha salido de la crisis. El empresario gallego vendió Fadesa a Fernando Martín por 4.045 millones de euros: el mayor precio posible, en el mejor momento posible. Poco después sucedió el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Jove creó el grupo Inveravante y llegó a tener el 5% de BBVA. Es dueño de la firma de moda Caramelo, de bodegas y tiene importantes inversiones en grupos energéticos e inmobiliarios.

24 de febrero de 2013

El Pais


Ferrol se vuelca con el naval en una gran protesta ciudadana

Una multitudinaria manifestación exige trabajo para los astilleros y responsabilidades políticas

Ferrol ha iniciado su cuenta atrás. Este verano, los astilleros públicos entregan su último barco a Australia. Por primera vez, las gradas de Fene y Ferrol estarán vacías sin buques ni fragatas que construir en la comarca con la tasa de paro más alta de toda Galicia (28%).
Con este negro telón de fondo, cerca de 30.000 personas se echaron este mediodía a la calle convocadas por los sindicatos del naval ferrolano para exigir carga de trabajo en una manifestación kilométrica que cargó las tintas contra las “falsas promesas” del PP, la corrupción, los recortes sociales, el “saqueo” del pueblo y la Casa Real y exigió entre aplausos las dimisiones en bloque de todos los “culpables”.
La protesta, una de las más concurridas de los últimos años, arrancó a mediodía en Portanova y finalizó hora y media después en la plaza de Armas, donde no pudieron entrar todos los asistentes entre los que se contaban alcaldes de la comarca de todos los colores políticos junto a Francisco Jorquera (BNG) o Yolanda Díaz (IU).
La poetisa Medos Romero puso voz a las reclamaciones de la plantilla: contratos militares, fecha de inicio para el flotel de Pemex y dique flotante, una estructura marítima que les permitiría reparar grandes buques y potenciar la única división rentable y con ocupación de Navantia en la ría. Romero también dejó varios recados para el PP, al frente del Gobierno central, autonómico y local. “No nos creemos que la UE se oponga a construir una herramienta de trabajo”, dijo en alusión a la negativa de la SEPI a financiar dique aduciendo que Bruselas lo consideraría una ayuda irregular. “Si no hay dinero aquí, que lo traigan de Suiza”, ironizó.
Hace dos años que el Comité de Empresa empezó a reclamar a la dirección del grupo naval que se implicase en la búsqueda de nuevos contratos para la ría. Desde 2007, no se ha firmado ninguno y 1.815 operarios auxiliares han perdido su empleo desde septiembre del 2011. El impacto en la economía de la zona se traduce en 5.000 empleos indirectos menos en una comarca que cerró enero con 21.302 parados.
El presidente del Comité de Navantia Ferrol, Ignacio Naveiras, valoró la respuesta ciudadana como “muy positiva” y avanzó que ya preparan un nuevo calendario de protestas. “Que no le quepa duda a nadie de que nos vamos a seguir movilizando”, concluyó.

Atlantico Diario


Querella de la CIG por la venta de Alfageme contra dos conselleiros

La CIG presentó una querella por un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos en el proceso de venta de la conservera Alfageme contra los conselleiros de Industria, Francisco José Conde, y de Facenda, Elena Muñoz, así como contra el exconselleiro Javier Guerra; el director del Igape, Javier Aguilera; y la secretaria xeral do Patrimonio, Socorro Martín. 

El sindicato nacionalista considera que debido a la actuación de los denunciados, durante el proceso de liquidación y venta de Alfageme se perdieron los 30 millones de euros que la Xunta pagó en concepto de avales, así como 5,9 millones de euros en la subasta de las naves y de las marcas de la conservera.

La CIG argumenta que tanto el director del Igape como los conselleiros de Industria y la titular de Facenda tomaron decisiones 'a sabiendas de que infringían preceptos legales o incumpliendo los trámites que establece la ley'.

La Voz de Galicia


Galicia alza su voz en Ferrol en defensa del sector naval

Miles de personas se movilizan en defensa de los astilleros

Miles de personas marchan en Ferrol en una multitudinaria manifestación en defensa del sector naval.
Ni el frío ni la intermitente lluvia han logrado desmovilizar, este domingo de febrero, a quienes claman contra la dramática situación que viven los astilleros.
Los manifestantes, de los más diversos sectores sociales, ideologías y grupos de edad, reclaman soluciones urgentes para un sector que está sufriendo una constante y dramática pérdida de empleos.

Faro de Vigo

Galicia clama en las calles de Ferrol por el futuro del naval

Miles de personas se manifiestan en la ciudad departamental para exigir carga de trabajo para el sector


