DF

Síndico tramita financiamiento en banca por US$ 11 millones

Filiales de Pesca Chile se venderían por separado en un plazo de hasta doce meses

La deuda consolidada del negocio salmonero de Pesca Chile suma US$ 367 millones.

En un lapso de entre seis y doce meses espera vender las salmoneras locales de Pesca Chile -Acuiova y Nova Austral- el síndico de quiebra de la filial local de Pescanova, Herman Chadwick. Así lo afirmó en la primera junta de acreedores de la sociedad, realizada ayer en dependencias del 4to Juzgado Civil de Santiago.

Con ese enfoque el síndico está negociando con la banca. “Le he pedido a los acreedores financieros de las filiales renovar los créditos por el plazo de seis meses a un año, bajo una misma tasa, con el objetivo de poder vender las compañías en un plazo de seis a doce meses y pagarle a ellos en un 100% sus créditos en ese tiempo”.

Lo mismo pidió a los proveedores. “Sé que hay algunos que son chicos y que las deudas les afectan y pueden hasta quebrar, pero hoy estamos operando al contado con ellos, para que mantengan un flujo positivo de dinero, pero respecto a sus pasivos esperamos entre seis y doce meses poder pagarles”, señaló.

Tras la celebración de la junta, Chadwick afirmó que la modalidad de venta sería preferentemente desagregada, descartando así ofrecer como paquete a Acuinova y Nova Austral.

Los pasivos


La deuda consolidada del negocio de salmonero de Pesca Chile suma US$ 367 millones, según lo informado por Chadwick. El monto incluye las deudas bancarias, a proveedores, otros pasivos y otras fuentes de financiamiento, tanto de Acuinova y Nova Austral.

Y es que sólo los créditos verificados hasta el momento suman $ 111.865,5 millones, siendo los principales acreedores Pescanova, Banco BCI, Banque Internacionale de Commerce y DNB Bank.

Chadwick ratificó lo informado por Diario Financiero, en el sentido de las negociaciones con la banca para obtener financiamiento. “Se está tramitando un financiamiento en los bancos por US$ 11 millones para poder comprar alimento por 90 días”, dijo.

Decisiones tomadas


En la junta se ratificó a Chadwick como síndico de la quiebra, además de la continuidad de giro de la compañía. Ambas decisiones por unanimidad de los asistentes.

Asimismo, se determinó cambiar las actuales Autorizaciones de Pesca de la compañía por las llamadas Licencias de Pesca Transables (LTPs), que de acuerdo a la recomendación del síndico “le dará más liquidez a sus activos”, ya que “pueden venderse, arrendarse, entregarse en comodato, etc.”

Cinco Dias

Bruselas y el 'tax lease'

Hace ahora dos años que el sector naval español recibió la noticia de la apertura de un expediente de la Comisión Europea, al entender que había indicios de ayuda de Estado en lo que se conoce genéricamente como Tax Lease de construcción de buques.

Los rumores provenientes de Bruselas no son muy halagüeños. Parece que la Comisión va a condenar a España, por entender que se ha infringido el ordenamiento europeo y exigir la devolución, lo que tendría un efecto devastador.

La Comisión Europa, adalid y máxima defensora de la competencia dentro del territorio de la Unión, provocará, con su decisión (si fuera finalmente condenatoria con devolución), el fin de todo un sector industrial, algo que sin duda no tiene precedentes, ni en España ni en Europa (y que, en cualquier caso, resulta paradójico). Es decir que, en aras a defender la competencia, desaparece la competencia. Absurdo. Parece duro decir que la Comisión va a destruir un sector, pero es más que probable que esa sea la consecuencia – incluso a corto plazo – de la temida Decisión. Estamos hablando de 80.000 puestos de trabajo.

En primer lugar, parece que la Comisión maneja (¿ingenuamente?) el argumento de que los obligados a la devolución nunca serían los astilleros, sino los armadores y los inversores (cualquier empresa de cualquier sector que hubiera participado). Parece difícil comprender cómo unos inversores, de muy distintos sectores, por medio de una inversión básicamente financiera, pueden haber distorsionado la competencia. Y, mucho más difícil, entender cómo la devolución de los beneficios fiscales disfrutados repondrá la competencia a su estado inicial. ¿De verdad hay alguien en la Comisión que así lo cree?

Hay multitud de argumentos jurídicos que impiden la devolución de las ayudas, pero topamos con un desprecio olímpico por el ordenamiento. A ello le podemos añadir una injusta sensación de discriminación, que resulta palmaria si recordamos que a Francia se le cocinó una decisión, en un asunto casi idéntico, para que no hubiera recuperación. Con la política hemos topado.

La Comisión y, más concretamente, su comisario de Competencia, entiende que no hay problema, que la industria de la construcción naval en España está asegurada, pues no se va a exigir devolución alguna a los astilleros. Este argumento es una media verdad, que como todo el mundo sabe es la peor de las verdades. Solicitar la devolución de las ayudas a los inversores traerá consigo un efecto inmediato: ninguno de ellos volverá a invertir un solo euro en este sector.

La construcción naval en España necesita ayudas de este tipo para competir en el mercado mundial. Sin ellas es impensable su supervivencia. Tanto es así que hasta la propia Comisión ha autorizado un nuevo marco de incentivos fiscales para la construcción naval en España, un nuevo Tax Lease. Pues bien, ese nuevo marco no va a llegar a nacer si no existen inversores que lo sustenten. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que aquellos inversores (o cualesquiera otros) a los que se les va ahora a exigir que devuelvan las deducciones fiscales tomadas en su día, hace años, incluso muchos años, volverán a invertir en este sector?

El efecto devastador no acaba aquí. Aquellos astilleros que sobrevivan a esta hecatombe necesitaran, como cualquier otra industria, líneas de financiación, avales y otros instrumentos financieros que conceden los bancos. Éstos, unos de los principales inversores del Tax Lease, darán la espalda a este sector y, consecuentemente, le retirarán todo su apoyo.

Por otro lado, los armadores extranjeros no querrán volver a asumir riesgos en un entorno tan inseguro como éste, en el que la Ley y las autorizaciones gubernativas no son garantía jurídica suficiente y, consecuentemente, no querrán contratar la construcción de nuevos barcos en España.

Lo más penoso de todo esto es que, sabiendo que la decisión sería injusta, la precariedad de la economía española (y, muy especial, del sector naval) hace que cualquier esperanza de ganar un recurso en el Tribunal de Luxemburgo no sea más que un divertimento jurídico para abogados. El pleito llevará años y la situación es tan desesperada que el sector no podrá sobrevivir más allá de unos pocos meses.

Esperemos que todo esto sea una pesadilla, y que en los próximos días alguien nos despierte con la buena nueva de que la Comisión ha entrado en razón y ha comprendido que existen razones jurídicas, económicas y políticas para – en caso de declarar la ayuda ilegal – impedir la devolución. Quedan sólo unos días y cualquier esfuerzo será poco.

El Pais

El último naufragio del naval

Las exigencias de Bruselas pueden dar la puntilla a los astilleros y sus auxiliares, que en 2009 generaban 12.000 empleos en Vigo de los que solo quedan 3.000

Si las gestiones de última hora no lo evitan, el 17 de julio se firmará el acta de defunción de lo que queda de sector naval en Vigo. Ese día, el Colegio de Comisarios de la Unión Europea, el más alto órgano director de la Administración comunitaria, aprobará la propuesta del responsable de Competencia, el socialista español Joaquín Almunia, por la que se forzará la devolución de 2.800 millones de euros de desgravaciones fiscales aplicadas mediante el tax lease entre 2005 y 2011. Unos 1.800 millones sirvieron para financiar la construcción naval en los anémicos astilleros de Vigo. “Es una noticia demoledora”, lamenta el responsable comarcal de industria de Comisiones Obreras, Ramón Sarmiento.

Tras reponerse de la durísima reconversión de los primeros años ochenta y de la privatización de Barreras de finales de los noventa, hace apenas cuatro años el naval de Vigo daba empleo a 12.000 personas. Solo quedan 3.000 en activo, incluidas las que se dedican a esa parte del sector auxiliar que sobrevive gracias a las exportaciones. Pero el sector es mucho más, es “una auténtica economía alrededor del naval”, explica Sarmiento, compuesta por sectores que dependen directamente de la construcción de barcos como los transportes especiales, ingenieros, fábricas de equipamiento... “Es todavía una parte significativa de la ciudad”, continúa. Todo eso caerá como un castillo de naipes en apenas dos semanas, cuando José Manuel Durão Barroso y sus 27 comisarios den su visto bueno a la propuesta de Almunia.

Frente a las encarnizadas críticas a Almunia del secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, y del también socialista alcalde de Vigo, Abel Caballero, el eurodiputado Antolín Sánchez Presedo opta por la cautela. “Hasta el 17 de julio hay tiempo para introducir cambios en ese borrador”, apunta. Su optimismo contrasta con la crudeza con que se expresó este jueves el propio Almunia, cuando avanzó que no hay marcha atrás en su propuesta. Con todo, Presedo se agarra a la disposición que establece que no serán los astilleros, sino los inversores que se beneficiaron de las bonificaciones fiscales, en su mayoría grandes fortunas, quienes deberán reintegrar el dinero.