Miles de personas, hasta 30.000 según los organizadores, han secundado la manifestación en defensa del naval de la comarca en la que se ha reclamado al PP "que cumpla sus compromisos electorales" con la construcción de un buque de apoyo para la petrolera mexicana Pemex, el dique flotante para reparar grandes buques y se obtengan nuevos contratos, ante una crisis del sector que ya ha destruido 1.900 empleos en año y medio.
Los manifestantes han "saturado" 9.000 metros cuadrados de superficie, según los datos de la Policía Local. Han apoyado así la protesta convocada por los Comités de Empresa de Navantia Ferrol y Fene, que se inició a las 12.00 en la plaza del Inferniño encabezada por pancartas en las que se pedía carga de trabajo y se proclamaba "no al saqueo del pueblo, hay culpables, hay soluciones", y en la que se escucharon cánticos como "barcos sí, sobres no" y "queremos trabajar y no emigrar".
La protesta, de casi 2 kilómetros de longitud, contó con la presencia de representantes de todos los partidos políticos, entre los que destacaban la diputada socialista Beatriz Sestayo, el portavoz del BNG en la Cámara, Francisco Jorquera, o la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Yolanda Díaz.
El alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey no se dejó ver en la primera línea de la manifestación, aunque a través de las redes sociales mostró su fotografía participando en la protesta, al igual que otros dirigentes dirigentes de su partido de la comarca.
La manifestación se desarrolló sin ningún incidente y finalizó en la plaza de Armas ante el Ayuntamiento de Ferrol, en el que los participantes colgaron monos de trabajo de forma simbólica con frases como "esta desfeita laboral y social tiene culpables". En el manifiesto central, se han exigido soluciones a la crisis del naval, que supuso "el 40% del empleo total de la comarca", pero en el que en los últimos seis meses se han perdido "mil puestos de empleo", en una zona con la mayor tasa de paro de Galicia, en torno al 30%.
Cumplir "compromisos electorales"
Se ha exigido al PP el cumplimiento de los compromisos adquiridos en campaña electoral. "*Dónde están esos compromisos o es que no se acuerdan del naval antes de que metamos la papeleta en la urna?", clamó la escritora Medos Romero que leyó el manifiesto central. "*Dónde está el contrato del flotel, cuándo se va a empezar a cortar la chapa, y van a decir qué cantidad están dispuestos a poner para financiar el dique flotante?", se ha preguntado.
Tras alertar de que "los cierres de empresas y ERE no suceden solo en el naval" y afectan en cadena al el resto de sectores económicos de la comarca, se denunció que los trabajadores no creen que las restricciones de Europa, alegadas por la SEPI y Navantia, impidan la construcción del dique flotante y se exigió el fin del veto a la construcción naval civil.
El dique, que permitiría reparar los buques de grandes dimensiones que comenzarán a navegar tras la apertura del nuevo Canal de Panamá, centró así parte de las reivindicaciones. En el discurso central se pidió su financiación y se ironizó con que "si no tienen dinero que lo traigan de Suiza". A los representantes políticos se les exigió "decisiones", "no solo apoyo, y si no, que dimitan".
"Que no nos sigan mintiendo, el Gobierno está para servir al pueblo, y el PP es el que tiene la capacidad para decidir si esta comarca tiene futuro o estamos condenados a emigrar".
El portavoz del Comité de Empresa de Navantia Ferrol ya ha anunciado que los sindicatos plantearán un nuevo calendario de movilizaciones, ante la falta de soluciones para el sector. Hacia el verano, los astilleros se quedarán sin ningún barco en construcción y la falta de carga de trabajo ya afecta también a la plantilla principal, que sufrirá unas 500.000 horas de subocupación a lo largo de este 2013.
Participación política
La representante de AGE, Yolanda Díaz, ha calificado de "ejercicio de hipocresía" la presencia de representantes del PP y el regidor ferrolano en la manifestación y recordó que "los directivos de Navantia y de la SEPI han sido nombrados por el PP". Asimismo, ha reclamado que se desvincule el contrato del barco hotel de Navantia de los astilleros de Barreras por los problemas de esta última para obtener avales.
Por su parte, la diputada socialista Beatriz Sestayo, ha destacado la "respuesta masiva de los ciudadanos" a la convocatoria de manifestación y ha pedido al PP "que escuche la voz silenciosa de Ferrolterra y diga sí al dique flotante", el compromiso "que adquirió en campaña electoral".
Francisco Jorquera, portavoz del BNG en el Parlamento, ha destacado que "Ferrol y su comarca no tendrá futuro si el naval va a la ruina" y reclamó que se cumplan los compromisos adquiridos por el PP y se levante el veto a la construcción naval civil en Navantia.


23 de febrero de 2013

Atlantico Diario


La viguesa Enor instalará seis ascensores en un ferry canadiense

La compañía de ascensores Enor ha firmado un contrato con la naviera italiana Fincatieri para instalar seis ascensores en un ferry de la compañía Canada Steamship Line.   

En concreto se trata de cinco ascensores y un montacargas hidráulicos, especialmente diseñados para cumplir no sólo la normativa europea, sino también la americana, mucho más restrictiva en la certificación de los componentes, explicaron fuentes de la compañía.

Esta operación es la primera que firma la empresa viguesa Enor tras su adquisición por parte de Zardoya Otis el pasado mes de agosto y su incorporación formal al grupo Zardoya Otis en febrero de este año.

DIVISIÓN DE ASCENSORES
La experiencia de Enor en el sector naval ha supuesto la creación de una división internacional de ascensores dentro de la empresa Otis para impulsar este área de negocio y aprovechar las sinergias con todas las compañías a nivel mundial.

Atlantico Diario

La crisis se lleva por delante a 1.300 empresas de transportes

La federación gallega Fegatramer teme que este año sea aún peor que los últimos

En 2008 había en Galicia 8.300 empresas de transportes, hoy apenas son 7.000, es decir, que en los cinco años de la crisis han desaparecido alrededor de 1.300 empresas, según los datos que maneja la Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer).  
 
'Entre las empresas de cierta dimensión el impacto está siendo tremendo', explica el secretario de Fegatramer, Carlos García Cumplido.

La situación es muy complicada con los costes disparados, especialmente los combustibles, con la actividad en mínimos y sin acceso a la financiación de las empresas.

García Cumplido teme que 2013 sea incluso más duro que los años anteriores porque 'la actividad no va a repuntar y las reservas de las empresas se agotan', explica.

El responsable de Fegatramer cree que hacen falta disposiciones legales que 'permitan reconstruir el tejido empresarial, porque lo que está claro es que no se puede hacer solo lo que hacíamos hasta ahora'.

Hasta ahora, los pequeños transportistas resisten mejor la tormenta porque tienen capacidad de reducir al mínimo sus costes mientras que los de mayor dimensión tienen que hacer frente a salarios y costes fijos.

En los últimos días se conocieron los problemas de Ochoa, que echará el cierre, y de Alvarado, que ha solicitado concurso de acreedores, así como Transportes Duco.

En los años de la crisis unos 1.500 conductores se han quedado sin empleo a los que hay que sumar empleados del sector en otros puestos de trabajo, según Fegatramer.

Faro de Vigo

Transfrío asegura que el beneficio que obtenía Alvarado en la cooperativa ´era irrelevante´

La compañía de transporte alegó la pérdida de ese negocio como causa del concurso

 "El beneficio que obtenía Alvarado en la Cooperativa de Transporte del Puerto de Vigo (Transfrío) era irrelevante", aseguran fuentes cercanas a la organización empresarial que han salido al paso de los motivos esgrimidos por el grupo transportista en su escrito de solicitud de concurso de acreedores presentado ante el juzgado de lo Mercantil número Tres de Vigo.
La pérdida del negocio con la cooperativa, con la que facturaba una media anual de 300.000 euros, y el alza del precio de los combustibles fueron, según el Grupo Alvarado, los principales motivos que llevaron a la empresa a su insolvencia.
Fuentes de Transfrío indicaron que Alvarado fue apartado de la cooperativa, creada para el transporte de pescado del puerto de Vigo, por "competencia desleal". Según estas fuentes, Alvarado se dedicaba a realizar negocios de transporte de pescado por su cuenta al margen de la cooperativa, lo que estaba rigurosamente prohibido en los estatutos.
"Se le abrió un expediente sancionador en el que se aportaban pruebas concluyentes, como fotografías realizadas por dectetives de cargas al margen de la organización", indican las mismas fuentes.
Ante esta situación, el consejo rector optó por unanimidad a mediados del año pasado expulsar a Alvarado, lo que después fue ratificado también por acuerdo unánime por la asamblea general de los socios de la cooperativa.
"La pérdida de esa facturación no es determinante para la insolvencia de un grupo tan grande como Alvarado. Además, cuando se produjo su expulsión la empresa llevaba varios meses sin pagar a una buena parte de sus empleados y a estaciones de servicio, alguna de las cuales le debía más de 1,5 millones y que se vio obligada a presentar concurso de acreedores", añaden esas fuentes.
La cooperativa de transporte del Puerto de Vigo tiene una flota de 40 camiones de diez empresas asociadas -que según las necesidades puede ver incrementada el número de unidades- y supone casi la mitad del movimiento de la pesca de O Berbés por carretera.

22 de febrero de 2013

Faro de Vigo


El grupo vigués de transporte Alvarado solicita concurso de acreedores para sus 4 sociedades

La compañía culpa de su situación al alza de los carburantes y a su expulsión de la Cooperativa de Transportes del Puerto de Vigo - Llegó a tener más de 100 camiones y unos 150 empleados

El grupo vigués Alvarado, una de las grandes compañías del sector del transporte y logística de pescado, acaba de solicitar concurso de acreedores voluntario para cuatro de sus sociedades -Alvarado-Frío Distribuciones, Herederos de Raúl Alvarado, Hermanos Alvarado Sampayo y Finur Alvarado- ante el juzgado de lo Mercantil número Tres de Vigo, que todavía estudia su admisión a trámite.
La compañía afirma que las causas de la situación económica de la sociedad y las que le han abocado a la presentación del procedimiento concursal se debe al incremento de los precios del combustible que ha influido de manera muy negativa en la sociedad y el haber sido expulsada de la Cooperativa de Transportes del Puerto de Vigo.
Según la compañía, su expulsión de la Cooperativa de Transportes le causó graves perjuicios y le supuso una pérdida de una facturación anual media de 300.000 euros. La filial afectada por esta expulsión, Herederos de Raúl Alvarado, ha presentado una impugnación a los acuerdos de la cooperativa que preside Servando Fernández Pol, que a su vez es socio de Raúl Alvarado Sampayo en cinco sociedad vinculadas a la logística y transporte de pescado.
Además, el grupo Alvarado achaca su entrada en concurso a la fuerte competencia que en el sector del transporte están causando autónomos y pequeñas empresas que disponen de dos o tres camiones, y que ofertan a la baja sus servicios, incluso por debajo del precio de mercado.
La compañía llegó a ser hasta hace dos años una de las más importantes en el sector del transporte de pescado, llegando a disponer de una flota de un centenar de camiones y dar empleo a unas 150 personas. Según fuentes sindicales, en la actualidad la firma dispone de unos 80 vehículos de transporte y el número de empleados se ha reducido hasta el centenar.
La filial Alvarado Frío-Distribución dispone de una nave de más de 6.000 metros cuadrados en el Parque Logístico de Valadares, donde están ubicadas otras empresas del sector.
El grupo Alvarado no es el único que se ha visto afectado por la crisis en los últimos meses. El grupo Azkar redujo a la mitad el espacio que ocupaba en Valadares y alquiló la otra mitad del Grupo PSA como almacén. También en la compañía Transportes Ochoa entró en liquidación y cerrará las naves que tiene en ese mismo polígono.
La empresa Transportes Ochoa, con sede central en Zaragoza, cesó definitivamente su actividad por falta de acuerdo con sus principales acreedores, entre ellos los transportistas a los que adeuda doce millones de euros.
El grupo Alvarado solicita que el concurso sea declarado conjuntamente y tramitados de forma coordinada para las cuatro sociedades, sin consolidación de las masas.
Fuentes del sector indican que la empresa tuvo una gran presencia en el puerto vigués hace dos años y que fue perdiendo clientes por la crisis. Su lugar ha sido ocupado por otras compañías de transportistas, según estas mismas fuentes.