Esa cláusula tiene un valor nulo para los sindicatos. “No nos engañemos, será la quiebra total de los astilleros”, zanja Manuel García, secretario de la federación gallega del metal de UGT. “Sostener que la devolución no va a recaer en la construcción naval es un argumento mentiroso y demagógico”, añade. Las razones son variadas. El principal, que la quiebra de los clientes, en este caso los armadores, no puede dejar de tener consecuencia en los astilleros. “Al fin y al cabo, el sector no tiene más de 10 o 12 grandes compradores de buques”, apunta Sarmiento. “Y si finalmente el banco que gestionó la operación pierde, está claro que no volverá a apostar por este sector", continúa García.

Pero hay más implicaciones de los astilleros en el tax lease que acabarán por arrastrarlos con la decisión de Almunia. “Muchos inversores exigieron garantías patrimoniales a los constructores que ahora se harán efectivas”, revela el sindicalista de Comisiones Obreras. “En las operaciones, el más débil, que era el astillero, era el que se responsabilizaba de los posibles problemas. Eran exigencias muy frecuentes en los años en los que más se recurrió al tax lease, para ofrecer un escenario con una garantía del cien por cien de seguridad. Es decir, que al final el astillero sí responde”.

Con todo, la simple incertidumbre sobre la resolución de la Comisión Europea lleva años castigando unas inversiones que suelen superar los 100 millones de euros, y que por lo tanto requieren obligatoriamente de fondos ajenos. “El que financia y el que reclama la financiación exigen seguridad, y seguridad es precisamente lo que el naval de Vigo hace años que no ofrece: estamos espantando a los clientes”, alerta el directivo de un astillero. De ahí que el sector no se esté beneficiando de los incipientes síntomas de recuperación que la construcción naval experimenta en otros países europeos. Pase lo que pase el día 17, no parece que la incertidumbre se vaya a despejar. Los sindicatos confían en que la Administración plantee un pleito comunitario, que podría prolongarse durante años. Pese a su tendencia a ver la botella medio llena, Antolín Sánchez Presedo no oculta otra de las posibles consecuencias de la resolución de Almunia: “No debe descartarse una cascada de demandas al Estado”.

Atlantico

El naval prevé una 'guerra fratricida' si la decisión de Almunia prospera

Sindicatos y empresarios confían en alcanzar una postura común con el Gobierno para acudir a Bruselas

 Comienza la cuenta atrás para la cumbre histórica del naval que se celebrará el lunes en Madrid para consensuar una estrategia en defensa del sector ante Bruselas. 

Empresarios y sindicatos del sector -con una amplia representación de Vigo- acudirán a la cita del ministro de Industria con la idea de crear un frente común que evite 'la aberración y barbaridad' propuesta por el comisario Almunia (devolución de 3.000 millones de euros). 'Existe una esperanza, sabemos que va a salir una postura unánime para presionar en Bruselas, desde luego que se pongan de acuerdo el Gobierno y los presidentes autonómicos es un peso bastante fuerte', explicó en declaraciones a Europa Press Fernando Alcalde, presidente del Clúster del Naval de Galicia (Aclunaga).

Alcalde apuesta por 'una postura unificada para convencer al señor Almunia y a los comisarios de la barbaridad de que se haga realidad el borrador que existe'.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón, cree que 'hay que focalizar esfuerzos en los argumentos jurídicos y en demostrar que la devolución es ilegal, irracional y absolutamente contraria a la competencia real'.

Mallón advirtió que la realidad es que hay una presión desde hace más de dos años de lobbies europeos -noruegos, holandeses y alemanes- que se dedicaron en cuerpo y alma a intentar eliminar de la competencia a los astilleros españoles, que avanzaron muchísimo en embarcaciones de alto contenido tecnológico'. 'Ahora quieren echar el resto', lamenta.


DENUNCIA CONTRA HOLANDA
En este mismo sentido se manifiesta el presidente de Aclunaga, clúster que junto con el Foro Marítimo Vasco también denunció en Bruselas el sistema de bonificaciones fiscales holandés, por lo que advierte de una 'guerra fratricida en Europa'. 'Aquí todos cojeamos de lo mismo. Ni lo nuestro es ilegal ni lo vuestro debería serlo'. 'El naval de Holanda se ha aprovechado a nuestra costa, pero no tanto como pensaba. El ligero repunte durante los dos últimos años es pan para hoy y hambre para mañana porque puede que tengan el mismo problema que en España si la CE le abre un expediente similar', advierte Alcalde en declaraciones a Efe.

Por su parte, CC OO instará al Ministerio de Industria para la configuración de una 'estrategia común sin margen para matices, que defienda lso intereses de los 87.000 trabajadores de este sector industrial tan arraigado en nuestro país', indicó en un comunicado. El sindicato cree que apostar por el naval 'es rentable' por la alta especialización de los astilleros. Con todo recuerda que el expediente abierto por Almunia hace dos años provocó que el nivel de actividad cayera por debajo del 25% desde 2011, especialmente en la Ría de Vigo.

La Voz de Galicia

La tecnológica Blusens sucumbe a la crisis y presenta preconcurso de acreedores

La empresa de electrónica de consumo Blusens también ha sucumbido a la crisis y ha optado por presentar preconcurso voluntario de acreedores, lo que, según distintas fuentes, ocurrió el pasado viernes en los juzgados de A Coruña. Explican también que la situación del mercado y algunas diferencias habidas entre José Ramón García y Miguel Silva, socios fundadores, pudo haber tenido un peso concreto en la toma de la decisión. No han trascendido las cifras de activo y pasivo del preconcurso de la compañía, que se espera llegue a un acuerdo con sus acreedores.

El pasado 12 de junio se hizo pública la salida de Inveravante del accionariado de Blusens, donde controlaba el 47,5 % del capital desde abril del 2008. En aquel momento, la corporación del empresario Manuel Jove justificó su desinversión en su interés por centrarse en los negocios tradicionales como el inmobiliario, la energía y las actividades agroalimentarias

Para hacer factible esta operación, se redujo el capital de Blusens Technology en 5,4 millones de euros. José Ramón García y Miguel Silva, se explicó entonces, habían procedido a la recompra de la participación de Jove, que salía una vez finalizado el plazo de cinco años y acometida la expansión exterior.

En septiembre del año pasado, el máximo ejecutivo de Blusens ponía como un objetivo alcanzar los 100 millones de facturación en el 2013, pero en aquel momento advertía que había fuertes problemas para que las empresas de su sector lograsen financiación a precios razonables, lo que limitaba el crecimiento de la multinacional en el exterior.

Desde la dirección de la compañía, pionera en el ocio multimedia, se hizo una clara apuesta no solo por tener más presencia en Europa, sino por impulsar su implantación en países como México y Brasil.

La Voz de Galicia

El naval gallego ha perdido en dos años 65 empresas y 12.000 empleos

Los sindicatos preparan una huelga a escala estatal a la espera de la reunión del lunes

Dos años sin tax lease han barrido del mercado los astilleros gallegos, condenados a una lenta agonía que ha ido dejando muchos cadáveres por el camino. En total se han cerrado 65 empresas auxiliares y se han esfumado 12.000 de los 16.000 empleos directos con que contaba el sector, que se traducen en más de 50.000 indirectos. El secretario general de Asime, Enrique Mallón, recuerda que muchas de las 300 firmas que aún quedan están al límite de su resistencia, recurriendo a expedientes de regulación cuando no a concursos de acreedores.

La losa que supone una posible resolución negativa del tax lease mantiene las carteras de pedidos de los astilleros en mínimos o completamente vacías. Es el caso de Barreras y Vulcano, que, tras superar sus respectivas suspensiones de pagos, siguen con las gradas vacías, el primero pendiente de que se concrete su operación con Pemex y el segundo, de encontrar armador para el casco del ferri que se adjudicó en Sevilla. También es el caso de Freire, Factoría Naval de Marín y Valiña.

Enrique Mallón denuncia que los lobbies, «o mejor dicho los lobos marítimos europeos, han campado a sus anchas por los pasillos de Bruselas». Pide a Almunia que dimita «antes de convertirse en enterrador».

El presidente de la Xunta reiteró ayer su petición de «máxima unidade», máximos argumentos y máxima presión para evitar lo que considera una decisión «incoherente e discriminatoria» por parte de Almunia con el naval.

La Federación de Industria de CC.?OO. puso ayer por escrito los mandamientos que, a su juicio, tiene que cumplir la cita del lunes en Madrid con José Manuel Soria como anfitrión. El primero, prescindir de partidismos, localismos y personalismos. Subraya que apostar por el naval es «rentable» y que no puede desperdiciarse el know-how acumulado a lo largo de 120 años.

Ante la «preocupante situación de lo que está en juego», los sindicatos preparan un calendario de movilizaciones que puede incluir una huelga estatal.

730 días de lunes al sol esperando la resolución del expediente del «tax lease»

 El 29 de junio es una fecha tristemente señalada para el sector naval español. Fue ese día del año 2011 cuando, tras la denuncia formulada por Holanda, se suprimieron las bonificaciones fiscales a la construcción, el tax lease. Se cumplían ayer, pues, 730 días de lunes al sol para miles de trabajadores, dos anni horribiles a los que están deseando dar carpetazo. Por eso, también están dispuestos a «ir donde haga falta y a movilizarse hasta que el cuerpo aguante» para evitar que el próximo 17 de julio «Almunia firme el certificado de defunción del sector».

Manuel López, Emilio Pérez, José Antonio Fernández y Antonio Fernández, Sesé, ponen cara a un problema que abrió la llegada de la crisis en el 2009, el año más dulce del naval gallego, con los astilleros a reventar de carga de trabajo, y que está barriendo el tax lease.

Manuel López es mecánico naval en Barreras, de cuya plantilla forma parte desde 1997. Cuando llegó tenía más de 350 compañeros, de los que hoy apenas quedan 111. El último barco que construyeron, un flotel, lo entregaron en junio del 2011. Desde entonces, la nada. Sobrevivir gracias a un expediente de regulación de empleo, ya agotado para la mayoría. «Lo de Almunia ha sido un jarro de agua fría después de dos años de espera inútil. El daño para algunos es ya irreparable», dice. No quiere ni pensar que la resolución termine siendo negativa y se aferra a la esperanza: «Confío en que no haya devolución».

Emilio Pérez entró a trabajar en Freire en 1980, donde es responsable de prevención, aunque al sector había llegado seis años antes de la mano de una auxiliar. «Éramos más de 400 en plantilla; ahora somos 63 y la mitad en regulación». El futuro inmediato lo ve igual de negro que el resto. «El 31 de agosto remata el ERE, pero habrá que renovarlo porque en la primera quincena de julio entregamos el oceanográfico que hemos construido para Inglaterra», dice. En el mejor de los casos, y si se cierra la operación del buque escuela que Indonesia acaba de adjudicar a Freire, no se empezaría a cortar chapa hasta el 2014.

Buque de apoyo

José Antonio Fernández se incorporó a la plantilla de Metalships como mecánico hace 15 años. Entonces eran 150: ahora no pasan del centenar. Tiene la suerte de estar trabajando porque su empresa es una de las contadas que han sido capaces de contratar un buque de apoyo a plataformas sin tax lease. «Tenemos trabajo para un año, si no nos asfixiamos antes», dice. Igual que sus colegas, está seguro de que si Bruselas obliga a devolver las ayudas será el final. «El sol nos mata y Almunia también», ironiza.

Antonio Fernández, Sesé, es el más crítico tanto con el comisario de la Competencia como con el PP. «Hay que ser burro para tardar dos años en preparar un documento, que en el caso de otros países se tardó dos semanas en hacer», dice en relación con el primero, al que lanza otra andanada: «Que me hunda un fulano de Holanda, bueno, pero uno que se dice español...». En cuanto al PP, le recuerda que se comprometió a arreglar el problema en 15 días.

Sesé empezó a trabajar en Vulcano en 1980, cuando sumaba una plantilla de 700 trabajadores, de los que hoy apenas quedan 108. Algunos en ERE, la mayoría realizan labores de mantenimiento «porque la carga de trabajo es cero».

Señor Alumnia, recapacite

 Galicia está sorprendida e preocupada pola mensaxe que lanzou o comisario da Competencia, o español Joaquín Almunia. Está sorprendida porque a Comisión Europea non está sendo xusta co sector naval galego e español. Está preocupada por unha ameaza que deixa en vilo, e ao borde dun precipicio, ás miles de familias e traballadores que dependen del. Sorpresa e preocupación que teñen a súa orixe no 2011, cando a  CE, tras unha denuncia a España por parte dunha asociación de estaleiros holandeses, iniciou o procedemento de investigación do réxime do tax lease, o sistema de bonificacións fiscais que se aplica en España e o resto de Europa para a contratación de barcos.

A apertura dese expediente por parte da CE provocou no noso sector naval dous anos de parálise, ao non poder disfrutar dun sistema de financiamento como o que si tiñan os seus competidores europeos. E agora, cun novo sistema xa aprobado, co impulso da Xunta de Galicia en colaboración cos propios estaleiros e Pymar, o comisario Almunia anuncia que pensa propoñer a devolución das axudas percibidas polo sector naval español desde o ano 2005 en diante. Unha mensaxe que, de materializarse, abocaría á ruína a todo un sector.

O trato que se lle quere dar a España non está a ser xusto porque na resolución de expedientes anteriores, como no caso de Francia, non se obrigou á devolución das axudas. Os estaleiros españois, xunto cos armadores, investidores e entidades financeiras, actuaron de acordo ao marco xurídico que estaba vixente. Se no caso de Francia a CE aceptou a existencia de confianza lexítima e seguridade xurídica, non parece haber ningún argumento que non permita aplicar os mesmos principios no caso de España.

Non parece razoable dar un trato discriminatorio e levar ao abismo a un sector que ten amosado un esforzo inigualable, unha fortaleza e capacidade crecente dentro e fóra das nosas fronteiras, que exporta o 90 % da súa produción, con grandes profesionais, tecnoloxía punteira e un importante know how. O sector naval ten unha forte tradición no noso país e un futuro sempre que, claro, unha decisión errada non o trunque agora. Son preto de 87.000 postos de traballo en España, 19 estaleiros privados e toda unha industria auxiliar os que están agora en risco, nas mans do comisario Almunia, por moito que argumente que serán os armadores e os investidores os que terán que devolver as axudas.

Por todo isto, reclamámoslle a Almunia que recapacite, que sexa xusto con Galicia e con España e reconsidere a súa proposta. Xa non porque se trate do seu país -é certo que formalmente non está no seu posto para representar a España-, senón porque a súa decisión tería repercusións negativas sobre o resto dos estados. A mensaxe que se lles envía a investidores e armadores internacionais, se agora os que asinaron contratos cos nosos estaleiros teñen que devolver as axudas, é que non poden confiar nas empresas europeas ao non ter garantía de seguridade xurídica. A UE non a creamos para poñerse trabas a si mesma. Os próximos días son decisivos.  A Xunta está a traballar para unir esforzos cos axentes económicos e sociais, forzas políticas, con Pymar e co resto de Administracións afectadas na defensa dun sector que merece ter a oportunidade de competir en igualdade de condicións que as do resto dos países europeos.

¿Axuda ilegal ou política fiscal?

 Como funciona o «tax lease»?

É unha operación financeira a catro bandas na que participan: un armador, un estaleiro, un inversor en forma xurídica de Agrupación de Interese Económico (AIE) e un banco que presta os servizos de leasing. O asunto transcorre así: o estaleiro vende o buque ao banco, que á súa vez formaliza un contrato de leasing a un prazo moi curto, normalmente 3 anos, cos inversores organizados nunha AIE. Esta AIE alúgalle o barco ao armador, a quen llo acabarán transmitindo ao finalizar a operación. Os reducidos prazos da operación xeran na AIE unhas fortes bases impoñibles negativas que lle reportan unhas desgravacións fiscais que permiten rebaixar o prezo do buque case nun 30 % ao armador e reducir a factura fiscal das firmas inversoras nunha porcentaxe similar.

Que consecuencias ten? Todos gañan: o estaleiro vende o barco a prezo de mercado, o armador aforra un 30 %, as empresas inversoras reducen a súa factura fiscal e o banco cobra unha comisión polos servizos prestados. Pero quen paga? Naturalmente, a facenda pública. Podemos pensar que se trata dun engano para que os máis ricos non paguen impostos, pero é máis complexo. A aplicación deste sistema financeiro permite que compañías con altos beneficios invistan grandes sumas directamente no tecido produtivo, activando un sector que sen esa participación non existiría. Por outra banda, a facenda pública non perde. Cada operación supón xerar actividade económica e emprego do que se derivan retornos fiscais e cotizacións sociais que compensan as achegas iniciais.

Que é o que habería que devolver? Son as desgravacións recibidas polos inversores en cada unha das operacións realizadas dende o ano 2005 as que agora Almunia di que hai que devolver, en total preto de 3.000 millóns. Non está nada claro quen debería facer tal cousa, polo que ao final pode ser o Estado quen asuma a sanción. Se devolvésemos as axudas presuntamente ilegais, engordaríamos o déficit público, atrás viría a Comisión Europea e o FMI esixindo máis control do déficit, ou sexa, máis recortes, que terían consecuencias negativas no crecemento, na recadación fiscal e novamente no control do déficit, para seguir non sei ata cando leados nesta rolda do infortunio da que xa non sei se queren que saiamos nunca.

Por que debemos devolver dende o 2005? «Porque coincide coa apertura dunha investigación a Francia polo seu tax lease». Toma! Como a Xan lle doe a cabeza ímoslle dar unha aspirina a Pericán! Non sería lóxico que a nosa sanción coincidira coa apertura formal da investigación a España derivada da denuncia de Holanda, ou sexa 2011?

Por que existen mecanismos de apoio? En España, dende as reconversións dos anos 80, todos os Gobernos evitaron colocar ao sector industrial como estratéxico. Mentres os países máis industrializados de Europa miman as súas firmas e organizan os recursos en beneficio do desenvolvemento, nós levamos décadas sen unha política industrial estratéxica clara. Europa ten que comprender que o sector non pode asumir máis sacrificios, e ten que escoitar a voz unánime dos galegos e demais comunidades autónomas afectadas nunha reivindicación xusta. Paralelamente a nós, aos nosos gobernantes correspóndelles deseñar unha política que transcenda a duración dunha lexislatura, co obxecto de deseñar un modelo de desenvolvemento sostible tanto medioambiental como económica e socialmente.