CRTVG

O Grupo de transportes Alvarado pide entrar en concurso de acredores

Un dos grandes grupos empresariais dedicados ao transporte frigorífico de Galicia, o vigués Transportes Alvarado, solicitou a entrada no concurso de acredores debido á difícil sitación económica pola que atravesa. A compañía chegou a ter máis dun cento de camións e 150 empregados. Atribúelle a súa insolvencia á suba dos carburantes e á súa expulsión da Cooperativa de Transportes do Porto de Vigo.

Diario de Pontevedra

Los EREs crecieron más de un 56,3% durante el pasado año

Los expedientes de regulación de empleo crecieron un 56,3 % en 2012, llegaron a 33.075 y afectaron a 451.893 trabajadores, un 31,51 % más que el ejercicio anterior, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Del total de expedientes autorizados o comunicados el mayor aumento se ha producido entre los de reducción de jornada (96,36 %), seguidos de los de suspensión de contrato (45,85 %) y en menor medida los de extinción total (21,62 %). Paralelamente, los trabajadores afectados por ERE de reducción de jornada subieron un 51,5 %, los de suspensión temporal un 32,27 % y los de extinción un 11,27 %.

La principal causa alegada ante el Ministerio por las empresas es la aplicación de medidas económicas (47,8 %), una motivación que es la que más ha crecido respecto a 2011, ya que se ha multiplicado por más de dos.

A continuación se han alegado causas organizativas o de producción (24,52 %), problemas de tesorería o financiación (16,38 %), y de restricción de demanda (5 %) o baja productividad (4 %). Por sectores de actividad, el más tocado ha sido el de servicios (53,63 %), seguido de industria (29,51 %) y construcción (15,16 %).

En atención al tamaño de la empresa, más de la mitad de los eres (50,42 %) se han producido en microempresas de menos de nueve trabajadores, seguidas por las pequeñas (30,65 %) y las medianas -entre 50 y 249 trabajadores- (10,24 %). En lo que concierne tan solo al mes de diciembre de 2012, se autorizaron o comunicaron 3.117 expedientes, un 6,87 % más que en noviembre, que afectaron a 45.083 trabajadores (40,72 % más que un mes antes).

21 de febrero de 2013

Faro de Vigo


Barreras indica que hay acuerdo pero falta la firma sobre el nuevo plazo de los avales

El presidente de Barreras, José García Costas, aseguró ayer que ya hay acuerdo con Pemex para ampliar el plazo -el pactado inicialmente expiró el lunes- para conseguir los avales necesarios para la construcción de un buque hotel, aunque avanzó que la firma tendrá lugar "en los próximos días". García Costas indicó que el plazo definitivo todavía está por determinar, y explicó que personal del astillero vigués estuvo la semana pasada en México para "resolver algunas cosas", que no ha concretado.

Faro de Vigo

Argentina defiende la expropiación de Vieira para convertirla en un ´proyecto de Estado´

Santa Cruz presenta un escrito en un Juzgado Nacional para justificar la legalidad de la norma por la que se adueñó de la firma gallega - Eduardo Vieira está "esperanzado"