Faro de Vigo

Aclunaga prevé una ´guerra fratricida´ en Europa si hay que devolver las ayudas

El Clúster llama a la unión de fuerzas contra los astilleros asiáticos

El presidente del Clúster Gallego del Naval (Aclunaga), Fernando Alcalde, prevé una "guerra fratricida" en el sector en Europa si finalmente la Comisión sanciona a España con el reintegro de parte de las bonificaciones fiscales concedidas durante la vigencia del anterior tax lease, entre 2005 y 2011. Alcalde recuerda, en declaraciones a Efe, que Aclunaga, junto con el Foro Marítimo Vasco, también denunció en Bruselas el sistema holandés de 2009 a 2011 con el propósito de avisar: "Ni lo nuestro es ilegal ni lo vuestro debería serlo".

El mensaje que pretendían transmitir con la demanda era: "Respetémonos y unamos fuerzas contra nuestro competidor principal", la industria china y coreana; "pero parece que los holandeses", cuya denuncia dio origen al expediente abierto al tax lease español hace dos años, "no lo han entendido". Alcalde indica que el naval holandés "se ha aprovechado a nuestra costa, pero no tanto como pensaba", y advierte de que su "ligero repunte" durante los dos últimos años es "pan para hoy y hambre para mañana", porque "puede que tengan el mismo problema que en España" si la Comisión Europea le abre un expediente similar.

Faro de Vigo

Feijóo critica la ´incoherencia´ de Bruselas por ´luchar´ contra el paro y poner en riesgo 80.000 empleos del naval

El BNG llama a la "insumisión" - El PSdeG insiste en "presionar en Bruselas" y al propio Almunia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo ayer un llamamiento a la "máxima unidad, máximos argumentos y máxima presión" para evitar "una decisión incoherente y discriminatoria" por parte del Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, con el sector naval. Feijóo insiste en la urgencia de "evitar algo tan incoherente como que el país que consiguió fondos europeos para luchar contra el desempleo se vea, por una decisión comunitaria, ante el riesgo de perder 80.000 puestos de trabajo en el sector naval". Esa "incoherencia" la ha hecho extensiva al Almunia, del que ha recordado que "fue ministro de Trabajo en España", por lo que ha considerado que "una decisión en contra del empleo es una decisión contra su biografía" política.

Mañana lunes Feijóo acude a una reunión de urgencia en el Ministerio de Industria con el titular del ramo, José Manuel Soria, y al que también acudirán representantes de la sociedad privada Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), los gobiernos autonómicos de Asturias y País Vasco y los sindicatos.

Dimisión e insumisión

El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, exigió por su parte la dimisión del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, por el "golpe mortal" al sector naval derivado de la devolución de ayudas del tax lease si se lleva a cabo, al tiempo que llamó a "la insumisión" para no reintegrar los 2.800 millones de euros que supondría esta medida.

"Hay que presionar a Bruselas, al colegio de comisarios y al señor Almunia", exhortó el portavoz del PSdeG en el Parlamento, Abel Losada, un día después de pedir la dimisión del comisario y compañero de partido. Losada alertó sobre las consecuencias "gravísimas" de la desindustrialización en Galicia, que se agravarían con la decisión de Bruselas de devolver el tax lease.

Faro de Vigo

Holanda ataca de nuevo

Los astilleros neerlandeses, promotores de la denuncia contra el "tax lease" en 2009, recurren en la Corte Europea de Justicia el nuevo sistema de arrendamiento financiero del naval español

Holanda está dispuesta a todo para borrar del mapa a la industria naval española. Cuando se cumplen dos años de la suspensión del tax lease por parte de Bruselas, los astilleros holandeses, promotores de la denuncia contra España en 2009, han recurrido ante la Corte Europea de Justicia el nuevo sistema de arrendamiento financiero español aprobado por la Comisión Europea (CE) el pasado noviembre. El lobby naval holandés, el más potente del sector en Europa junto con el alemán, considera que hay muchas semejanzas entre el nuevo régimen español y el anterior, del que la Dirección General de la Competencia de la CE ya se ha pronunciado en contra, por lo que denuncia que sigue siendo una ayuda estatal.

El recurso holandés fue interpuesto el pasado 8 de marzo por la organización Scheepsbouw Nederland, que agrupa a las patronales Netherlands' Shipbuilding Industry Association (VNSI) y Holland Marine Equipment Association. La entidad, a través de sus abogados, solicitó al Tribunal General de la UE que anule la decisión de la CE de aprobar el nuevo sistema español de amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero, del que se podrán beneficiar tanto los astilleros como otros fabricantes (el nuevo tax lease es genérico, no exclusivo del naval, como el anterior). Fuentes del sector explicaron a FARO que el recurso es una respuesta directa del lobby holandés a la decisión de los astilleros españoles de denunciar a finales del año pasado ante Competencia las ayudas públicas neerlandesas a la construcción naval. Esta demanda fue presentada el pasado diciembre a través del Clúster Naval Gallego (Aclunaga) y el Foro Marítimo Vasco.

El nuevo tax lease español fue aprobado por Bruselas año y medio después de que la Comisión suspendiese el anterior régimen fiscal, ante las sospechas de que pudiesen ser ayudas de estado ilegales. El nuevo régimen permite deducir fiscalmente el coste de determinados activos adquiridos mediante arrendamientos financieros desde el inicio de su construcción, sin esperar a que sean explotados comercialmente. Y complementa la posibilidad, que ya tenían las empresas españolas, de acelerar la deducción de este coste en función de los pagos efectuados en el marco de un contrato de arrendamiento financiero. Bruselas concluyó que este régimen "no implica ninguna ayuda estatal con arreglo a las normas europeas, ya que no favorece a ciertas empresas frente a otras". Pero Holanda no lo cree así.

Fuentes del sector aseguran que esta "guerra comercial" entre países acabará por debilitar al conjunto de la industria naval europea, en beneficio de los constructores asiáticos, sobre todo de China y Corea del Sur. Pero lo cierto es que hasta el momento, al naval holandés el parón español por la denuncia del tax lease le ha venido muy bien. Las factorías navales neerlandesas acumulaban al cierre de 2012 una cartera de pedidos de 129 buques --más del doble que la de los astilleros españoles-- valorada en 2.000 millones de euros. Holanda contrató solo durante ese año 61 buques, frente a los 39 de España. Además, Holanda entregó en 2012 un total de 95 barcos, con un valor superior a los mil millones de euros, y se mantienen en cartera otras 129 embarcaciones que suman 593.893 toneladas brutas compensadas (CGT). Las atarazanas españolas, por su parte, mantenían al cierre del año pasado 57 buques (313.426 CGT) en cartera, según los datos oficiales que recoge la Gerencia del Sector Naval (organismo que será suprimido por el Ministerio de Industria).

Llegado este punto (el naval holandés también está siendo investigado por Competencia a raíz de la denuncia española), fuentes del sector consideran que la CE debería hacer un esfuerzo para armonizar las ayudas a la construcción naval en el conjunto de la UE. "Se está utilizando a los servicios de la Dirección General de Competencia como arma en una guerra comercial entre países, y corremos el riesgo de desaparecer todos", apuntan las mismas fuentes. Éstas ponen como ejemplo de esa armonización el sector de la producción audiovisual, en el que existen unas pautas y límites comunes para todos los países, que mantiene al mismo tiempo su independencia. Esas "líneas rojas comunes" también se podrían aplicar al sector naval.

Faro de Vigo

Veintisiete votos para la condena o el perdón

El Colegio de Comisarios decide el 17 de julio si aprueba o rechaza la propuesta de Almunia, que decreta la "incompatibilidad" del viejo "tax lease" y obliga a devolver las ayudas - El fallo se toma por mayoría simple

"Bruselas somos todos", dijo el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, el pasado jueves en Madrid. Personalizó el aforismo y distribuyó el poder de la Comisión entre nada menos que 500 millones de ciudadanos europeos. Lo cierto es que el día 17 de julio serán 27 personas, los Veintisiete, quienes decidan sobre el futuro de toda una industria y de 87.000 familias en Galicia, Asturias o País Vasco. Toca a 3.222 trabajadores por cabeza. El Colegio de Comisarios se pronunciará sobre la propuesta de Competencia que no solo declara "incompatible" el tax lease, sino que reclama las ayudas derivadas de este sistema de bonificación fiscal que utilizaron los astilleros hasta junio de 2011. Un golpe mortal al sector naval español, una multa retroactiva de 2.800 millones de euros (de los que 1.800 serán imputables a Galicia).

¿Quiénes son, a quién corresponde decidir la supervivencia o la "desaparición de la construcción naval privada en España", como claman los astilleros? El Colegio de Comisarios está formado por 27 personas, una por cada país de la Unión Europea, y se reúnen de forma ordinaria cada miércoles en Bruselas. "En las reuniones semanales, cualquier Comisario puede solicitar que se pase a votación", explica el organismo en su página web. Almunia llevará el día 17 su propuesta que, según explicó a FARO, ya está "siendo debatida internamente" pero cuyo borrador ya han podido consultar en el sector.

Mayoría conservadora

Este órgano está presidido por el portugués José Manuel Durão Barroso y cuenta con siete vicepresidentes. Uno de ellos es el vasco Joaquín Almunia. De los 27 integrantes, 20 son conservadores, bien miembros del Partido Popular Europeo (PPE) o liberales. Apenas seis están en filas del Partido Socialista, y uno de los integrantes es independiente (el rumano Dacian Ciolos, aunque fue nombrado a propuesta del PPE).