El Gobierno provincial de Santa Cruz, que el pasado 20 de septiembre aprobó la ley de expropiación de la filial argentina del Grupo Vieira, no se rinde y persevera en su intento por quedarse con todos los bienes de la pesquera de Vigo sin contrapartida alguna. Los administradores de Vieira Argentina presentaron a finales de octubre un recurso de inconstitucionalidad contra la norma provincial, y un Juzgado Nacional apreció visos de ilegalidad en la misma. Santa Cruz tenía hasta el 19 de febrero (este martes) para personarse en sede judicial, y esperó al último día para hacerlo. Según pudo saber FARO, el Ejecutivo santacruceño presentó ante el juez Horacio Francisco Robledo un escrito "para justificar su ley" y defender la "legalidad" de la expropiación.
El Gobierno provincial -comandado por el Partido Justicialista de Cristina Fernández Kirchner- ataca la "mala gestión" del Grupo Vieira, y alega que su intención es la de hacerse con la factoría, el frigorífico y los siete buques de la firma gallega para convertirla en "un futuro proyecto empresario del Estado". De hecho, y como avanzó este diario en exclusiva, el gobernador Daniel Peralta (de Santa Cruz) presentará un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que Vieira Argentina se convierta en una sociedad pública estatal. Esto se producirá en cuanto el órgano legislativo retome su actividad el próximo día 25 de febrero.
Con esperanza
El presidente del grupo pesquero, Eduardo Vieira, se muestra "esperanzado" pese a que el Ejecutivo provincial argentino no cesará en su intento de arrebatar la filial. "Esta fecha era clave, pero ahora hay que esperar a conocer el texto completo (ayer fue festivo en Argentina) para ver cómo podemos actuar procesalmente", explica. Preguntado por los planes de Santa Cruz de convertir Vieira en un ente similar a la Lotería Nacional o la Operadora Ferroviaria (similar a la Renfe española), el dueño de la empresa cree que hay que esperar por la decisión del Alto Tribunal.
"Si es o no constitucional tendrá que decidirlo el juez". Los letrados del empresario explicaron ayer en conversación telefónica que los argumentos de Santa Cruz "serán similares a los que utilizaron con la ley expropiatoria". Por ejemplo, que los bienes de Vieira son "de utilidad pública" para "procurarle una continuidad económica, mantener las fuentes de trabajo y la explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz", rezaba la ley expropiatoria 3287. Por lo pronto el gobernador Daniel Peralta no disimula sus intenciones. "Vieira, empresa recuperada por los trabajadores, futuro proyecto empresario del Estado", publicó en su cuenta personal en la red social Twitter.
"Yo espero que no puedan seguir adelante", confiesa Vieira. "Y ya veremos si podemos poner en marcha las medidas cautelares". El empresario se aferra a que las licencias de pesca de los siete buques de la filial argentina todavía son de su propiedad. Se trata de los tangoneros Tabeirón, Tabeirón Dos, Vieirasa Quince, Vieirasa Dieciséis y Miriam y los poteros Vieirasa Diecisiete y Vieirasa Dieciocho.
"Las licencias para el langostino y la pota las otorga Pesca Nación, no la provincia", de ahí que se aferre a la titularidad de su flota para salvar algo de su filial. El frigorífico -situado en la localidad de Puerto Deseado- ya fue alquilado a Argenova (filial de Pescanova). La factoría, "que es impresionante y en la que hemos invertido mucho", no preocupa tanto al empresario vigués. "Espero que nos la devuelvan, estamos haciendo todo lo posible para recuperar lo que es nuestro", incidió Eduardo Vieira, "pero me preocupan más los barcos".

Atlantico Diario

Barreras dice que conseguirá los avales del flotel de Pemex

García Costas asegura que 'en próximos días' se firmará con Pemex un acuerdo para aplazar la construcción y ganar tiempo.
 
El presidente de Barreras, José García Costas, negó ayer que haya firmado con Pemex la ampliación del plazo -el pactado inicialmente expiró el lunes- para conseguir los avales necesarios para la construcción de un buque hotel, aunque avanzó que se hará 'en los próximos días'.

En declaraciones a los medios, García Costas dijo que, 'de momento', el nuevo plazo 'no se ha firmado' y se quejó de la publicación de noticias relativas a este asunto que, 'en su gran mayoría, no se corresponden con la realidad'.

Abundó en que 'no hay firmado ningún plazo, lo que no quiere decir que no haya acuerdo', y explicó que personal del astillero vigués estuvo la semana pasada en México para 'resolver algunas cosas', que no concretó.

García Costas habló de un 'acuerdo total' para la construcción en Barreras de uno de los dos buques hoteles encargados por Pemex en Galicia, e hizo hincapié en que las negociaciones con la petrolera mexicana son 'absolutamente nítidas y fiables', por lo que no alberga 'ninguna duda'.

Tampoco la tiene sobre el hecho de que Barreras acabará por conseguir los avales que negocia con varias entidades. 'Eso ni lo contemplo. Si lo contemplara, lo diría', contestó a la pregunta de si Pymar podría avalar la operación en el caso de que las negociaciones de Barreras con los bancos no fructifiquen.

Por lo demás, pidió 'a todos' 'un favor especial': que 'dejen trabajar' a Barreras en la búsqueda de los avales, y garantizó a los periodistas que 'cuando haya algo que decir', que espera que 'sea pronto', estará 'muy gustoso' de comunicarlo. Preguntado por si aprecia un exceso de 'politización' en este asunto, recalcó que está 'muy agradecido' a la Xunta por su 'intervención' pero recordó que 'quienes estamos trabajando con Pemex somos los astilleros'.

Atlantico Diario


Transportes Ochoa, con una planta en Vigo, echa el cierre

Transportes Ochoa, con instalaciones en el Parque Tecnológico de Valladares, echa el cierre por no poder afrontar la deuda de 70 millones que contrae con sus acreedores.

La compañía con sede en Zaragoza no ha podido superar el proceso concursal en el que estaba inmerso, al no lograr un convenio, y entrará en fase de liquidación, según informa la propia empresa en su página web. Debe 50 millones a los bancos, 12 a transportistas, 4 a los trabajadores y otros tantos a proveedores.

Transportes Ochoa tiene 750 trabajadores en plantilla y unos 650 autónomos les prestaban servicios. Se fundó en los años 30 y prestaba servicios de transporte y logística en España, Portugal y Francia.