Las decisiones se toman por mayoría simple, de modo que con 14 votos en contra el Colegio de Comisarios podría tumbar la propuesta de Joaquín Almunia. En caso de empate la responsabilidad recaería sobre el presidente Barroso, que tiene voto de calidad. En todo caso la presencia de países sin vínculo alguno con la construcción naval y eventuales acuerdos políticos con la competencia española (Holanda, por ejemplo) puede hacer caer en saco roto los argumentos jurídicos que España expone para rechazar la retroactividad de las ayudas derivadas del tax lease.

De los siete vicepresidentes se presupone que Almunia defenderá su propia propuesta, aunque vaya a provocar la destrucción de la industria naval privada. El resto, a excepción del italiano Antonio Tajani (que apuesta por buscar una "solución positiva" para España, o no tienen vínculo con el sector o defenderán el suyo propio. La vicepresidenta y comisaria Neelie Kroes es holandesa (y liberal), y entre los vicepresidentes hay una inglesa (Catherine Ashton), una luxemburguesa (Viviane Reding) y un liberal estonio (Siim Kallas). Otro liberal (alérgicos a todo cuanto se asemeje a una ayuda de Estado) es el finlandés Olli Rehn, responsable de la cartera de Asuntos Económicos. En los departamentos que tendrían, a priori, más peso en esta decisión, solo el húngaro (comisario de Empleo) László Andor es socialista. En Energía, Política Regional o Comercio sus responsables son de Alemania (Günther Oettinger), Austria (Johannes Hahn) y Bélgica (Karel De Gutch, también liberal).

La composición del Colegio, el peso específico de Competencia y la presión de otros países como el neerlandés dificultan, a priori, una buena resolución para España. Fuentes de la industria insisten en defender que actuaron bajo la convicción de que el sistema era válido. La Dirección General de Tributos, sin ir más lejos, firmó cada una de las 273 operaciones que se financiaron con el viejo tax lease. Pero, sobre todo, utilizan el ejemplo francés para reclamar que no se obligue a la devolución de las ayudas. Los galos no tuvieron que pagar nada. Que el 17 de julio sea el día de los 27 del patíbulo es lo que el sector tratará de impedir hasta el último momento. Si los comisarios noquean por KO a los astilleros españoles el Gobierno podrá reclamar ante la Corte Europea de Jusitica y pedir medidas cautelares. Pero eso no disipará, a la vista de las circunstancias, el miedo a contratar barcos en España.
 

Los ´lobbies´ nórdicos del naval, asentados en el Parlamento europeo, disponen de más de medio millón de euros anuales

 Netherland Shipowners, Dutch Metallurgicall, Scheepsbouw Nederland, Vereniging van Ondernemingen, Verband für Schiffbau, Zentralverband Deutscher Schiffsmakler o The Norwegian Shipowners' Association son los principales grupos de presión (lobbies) que trabajan en Bruselas para defender el sector naval de Holanda, Alemania y Noruega. Destinan, entre todos ellos, más de un millón de euros al año de presupuesto para llevar a cabo su cometido: negociar políticamente para beneficiar a sus astilleros y empresas auxiliares.
Según el registro del Parlamento Europeo tienen acreditadas a más de veinte personas para que trabajen día a día en el máximo órgano legislativo comunitario. "Son muy efectivos", asegura el portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón. "Se han revelado como instrumentos eficaces para conseguir ventajas comerciales y fiscales a través de presiones y negociaciones políticas y, obviamente, infringiendo en múltiples ocasiones las normas de leal competencia y la legalidad comunitaria", condena.
Mallón considera que "en expediente de tax lease español se podría llegar a producir, de cumplirse las declaraciones de Almunia, el mayor impacto económico e industrial de la historia de la Unión Europea por impulsos de lobbies".

Faro de Vigo

Remiendos para Pescanova

Las cuentas corregidas arrojarán un agujero patrimonial millonario

El informe preliminar de KPMG, que avanza que las filiales se usaron como sociedades instrumentales para esconder deuda y pérdidas, muestra la necesidad de rehacer las cuentas de Pescanova. Deloitte revelará números rojos durante varios años y el desfase en la deuda, con lo que la compañía se 'comerá' todos sus fondos propios.

Las conclusiones preliminares de la auditoría forense de Pescanova, elaborada por KPMG, muestran una contabilidad "irregular" y "estados contables que no se corresponden con el estado real de la empresa", explicaron a FARO fuentes de toda solvencia. Además de avanzar que las filiales actuaban como "sociedades instrumentales" para ocultar deuda y pérdidas y que hay al menos cuatro directivos implicados en las malas prácticas contables, como ya publicó este diario, el informe preliminar evidencia la "necesidad" de que la administración concursal, Deloitte, "tenga que volver a rehacer las cuentas". "En cuanto incluya el doble de pasivo y las pérdidas acumuladas en sucesivos ejercicios" se "habrán esfumado los fondos propios", explicaron las mismas fuentes. El resultado: un valor patrimonial neto negativo o, en otras palabras, un agujero patrimonial "millonario".

El desfase. La explicación es relativamente sencilla. Pescanova tiene una deuda de más de 3.400 millones de euros, entre lo que debe a los acreedores financieros y los bonos convertibles (sin contar los proveedores). Pero hasta febrero de este año la cifra oficial eran 1.522 millones de euros, con lo que el pasivo es más del doble. La diferencia entre lo que debe y el activo es su valor patrimonial, que equivale a los fondos propios (capital y reservas, capaces de absorber pérdidas). A cierre de 2011, últimas cuentas conocidas -y consolidadas- de Pescanova, su patrimonio superaba los 530 millones de euros. Pero, teniendo en cuenta que la multinacional debe el doble de dinero, su patrimonio no puede ser positivo porque la diferencia entre el activo (2.276 millones a cierre de 2011) y el pasivo (la misma cantidad, a la que habría que sumar la deuda descubierta tras la entrada en concurso) está ya escrito en números rojos: el agujero patrimonial.

Sin beneficios. Los administradores concursales, además de corregir estos datos del balance, deberán incluir "pérdidas acumuladas en los últimos años", que contrastan con la información oficial remitida por la empresa que preside Manuel Fernández de Sousa. "Se esfuman los fondos propios, ese es el agujero patrimonial". ¿A cuánto asciende? Fuentes conocedoras de los trabajos de KPMG aseguran no poseer "un dato cerrado" toda vez "es un informe preliminar" y "el mapa de la deuda sigue siendo una quimera".

Más pruebas. KPMG ha detectado pruebas de facturación falsa, más allá de haber usado líneas de factoring para obtener liquidez de forma presuntamente irregular.

Los directivos. Son al menos cuatro los directivos (uno ya jubilado) que están "implicados" en la supuesta contabilidad paralela de Pescanova. Se trata del director financiero y su predecesor, además del responsable de Administración y el director de Auditoría. La auditoría forense no ha detectado ninguna prueba de apropiación indebida, según pudo saber FARO, sino que los considera como "colaboradores necesarios" para la comisión de graves errores en la contabilidad de la empresa

Sin liquidez. Las líneas de préstamo suscritas por las filiales como Pesca Chile (en quiebra) se fueron prorrogando desde principios de 2012, lo que hace prever que los problemas de tesorería eran graves un año antes de la entrada en concurso de Pescanova.

Atlantico

Los auditores de Pescanova detectan un agujero patrimonial de 1.000 millones

La multinacional viguesa logra el crédito de 56 millones para pagar nóminas y a provedores y evitar el cierre

 Los auditores de Pescanova han descubierto un agujero patrimonial de unos 1.000 millones de euros, con lo que deuda de la multinacional viguesa superaría los 3.100 millones de euros. Así se refleja en el borrador del informe del 'forensic' de KPMG, según publicaba ayer 'El Confidencial'. 

Dicho documento ya está en manos del Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra, que lleva el concurso de acreedores de la pesquera. El informe revela que en 2011 la situación económico-financiera de Pescanova era de pérdidas que estaban ocultas por el entramado societario creado por su presidente Fernández de Sousa, imputado junto con varios accionistas.

Por otra parte, Deloitte, su administrador concursal, firmó ayer el crédito urgente por un importe de hasta 56 millones de euros. La firma de este préstamo se materializó con el respaldo de los bancos integrantes del extinguido 'stering committe' -Sabadell, Popular, NCG Banco, Caixabank y Bankia, a los que se suman Santander y BBVA- y de la Xunta, mientras que la banca internacional (Deustche Bank, Commerzbank y Royal Bank of Scotland) se descolgó.

'Esta operación constituye uno de los escasos ejemplos en el mercado español de nueva financiación recibida por una compañía en concurso de acreedores y permitirá que el grupo afronte la fase común del concurso en una situación más estable de la que tenía en el momento de entrada en el proceso', señaló Pescanova en un comunicado.

El vencimiento de esta línea de crédito es a 10 meses y se destinará fundamentalmente al pago de proveedores y de las nóminas de los trabajadores.

La concesión de este préstamo queda sujeta a las siguientes condiciones: la marca Pescanova y la sede de Chapela se establecen como aval para ejecutar la operación y la inyección de liquidez se destinará a financiar circulante.

Deloitte abordará a partir de ahora la refinanciación de la deuda, sin descartar desinversiones de algunos activos ni la entrada de la banca en el capital de la multinacional pesquera.

Atlantico

Los astilleros censuran el 'desprecio' hacia el sector

Confían en que la presión y el frente común creado en Galicia haga recapacitar a Almunia

Los astilleros vigueses mantienen la esperanza de que Almunia recapacite hasta el día 17 de julio sobre la decisión del expediente al 'tax lease' y para ello confían en el frente común creado en Galicia y especialmente en Vigo.  

 

'Hablar del pasado y de muchas cosas que no se hicieron no nos lleva a ninguna parte. Ahora hay que seguir', dijo ayer el presidente de Barreras, José García Costas, quien censuró 'el desprecio y la obcecación' del comisario de Competencia.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) confía también en que 'la amenaza irracional que lanzó el comisario se desvirtúe después de la actuación técnica, diplomática y política que le hemos rogado in extremis al Gobierno'. 'Si conseguimos que impere la justicia y la racionalidad, podremos evitar la debacle', señaló el secretario general de Asime, Enrique Mallón, en declaraciones a este diario.

La patronal gallega del metal mostró su 'apoyo total' al Ejecutivo central 'para que no nos abandone ante estas demagógicas declaraciones de que a los astilleros no nos afectará una posible resolución', indicó.

En este mismo sentido se manifestó el presidente de Barreras (sin carga de trabajo desde hace más de dos años), quien dijo que las consecuencias del 'tax lease' serían 'terribles' para la empresa por mucho que los barcos que vaya a construir la petrolera mexicana Pemex en sus gradas en sus gradas no se puedan acoger a posibles bonificaciones fiscales futuras y que el camino esté ya 'expedito' para su entrada en el accionariado del astillero vigués, lo que se podría producir de forma inminente. No obstante, admitió que los directivos de Pemex están 'con la mosca detrás de la oreja'. 'Espero y confío en que el tax lease no afecte a la operación. No sé si en México se puede ralentizar algo por el expediente, esperando a una resolución definitiva, pero no me consta que sea así', aclaró.

Pero más allá de la entrada de la petrolera mexicana, José García Costas incidió en que una resolución desfavorable desde Bruselas 'no nos favorece', entre otras cosas porque habría que buscar financiación entre los bancos que no estén involucrados en el anterior sistema de bonificaciones fiscales. 'Todo es muy complicado', dijo. Eso, sin contar con la batalla legal que se produciría, porque 'a ver cómo se repercute sobre un inversor que presentó su declaración de renta anual, aprobada por Hacienda, con operaciones avaladas por Tributos y ahora se le reclama que con cargo a las mismas tiene que devolver no sé qué. Es imposible de aceptar', concluyó el empresario vigués.

Atlantico

El ministro también llamó a la cita en Madrid a todos los astilleros españoles (la mayoría de Vigo) y a los sindicatos con representación en el sector para presionar conjuntamente.

El Gobierno convoca a todo el sector naval, Galicia, Asturias y País Vasco

Políticos, empresarios y sindicatos tratarán de consensuar posturas para presionar conjuntamente ante Bruselas

El Gobierno comenzó a mover ficha ante la amenaza de Almunia. El ministro de Industria, José Manuel Soria, convocó para el lunes al presidente de la Xunta y a sus homólogos de Asturias y País Vasco -las tres comunidades con mayor representación en el naval- con el fin de unificar posturas y crear un frente común ante la Comisión Europea.  

 

El presidente de la Xunta apelado a la 'unidad' de las tres comunidades autónomas y destacó el hecho de que 'sobre el país con más paro de Europa se extienda la duda de que otras 80.000 personas pueden perder su empleo'.

El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, se mostró a favor de promover 'una acción conjunta por intereses comunes' y criticó que el anuncio de Almunia se hizo 'en un contexto sorprendente' y que 'no pone en igualdad de condiciones a España en relación a otros países', como es el caso de Francia en 2005 al que se le eximió de devolver las ayudas.

El Gobierno gallego asegura que 'continuará trabajando' ya que el expediente del tax lease 'aún está en consultas internas', por lo que hay tiempo 'para que la Comisión pueda recapacitar'. 'Hay un margen desde el punto de vista técnico y desde el político promoveremos todas las iniciativas que sean necesarias', indicó.

El lehendakari Iñigo Urkullu aseguró que su gobierno 'está empeñado' en encontrar un solución ante la 'insensibilidad de la Comisión Europea hacia los ciudadanos'. 'No es posible compatibilizar un discurso de apoyo a la generación de empleo y al mismo tiempo provocar que la UE mate a un a sector como el de los astilleros'.

Mientras, el pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó ayer una declaración institucional de apoyo al sector naval, mientras que su presidente mantuvo contactos con Feijóo y Urkullu.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, confió en que se pueda encontrar 'una solución positiva' para la economía española sobre la legalidad del programa de ayudas a los astilleros. 'Yo creo que se puede encontrar finalmente una solución positiva para la economía de España'.

Almunia llevará el día 17 de julio su decisión ante el Colegio de Comisarios y el sector confía en que recapacite hasta entonces.

La Voz de Galicia

Pescanova tiene una deuda oculta de unos mil millones

La banca española y la Xunta salvan el crédito para pagar lo más urgente

KPMG concluirá esta semana su informe forense, del que ya dispone de un primer borrador el juez Roberto de la Cruz, del Mercantil número 1 de Pontevedra, la CNMV y Deloitte, el administrador concursal. La situación parece que se complica para la compañía, según los primeros datos que se han filtrado. Pescanova tiene una pérdida oculta de unos mil millones de euros -«sí, la cantidad se aproxima bastante a esa cifra», confirmaron fuentes próximas al caso-, lo que de confirmarse pondrá en una situación muy complicada al presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, y a su equipo de colaboradores más directos. Si el dato se confirma, tendrán que dar cuentas ante la Justicia de cómo abordaron una ampliación de capital de 125 millones de euros en el 2012, dando al mercado una información falseada, ya que la compañía estaría ya en pérdidas.

¿Cómo se logró ocultar? De acuerdo con fuentes financieras, la situación no se generó «ni en uno ni en dos ejercicios» y para desarrollarla se utilizó un entramado de sociedades que está a punto de desenmarañarse, donde también se escondió un volumen de deuda que superará con creces los 3.000 millones de euros.

Entre tanto, ayer por fin se aprobó una línea de crédito de 56 millones «para atender las necesidades más urgentes de Pescanova», según recoge una comunicación de Deloitte a la CNMV. Solo lo firmó la banca nacional (Sabadell, Popular, NCG, Caixabank, Bankia, BBVA, Santander) y la Xunta.

Este préstamo (euríbor más un 4 %) debe amortizarse a los 10 meses, aunque dentro de 5 meses se tiene que haber abonado un 50 %.

Faro de Vigo

Pescanova recibe un soplo de liquidez de 56 millones y devolverá la mitad en 5 meses

La compañía dispondrá del dinero conforme lo vaya necesitando para gastos corrientes

Con 56 millones de euros se ha logrado hinchar los pulmones de la segunda multinacional de Galicia: Pescanova. Siete bancos acreedores y la Xunta firmaron ayer el acuerdo por el que abren una línea de liquidez por este importe para que la compañía con sede en Chapela afronte sin sobresaltos los próximos meses el pago de las nóminas, el gasóleo o el pienso para sus granjas acuícolas. La administración concursal, Deloitte, podrá así solapar el ruido mediático que salpica a los gestores de la firma y centrarse en elaborar el informe concursal y garantizar la actividad de un gigante de más de cien filiales.

La liquidez estará disponible para Pescanova de forma inmediata y los prestamistas no van a desembolsar los 56 millones de golpe, sino que la compañía echará mano de esta línea de crédito según lo vaya necesitando. Eso sí, el vencimiento de este préstamo es a diez meses vista, cuyo reembolso está garantizado. No en vano se trata de un préstamo fresh money (concedido a una empresa en concurso), con carácter de deuda privilegiada y avalado nada menos que con la marca Pescanova y las instalaciones centrales de la multinacional. Deloitte, como administrador, deberá amortizar el 50% del crédito que hay utilizado en los cinco primeros meses, según pudo saber FARO, de modo que bancos y Xunta se garantizan la recuperación de la mitad del préstamo en un plazo muy corto de tiempo y a un interés considerable.

La letra pequeña

Las condiciones son las ya conocidas. A saber, un tipo de interés del 4% más el Euribor (0,5%), y cada entidad aportará capital a esa línea de crédito en función de la deuda que ya tienen contraída con Pescanova, una vez descontado el 7% que saldrá de las arcas de la Xunta (casi cuatro millones de euros). De este modo, la mayor aportación será la de Banc Sabadell, seguida del Popular, NCG Banco, CaixaBank, Bankia, Banco Santander y BBVA.

Estas siete entidades están entre las 14 con más dinero atrapado en la pesquera (suman unos 1.000 millones entre todas), y las siete que faltan o son extranjeras (ningún banco foráneo quiso poner un duro en esta operación) o rechazaron participar. Entre ellas están Deutsche Bank (estuvo a punto de firmar pero se echó atrás, no quería ser el único banco extranjero del pool de acreedores), Caixa Geral (el Gobierno portugués fue muy criticado por la exposición de esta entidad a la pesquera) o Commerzbank (no quiso entrar aunque se le invitó formalmente).