La Opinion de La Coruña


La crisis de las suspensiones de pagos

Reyal Urbis se suma a un grupo de grandes insolvencias entre las que se encuentran empresas como Martinsa-Fadesa, Habitat o Nueva Rumasa - La mayoría sobreviven tras fuertes ajustes

La crisis económica actual es la de la reestructuración del sistema financiero, la del drama del paro, de los desahucios y de los mayores concursos de acreedores -antigua suspensión de pagos- de la historia de España. La entrada en concurso de Reyal Urbis -confirmada este martes con una deuda de más de 3.600 millones de euros- supone su inclusión en este selecto club de las empresas con mayor deuda que quedaron al borde de la quiebra. Ocupa el segundo puesto, solo por detrás de la inmobiliaria Martinsa Fadesa. Las diez primeras firmas que aparecen en esta lista entraron en suspensión de pagos entre 2007 y la actualidad, coincidiendo con el inicio y recrudecimiento de las dificultades económicas. La mayoría logró superar el concurso y retomar una actividad normal pero a costa de realizar fuertes ajustes de personal y limpieza de activos. Muchas urbanizaciones, en el caso de las inmobiliarias, quedaron sin concluir. Las mayores suspensiones de pagos de España son:

Martinsa-Fadesa. La inmobiliaria nacida de la fusión de la madrileña Martinsa y la coruñesa Fadesa entró en concurso de acreedores en julio de 2008 con una deuda de 7.000 millones de euros, el mayor de la historia de España. La inmobiliaria era la mayor de Europa y un ejemplo en el sector hasta que las dificultades financieras le llevaron a la suspensión de pagos. Pese a acumular varios años con ingentes pérdidas, la compañía logró superar el concurso en marzo de 2011 con un plan de viabilidad a 10 años.

Reyal Urbis. La inmobiliaria se ve abocada a la suspensión de pagos al no lograr la refinanciación su deuda, de 3.600 millones. Entre los acreedores está el Estado, al que la firma adeuda 1.300 millones.

Habitat. El tercer mayor concurso de acreedores corresponde a esta empresa del sector de la construcción. En diciembre de 2008 se declaró insolvente con un pasivo superior a 2.840 millones. Su viabilidad aún no está garantizada pues la propia firma reconoce que no puede hacer frente a los pagos establecidos en el plan de reflotamiento.

Sacresa. Este grupo inmobiliario suspendió pagos en junio de 2010 con una deuda de 2.600 millones tras no lograr un acuerdo con sus acreedores. A mediados del año pasado logró superar el proceso pero tras un fuerte adelgazamiento de su estructura y de filiales.

Nueva Rumasa. El concurso de acreedores del entramado empresarial de la familia Ruiz-Mateos es el quinto mayor de la historia de España. Las firmas que forman parte del emporio han ido presentando la suspensión de pagos entre 2011 y 2012 a cuentagotas. La deuda del grupo ronda los 2.100 millones.

Alteco y Mag Import. Accionistas destacados de la principal inmobiliaria de Francia, Gecina, y propiedad de Joaquín Rivero y la familia Soler, entraron en concurso en octubre del año pasado con una deuda de 1.625 millones.

Tremón. El grupo inmobiliario suspendió pagos en noviembre de 2008 con un pasivo de 1.000 millones, situación que superó en abril del año pasado.

Aifos. La promotora se declaró insolvente en julio de 2009, con 1.000 millones de deuda. La situación de la firma malagueña provocó que importantes promociones inmobiliarias en la costa andaluza quedasen sin concluir.

Llanera. La constructora valenciana fue la primera, entre los diez mayores concursos de España, en comunicar la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago, en octubre de 2007. Fue la primera gran víctima del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España. A mediados de 2010 logró superar el concurso de acreedores.

ELábaro. La suspensión de pagos presentada por el grupo madrileño en marzo de 2008, con una deuda de 700 millones de euros, finalizó en 2011 con la liquidación de la empresa ante la imposibilidad de reflotar su actividad.



20 de febrero de 2013

La Voz de Galicia


Barreras ampliará el plazo del aval para el flotel para Pemex en «próximos días»

García Costas asegura que de momento no hay nada firmado pero trabajan por solucionar el tema

El presidente de Barreras, José García Costas, ha negado hoy que haya firmado con Pemex la ampliación del plazo -el pactado inicialmente expiró el lunes- para conseguir los avales necesarios para la construcción de un buque hotel, aunque ha avanzado que se hará «en los próximos días».
En declaraciones a los medios, García Costas ha reseñado que, «de momento», el nuevo plazo «no se ha firmado» y se ha quejado de la publicación de noticias relativas a este asunto que, «en su gran mayoría, no se corresponden con la realidad».
Ha abundado en que «no hay firmado ningún plazo, lo que no quiere decir que no haya acuerdo», y ha explicado que personal del astillero vigués estuvo la semana pasada en México para «resolver algunas cosas», que no ha concretado.
«Acuerdo total»
García Costas ha hablado de un «acuerdo total» para la construcción en Barreras de uno de los dos buques hoteles encargados por Pemex en Galicia, y ha hecho hincapié en que las negociaciones con la petrolera mexicana son «absolutamente nítidas y fiables», por lo que no alberga «ninguna duda».
Tampoco la tiene sobre que el hecho de que Barreras acabará por conseguir los avales que negocia con varias entidades financieras.
«Eso ni lo contemplo. Si lo contemplara, lo diría», ha contestado a la pregunta de si Pymar podría avalar la operación en el caso de que las negociaciones de Barreras con los bancos no fructifiquen.
Por lo demás, ha pedido «a todos» «un favor especial»: que «dejen trabajar» a Barreras en la búsqueda de los avales, y ha garantizado a los periodistas que «cuando haya algo que decir», que espera que «sea pronto», estará «muy gustoso» de comunicarlo.
«Quienes estamos trabajando con Pemex somos los astilleros»
Preguntado por si aprecia un exceso de «politización» en este asunto, ha recalcado que está «muy agradecido» a la Xunta por su «intervención», sin la cual la firma del contrato con Pemex «no habría sido posible», pero ha recordado que «quienes estamos trabajando con Pemex somos los astilleros».
Por eso, ha reiterado: «Déjennos trabajar. Su actuación -la de la Xunta- ha sido encomiable, pero insisto, déjennos trabajar».