Pescanova valoró la operación por ser "uno de los escasos ejemplos en el mercado español de nueva financiación recibida por una compañía en concurso de acreedores", a la vez que destacó que el grupo "está operando con normalidad en todas sus instalaciones". Deloitte, en un comunicado, agradeció el "esfuerzo y colaboración de la inmensa mayoría de los empleados y directivos" de la multinacional. Según los plazos que se marcó, la administración concursal tendrá listo el informe a finales del mes de agosto.

Faro de Vigo

El gestor de Pesca Chile venderá primero las granjas salmoneras de Nova Austral

Acuinova será la segunda filial en salir a la venta - Cambia en estatus de las licencias de pesca para poder vender los 9 barcos cuanto antes

El síndico (administrador) de la quiebra de Pesca Chile, Herman Chadwick, ha puesto sobre la mesa ya un calendario para proceder a la venta de todos los activos que conforman la filial de Pescanova en el país andino: los nueve barcos y las dos únicas compañías productoras de salmónidos de la multinacional. Según pudo saber este diario, la intención de Chadwick -que seguirá como síndico durante un año, como se acordó en la junta de acreedores- es la de poner a la venta Nova Austral en primer lugar. Tiene 28 concesiones otorgadas en la Región de Magallanes -serían 64 en 2014, de cumplirse el business plan de Pescanova- y 10 centros de producción.

La razón para poner a la venta primero Nova Austral choca con los planes que tenía el presidente de la matriz, Manuel Fernández de Sousa, que negoció la venta de Acuinova. Esta última mantiene unos niveles de producción más baja, según fuentes del sector. Los bancos de inversión LarrainVial y Landmark Capital buscan comprador para Nova Austral de forma prioritaria ya que se considera la "más atractiva" porque está acogida a la Ley Navarino, que favorece a los contribuyentes establecidos al sur del Estrecho de Magallanes, con exención de impuestos a la renta y reducción de la imponible por concepto de gratificación, a lo que se suma la bonificación del 20% sobre el valor de las ventas efectuadas al resto de Chile", explica la prensa local.

Después de Acuinova, que tiene 36 concesiones de salmones de todo tipo y 11 centros de producción, se procedería a la venta de la filial de pesca extractiva. De todos modos, Chadwick trabaja ya para cambiar las autorizaciones de pesca del Gobierno chileno y convertirlas en "Licencias de Pesca Transferibles", de modo que se puedan vender o alquilar, según explicó el propio síndico.

Faro de Vigo

Armón realiza la entrega ´simbólica´ del anclero ´Bylgia´ para la armadora holandesa Heerema

Los nuevos propietarios llegaron a Vigo en avión privado - El buque ya hizo las pruebas de mar

Responsables del astillero Armón Vigo escenificaron ayer la entrega "simbólica" del primero de los dos buques contratados con la armadora holandesa Heerema Marine Contractors. Se trata del Bylgia, un cablero (de los que se utilizan para el traslado y anclaje de las plataformas de extracción de petróleo y gas) de 72 metros de eslora y 18 de manga. El astillero vigués del grupo asturiano ultima la segunda unidad del contrato firmado con Heerema en octubre de 2011, de nombre Kolga, y que tiene 78 metros de eslora.

Al acto de entrega, de carácter privado, acudieron representantes de la casa armadora, que llegaron a al aeropuerto de Vigo a bordo de un jet privado. Más de una decena de personas acudió al evento, según pudo saber FARO, que se celebró en la estación marítima viguesa. La pasada semana este buque ya realizó las pruebas de mar.

El Byrgia destaca por su gran capacidad de almacenamiento de combustible, de 2.500 metros cúbicos, suficiente para que el buque pueda navegar entre Rotterdam y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) sin repostar. En el mes de abril Armón Vigo ya botó el casco del Kolga -la otra unidad- sin rematar ya que la compañía debe cumplir unos plazos de entrega con los nueve atuneros que consiguió contratar en 2012, por lo que la segunda embarcación será finalizada a flote en sus muelles.

Armón Vigo es el astillero de la Ría con más carga de trabajo asegurada hoy en día, con estos dos ancleros, los dos atuneros y un buque oceanográfico para el Gobierno mexicano. En total, el grupo Armón tiene en cartera nueve atuneros de altura, dos para una empresa vasca y otros siete para una compañía mexicana. El consorcio naval también acaba de entregar el primero de los catorce remolcadores que está construyendo para el Canal de Panamá, bautizado como Cerro Itamut. Este contrato se adjudicó tras ganar en un concurso internacional a otros astilleros.

Faro de Vigo

El PSdeG reacciona un día después del anuncio de Almunia para pedir su dimisión

Los socialistas gallegos exigen su cabeza "antes de traicionar los intereses de Galicia"

El secretario xeral del PSdeG, Manuel Pachi Vázquez, trató de abrir ayer una zanja entre su partido y el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, también socialista. Y lo hizo un día después de que quien aspiró a presidir el Gobierno español bajo las siglas del PSOE en el año 2000 anunciara en Madrid que, tras una "decisión difícil", anunciara que pedirá la devolución de las ayudas del tax lease. El propio Almunia se desmarcó a sí mismo de su condición de socialista o comisario español: "Un comisario no representa a un país, a un partido, tiene que prometer que solo va a responder al tratado del interés general". Y éste choca frontalmente, a la vista de los hechos, con el de la industria naval española y, de paso, con el de su partido. Vázquez, forzado por el anuncio descarnado de Almunia, habló para pedir su dimisión.

"Me veo en la obligación, como secretario xeral del PSdeG, de pedir al comisario Almunia que, antes de traicionar los intereses de Galicia, País Vasco y Asturias, presente su dimisión", apuntó. Hasta entonces en las filas socialistas solo el alcalde de Vigo, Abel Caballero, había criticado públicamente a Almunia después de que, como avanzó FARO en exclusiva el lunes pasado, la intención de Competencia era la de exigir la devolución de 2.800 millones de euros por el uso del tax lease entre 2005 y 2011, de los que 1.800 millones corresponderían a Galicia. De hecho el PSdeG rechazó apoyar esta semana una iniciativa parlamentaria para defender al naval precisamente porque en ella se señalaba a Almunia y a la Comisión de Competencia.

El regidor vigués, que ya había adelantado que el comisario preparaba un "golpe de mano" contra los astilleros, también apostó por pedir su marcha. "Tenemos todos los elementos de nuestro favor para ladear a Almunia, que si se va de comisario, mejor. Es lo mejor que nos podía pasar", sentenció.

Más paro

Desde las filas populares, su portavoz Paula Prado, alertó de que la propuesta de la UE y del comisario de la Competencia hará subir el paro en Galicia "un 5%" con "la destrucción de 14.000 empleos" en "un sector estratégico amenazado de muerte". "El señor Almunia tiene el poder de elevar la tasa de paro en Galicia con solo apretar un botón, puede destruir 14.000 empleos" y "está dispuesto a apretar ese botón", sostuvo. La estrategia del PPdeG ha sido nuevamente la de depositar toda la responsabilidad en el comisario vasco. "Quien tiene la llave en este asunto es un exdirigente del PSOE, con carné del PSOE, que está a punto de pasar a la historia como la persona que puso punto y final a decenas de años de tradición naval en Galicia".
 

Vulcano: ´Nos quedaremos fuera de nuestro mercado´

El director general de Vulcano, José Domínguez, cree que "hay tiempo para convencer a los comisarios" antes del 17 de julio y pedir una solución como la que se dio a Francia. A preguntas de este diario, Domínguez sostuvo que el 100% de las operaciones realizadas por Vulcano se hicieron con el sistema tax lease, y su devolución supondría "quedarnos fuera de nuestro mercado natural, que son los buques off-shore". "Esta propuesta hace desaparecer la competencia, no es que elimine las distorsiones", arremetió el directivo.

Barreras: ´Es despreciable, es un atentado contra España

El presidente de Barreras, José García Costas, sostuvo ayer que no comprende el "empecinamiento" de Almunia, al que tachó de "despreciable", y recordó que su propio partido no está de acuerdo con su posición. Por ello insta a los dirigentes del PSOE a "que le presionen" porque la obligación de devolver esas bonificaciones sería "un atentado contra España, contra un sector y contra el sentido común".

Faro de Vigo

Asime augura la extinción de 300 auxiliares si hay que devolver las ayudas

Hoy se cumplen dos años de la suspensión del sistema 'tax lease'

Declaraciones "falaces" y "demagógicas" pero que ya "han hecho mucho daño" en apenas 24 horas. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) volvió a arremeter ayer contra el anuncio del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que propone la devolución de los 2.800 millones (1.800 por parte de Galicia) de ayudas derivadas de la utilización del sistema de bonificación fiscal que usaron los astilleros hasta 2011, conocido como tax lease. "La industria naval gallega está en alerta máxima y las declaraciones de Almunia ya han hecho mucho daño en este momento para nuestras relaciones comerciales", condenó el portavoz de Asime, Enrique Mallón. La patronal del metal ha vuelto a hacer hincapié en la dimensión del problema: "Supondría la destrucción de 88.000 empleos en España -16.000 en Galicia con tax lease funcionando- 19 astilleros y 700 auxiliares, 300 de ellas en Galicia", detalló.

"Llevamos un calvario de dos años y ahora otro extra de quince días", lamentó, e hizo un llamamiento para que "no nos dejen desamparados y sin protección política ante los logros de los lobbies o lobos europeos". "Confiamos en que la manifestación que realizó el comisario se quede en una mera expresión de advertencia de peligro después de la actuación técnica, diplomática y política que le hemos solicitado haga estos días al Gobierno español y que finalmente la resolución sea similar al caso francés", que no tuvo que devolver las ayudas.