Faro de Vigo

Barreras asegura que obtendrá los avales para el flotel

José García Costas declara que el astillero firmará en breve el aplazamiento de la construcción para el flotel de Pemex

 El presidente de Barreras, José García Costas, asegura que "en próximos días" se firmará con Pemex un acuerdo para aplazar la construcción del flotel, para dar tiempo al astillero vigués a que consiga los necesarios avales financieros.
En declaraciones este miércoles a los medios tras asistir a un desayuno coloquio protagonizado por la delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, y organizado por Nueva Economía Forum, José García Costas ha subrayado que "hay acuerdo" con Pemex para ese aplazamiento, aunque todavía no se ha firmado, porque "no se considera imprescindible", aunque se suscribirá pronto.
Por lo demás, el empresario vigués ha afirmado que no contempla la posibilidad de recurrir a Pymar para pedir apoyo económico, ya que no considera que Barreras no vaya a conseguir los avales financieros necesarios para construir el barco. "Esperamos culminar el proceso en el menor tiempo posible", ha apuntado.
García Costas también ha elogiado el papel de la Xunta de Galicia, sin cuya intervención los contratos "no habrían sido posibles". A ese respecto, ha señalado que el acuerdo con Pemex para construir el flotel "es total" y las negociaciones son "absolutamente nítidas y fiables", pero ha pedido que se les deje "trabajar" para culminar con éxito las gestiones.

 

Freire y Valiña y los mexicanos SENI y TNG se alían para hacer los remolcadores de Pemex

Firmarán un acuerdo marco en mayo para optar a estos buques y otras unidades de la flota menor de la petrolera - Los barcos se comenzarán a construir en el segundo semestre de este año

  Los astilleros gallegos Freire y Valiña y los mexicanos SENI, ubicado en Mazatlán (Sinaloa), y TNG, de Serport (Baja California), conformarán el núcleo duro para la construcción de la flota menor de Pemex, que podría alcanzar las 25 unidades según revelaron en las últimas semanas fuentes de la Xunta.

Los proyectos conjuntos entre los dos astilleros gallegos y los dos mexicanos "han avanzado mucho en los dos últimos meses", señalan fuentes conocedoras de la operación que afirman que "en estos momento se están estudiando con qué equipos de dotarán a estos buques".


Caballero plantea que Pymar aporte el aval de Barreras si no se lo dan los bancos

Figueroa asegura que el compromiso de la Xunta es que "el flotel de Pemex se construya aquí"

 El alcalde de Vigo, Abel Caballero, planteó ayer que la sociedad de reconversión del naval, Pymar, se haga cargo del aval que necesita Barreras para construir un hotel flotante para Pemex si el astillero vigués no logra que cristalicen las negociaciones con los bancos. Caballero remitió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con tal planteamiento, y ha recordado que cuando gobernaba el PSOE, él personalmente se "encargó" de que Pymar avalase al otro gran astillero de la ría viguesa, Vulcano.
Ha abundado en que existen "antecedentes" de este tipo de operaciones y en que "no hay nada" que lo impida ahora con Barreras, y ha recalcado que "mil empleos dependen de esto", de que el mayor astillero privado de España salga a flote.
Por su parte, el portavoz del PP en Vigo, José Manuel Figueroa, resaltó que "nadie como la Xunta se está moviendo y trabajando" para que uno de los hoteles flotantes de Pemex se construya en la ría viguesa.
Figueroa indicó que "el compromiso de la Xunta con Vigo y con Barreras es total para que el flotel de Pemex se construya aquí".
El presidente de PP vigués subrayó que "no es momento de frivolizar" con un proyecto que supondría "un respiro" para el sector naval de la ciudad y que daría empleo a "muchos trabajadores" de la comarca viguesa.

Atlantico Diario

Barreras firmará en los 'próximos días' ampliación del plazo para los avales

El presidente de Barreras, José García Costas, ha negado hoy que haya firmado con Pemex la ampliación del plazo -el pactado inicialmente expiró el lunes- para conseguir los avales necesarios para la construcción de un buque hotel, aunque ha avanzado que se hará 'en los próximos días'.

En declaraciones a los medios, García Costas ha reseñado que, 'de momento', el nuevo plazo 'no se ha firmado' y se ha quejado de la publicación de noticias relativas a este asunto que, 'en su gran mayoría, no se corresponden con la realidad'.

Ha abundado en que 'no hay firmado ningún plazo, lo que no quiere decir que no haya acuerdo', y ha explicado que personal del astillero vigués estuvo la semana pasada en México para 'resolver algunas cosas', que no ha concretado.

García Costas ha hablado de un 'acuerdo total' para la construcción en Barreras de uno de los dos buques hoteles encargados por Pemex en Galicia, y ha hecho hincapié en que las negociaciones con la petrolera mexicana son 'absolutamente nítidas y fiables', por lo que no alberga 'ninguna duda'.
Tampoco la tiene sobre que el hecho de que Barreras acabará por conseguir los avales que negocia con varias entidades financieras.

'Eso ni lo contemplo. Si lo contemplara, lo diría', ha contestado a la pregunta de si Pymar podría avalar la operación en el caso de que las negociaciones de Barreras con los bancos no fructifiquen.

Por lo demás, ha pedido 'a todos' 'un favor especial': que 'dejen trabajar' a Barreras en la búsqueda de los avales, y ha garantizado a los periodistas que 'cuando haya algo que decir', que espera que 'sea pronto', estará 'muy gustoso' de comunicarlo.

Preguntado por si aprecia un exceso de 'politización' en este asunto, ha recalcado que está 'muy agradecido' a la Xunta por su 'intervención', sin la cual la firma del contrato con Pemex 'no habría sido posible', pero ha recordado que 'quienes estamos trabajando con Pemex somos los astilleros'.

Por eso, ha reiterado: 'Déjennos trabajar. Su actuación -la de la Xunta- ha sido encomiable, pero insisto, déjennos trabajar'.


Barreras firmará en breve el aplazamiento para el flotel de Pemex y dice que conseguirá avales financieros


El presidente de Barreras, José García Costas, asegura que 'en próximos días' se firmará con Pemex un acuerdo para aplazar la construcción del flotel, para dar tiempo al astillero vigués a que consiga los necesarios avales financieros.

En declaraciones este miércoles a los medios tras asistir a un desayuno coloquio protagonizado por la delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, y organizado por Nueva Economía Forum, José García Costas ha subrayado que 'hay acuerdo' con Pemex para ese aplazamiento, aunque todavía no se ha firmado, porque 'no se considera imprescindible', aunque se suscribirá pronto.

Por lo demás, el empresario vigués ha afirmado que no contempla la posibilidad de recurrir a Pymar para pedir apoyo económico, ya que no considera que Barreras no vaya a conseguir los avales financieros necesarios para construir el barco. 'Esperamos culminar el proceso en el menor tiempo posible', ha apuntado.

García Costas también ha elogiado el papel de la Xunta de Galicia, sin cuya intervención los contratos 'no habrían sido posibles'. A ese respecto, ha señalado que el acuerdo con Pemex para construir el flotel 'es total' y las negociaciones son 'absolutamente nítidas y fiables', pero ha pedido que se les deje 'trabajar' para culminar con éxito las gestiones.

Atlantico Diario

Galicia baja sus exportaciones en un año récord para España

Las ventas al exterior de la comunidad cayeron en 2012 un 5,9% mientras en el Estado subieron un 3,8%.
 
El dinamismo exportador del conjunto de España a lo largo del pasado año 2012 no tuvo su reflejo en la comunidad gallega. Mientras en el conjunto del Estado las ventas al exterior crecían un 3,8% y superaban los 222.000 millones de euros, que supone una cifra récord, en Galicia descendieron un 5,9%, hasta los 16.496 millones de euros,

Pese a los malos datos, provocados fundamentalmente por el difícil momento que atraviesa el sector de la automoción, Galicia sigue manteniendo una balanza comercial positiva con un saldo en superávit (más exportaciones que importaciones) de 1.674 millones de euros y es gracias a la provincia de Pontevedra y Vigo, únicas en la comunidad con saldo positivo de 1.959 millones.

No obstante, Galicia perdió el liderato estatal en superávit ya que en los últimos años tenía la balanza comercial más saneada de todo el país y ahora está en el quinto puesto tras Aragón, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra.

DATOS DE ESPAÑA

En lo que atañe al conjunto de España, el dinamismo de las exportaciones permitió disminuir un 33,6 % el déficit comercial acumulado por España en el año 2012 y recortarlo hasta 30.757,4 millones de euros, a pesar de que siguió aumentando la factura de la energía, consecuencia de la elevada dependencia energética del exterior. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Competitividad, las exportaciones crecieron el pasado año el 3,8 % y alcanzaron un importe de 222.643,9 millones de euros, el mejor dato de toda la serie histórica que comienza en 1971.

Frente al crecimiento de las exportaciones, las importaciones descendieron el 2,8 %, hasta 253.401,2 millones, en línea con la caída de la demanda nacional tanto por parte de los hogares como de las empresas.

Con estos datos, la tasa de cobertura (porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones) se situó en el 87,8 %, un nivel que nunca había sido tan alto desde que existen registros.

La debilidad de la demanda interna explica en parte la buena evolución de la balanza comercial, según ha reconocido el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, quien -no obstante- cree que ha pesado más la ganancia de competitividad de las mercancías españolas y la sustitución de productos importados por nacionales.

García-Legaz se ha confesado 'francamente optimista' y ha confiado en que los buenos datos de exportaciones en 2012 sean todavía mejores en 2013 a pesar de la debilidad de la zona euro.

De hecho, el saldo con la Unión Europea -principal socio comercial de España- registró un superávit de 12.571,1 millones, el triple del obtenido en 2011, pese a la ralentización económica de la región.