Triste aniversario

Hoy se cumplen dos años desde que el 29 de junio de 2011 Competencia suspendió el tax lease después de haber recibido "quejas abundantes" informales y "otras formales por parte de siete asociaciones de la industria naval europea", según detalló Almunia. Antes de la suspensión del tax lease, no obstante, los astilleros gallegos ya estaban sufriendo una potente caída en las nuevas contrataciones.

Faro de Vigo

Rajoy tiene ´esperanza´ en que Bruselas tome una ´decisión razonable´ para el sector naval

Industria acoge el lunes en Madrid un comité de crisis con Pymar, los sindicatos, el ministro Soria y representantes de los Ejecutivos de Asturias, País Vasco y Galicia, a la que irá Feijóo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se pronunció ayer por primera vez sobre la propuesta de la Comisión Europea de la Competencia relativa al sector naval. Esta pasa, como anunció el jueves el comisario Joaquín Almunia, por exigir la devolución de las ayudas derivadas del sistema de bonificación fiscal que utilizaron los astilleros españoles hasta 2011, conocido como tax lease. Rajoy habló en Bruselas, lugar donde el 17 de julio el Colegio de Comisarios votará a favor o en contra de lo que Competencia propone y que supondrá, según el sector, el "fin de la construcción naval privada" en España. El máximo mandatario español no se expresó con la misma contundencia que otros cargos públicos y se encomendó a la "esperanza" sobre la posibilidad de que se tumbe la iniciativa de Almunia.

"Tengo la esperanza y el deseo de que se tome una decisión que sea razonable y que dé futuro a un sector tan importante como el de nuestros astilleros, y estoy convencido de que se va a hacer un esfuerzo por parte de todos", señaló aludiendo al propio Almunia y a los comisarios, 20 de los cuales (de un total de 27) son del ala conservadora. Como coinciden en el propio sector -que reclaman al Gobierno que impugne la resolución si se produce tal y como anunció el comisario de Competencia-, para Rajoy es importante el hecho de que hay tiempo hasta el día 17. "La decisión definitiva aún no está tomada", expuso, "no puedo pensar que se hagan las cosas de una manera que nos quedemos sin el sector en los próximos años".

El presidente Rajoy da por bueno, por tanto, el augurio de los astilleros, que han insistido en los últimos días en que la devolución de 2.800 millones en ayudas fiscales (1.800 por el sector en Galicia) es el jaque mate a la construcción naval privada. Con Navantia vacía de trabajo y -por ahora- de contratos, todo el sector naval está en peligro. "Estamos convencidos de que el sector tiene futuro", dijo, y añadió que España posee "argumentos jurídicos que son muy difíciles de contradecir".

Cumbre de urgencia

El ministro de Industria, José Manuel Soria, citó ayer de urgencia a Pymar (la sociedad privada Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), a los gobiernos de Galicia, Asturias y País Vasco y a los sindicatos para una cumbre de urgencia en la sede del Ministerio. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acudirá al encuentro, al igual que las centrales del naval gallego, según pudo confirmar FARO. La reunión, si no hay cambios, tendrá lugar por la tarde. Pymar ya entregó personalmente y en mano el jueves sus objeciones a la propuesta de Almunia, de la que conocen su borrador.

Los astilleros privados gallegos, vascos y asturianos representan el 92% de la carga de trabajo, según los últimos datos de Gerencia del Sector Naval (Gernaval), y sus respectivos gobiernos han anunciado ya un "frente común" para revertir la propuesta de Almunia o que, en último caso, no se vote favorablemente. Feijóo fue ayer muy duro y, aunque volvió a criticar al comisario de Competencia, dirigió su mensaje al conjunto de la Comisión. Así, quiso lanzar "un mensaje muy claro" de que "nadie puede ser sancionado por cumplir la ley", en referencia a que los astilleros utilizaron el tax lease bajo el convencimiento de que era legal. "Somos un país que ha cumplido las leyes y si tenemos una ley que hemos de rectificar, ya lo hemos hecho, pero que no nos sancionen por cumplir la legislación española", ahondó.
 

Tajani, comisario de Industria, confía en encontrar ´una solución positiva´ para España

 La devolución de las ayudas derivadas de la utilización del sistema tax lease por parte de los astilleros es, por ahora, una propuesta del comisario de la Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Pero otros 26 comisarios deberán refrendarla el próximo 17 julio para que salga adelante. Uno de los que van a votar es el comisario de Industria, Antonio Tajani, un periodista reconvertido y un "optimista" convencido, como dice él mismo. Tajani habló ayer del tax lease y dejó una pequeña rendija para tener esperanza.
"Yo creo que se puede encontrar finalmente una solución positiva para la economía de España", expuso ayer en una entrevista concedida a RNE. Eso sí, el italiano no quiso ahondar más y desde su departamento, a preguntas de FARO, evitaron explicar cuál es la postura de la Comisión de Industria a este respecto. "Es un asunto entre España y Competencia", dijeron fuentes próximas a su gabinete. Desde los astilleros españoles hacen presión especial a la cartera comunitaria de Industria o Trabajo, de Tajani y László Andor, respectivamente. "Queremos convencer al Gobierno, a la Comisión, de que esta propuesta termina con un sector industrial del que viven 89.000 familias en un país con seis millones de parados", exhortó la consejera delegada de Pymar, Almudena López, a este diario.
El caso es que, al margen de la presión española, fuentes del sector dan por hecho que otros países competidores en construcción naval también están haciendo lo propio. "El desafío es tomar decisiones cuando una de las partes tiene presiones", dijo el jueves Almunia en Madrid, sin referirse explícitamente a la resolución sobre el tax lease.

Cinco Dias

Pescanova cierra el crédito de 56 millones para seguir operando

Pescanova ha cerrado con parte de la banca acreedora el crédito urgente de 56 millones de euros que la empresa precisaba para atender sus necesidades de liquidez más urgentes. El préstamo ha sido firmado por Banco de Sabadell, Banco Popular, NCG, Banco, Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y la Xunta de Galicia, a través de Xesgalicia / Sodiga.

La operación ha sido comunicada a primera hora de la tarde a la CNMV. El préstamo se cierra  tras dos meses intensas de negociaciones en las que la banca extranjera ha decidido 'descolgarse'. Por parte de Pescanova, la negociación ha sido llevada a cabo por el administrador concursal Deloitte . El vencimiento del crédito es a 10 meses.

"Esta operación constituye uno de los escasos ejemplos en el mercado español de nueva financiación recibida por una compañía en concurso de acreedores", explica la compañía, que ha añadido que este crédito es crucial para la continuidad de las actividades del grupo.

Por otra parte, fuentes cercanas a la compañía han informado a Efe que el concurso de acreedores ha destapado unas 20 empresas y al menos tres barcos que no estaban incluidos en las cuentas oficiales de la compañía.

una veintena de empresas y al menos tres barcos que no figuran en la memoria de Pescanova son la diferencia existente entre las 145 empresas que sí constan en las cuentas oficiales y las más de 160 sociedades a las que se ha referido el presidente de Pescanova en sus manifestaciones públicas. Las mismas fuentes han indicado que unas 45 empresas serían las que consolidan en las cuentas de Pescanova, mientras que un centenar serían sociedades en las que la empresa gallega tiene participaciones minoritarias, por debajo del 30 %.

El Pais

Pachi Vázquez pide la dimisión de Almunia por “traicionar” a Galicia

El anuncio del comisario europeo de Competencia Joaquín Almunia de que el sector naval tendrá que devolver unos 2.800 millones de euros en incentivos fiscales deducidos entre 2005 y 2011 ha levantado en armas incluso a sus compañeros del PSOE. El secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, ha convocado esta mañana de urgencia a los periodistas para proclamar que se siente "obligado" a pedir la "dimisión" de  Almunia, "antes" de que traicione "los intereses" de Galicia, País Vasco y Asturias,. las comunidades afectadas por una decisión que, según los empresarios de los astilleros, abocaría al cierre a 19 factorías navales de las que dependen más de 80.000 trabajadores.

Ya lo adviritió el jueves el alcalde de Vigo, Abel Caballero: "Si Almunia se cree que nos vamos a callar por ser del mismo partido, está muy engañado". Caballero incluso aseguró que su postura "tiene el apoyo del secretario general del PSOE". Alfredo Pérez Rubalcaba no se ha pronunciado al respecto, pero el líder del PSdeG-PSOE, Pachi Vázquez,  ha ido directo contra el comisario europeo. "En su momento fue un alto cargo del Partido Socialista, pero nadie ahora puede salir a defender una postura de ese tipo", ha argumentado Vázquez. "Un socialista no puede llevarse por delante, con una propuesta injusta, un sector clave y estratégico de la economía gallega. Por lo tanto, a estas alturas, me veo tristemente en la obligación, como secretario general del PSdeG, de pedir al comisario Almunia que antes de traicionar los intereses de Galicia, País Vasco y Asturias, presente su dimisión", ha sentenciado. 

Vázquez ha revelado que ya ha mantenido contactos para tratar el asunto con los secretarios generales del PSOE de Asturias, el también presidente de la comunidad, Javier Fernández, y del País Vasco, Patxi López. El Gobierno asturiano ya emitió el jueves una declaración oficial muy crítica con Almunia en la que apela al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Ba