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31 de julio de 2012

Faro de Vigo

La mayoría de los acreedores de Barreras se adhiere al convenio y evita su liquidación

Auxiliares y proveedores perdonan al astillero 56 millones, el 80% de los 71 que les adeuda 

 jalsconsultores.blogspot.com

La mayoría de los acreedores de Barreras, que representan el 59,9% del total del capital adeudado, se adhirieron al convenio propuesto por el astillero en la junta celebrada a primeras horas de la mañana de ayer en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Al aceptar el convenio, los acreedores perdonan a Barreras 56 millones, el 80% de los 71 que les adeuda, y evitan así que la empresa entre en proceso de liquidación.
La junta de acreedores fue presidida por el administrador concursal del astillero, Josu Etxarandio Herrera, que estuvo acompañado por los otros dos administradores concursales: Carlos Mantilla y Pedro Francisco Tortosa.
El número de acreedores que asistieron a la junta y los que se adhirieron con anterioridad al convenio representaba al 66,7% del pasivo ordinario (deuda). Tras las votaciones se adhirieron al concurso el 59,5% del total de la deuda, que representa una cuantía de 42,3 millones de euros.
Cuatro acreedores, que representaban un total de 4,8 millones de deuda, decidieron abstenerse; mientras que solo las empresas Mapfre y Tecnocom, con deudas que sumaban 311.585,90 euros, votaron en contra.
La propuesta de convenio tendría que superar la mitad del capital adeudado, 35,5 millones, para que el convenio fuese aprobada.
Una vez que el convenio obtuvo el visto bueno, el juez habilitó diez días hábiles de agosto para que las personas físicas o jurídicas que se no estén conformes con el proceso, por razones legales o formales, puedan impugnarlo.
Será en el mes de septiembre cuando el juez emitirá la sentencia en la que declarará aprobado el convenio, en el caso de que no se presenten impugnaciones, con lo que el concurso quedará cerrado a expensas del cumplimiento del convenio que tendrá una duración aproximada de ocho años, plazo en el que Barreras tendrá que hacer frente a los pagos de los créditos ordinarios y subordinados.
El cumplimiento del convenio será seguido por el juez que tendrá que ser informado cada tres meses de la marcha del mismo. En el caso que se produzca cualquier incumplimiento del convenio, el afectado podría solicitar la liquidación del astillero.
A los administradores concursales les falta todavía la clasificación del concurso que puede ser fortuito o culpable. En este último caso, y con el convenio aprobado, los administradores de la empresa, en número por determinar, se enfrentarían a una inhabilitación de entre dos a 15 años.
El máximo responsable de Barreras y también propietario de empresas acreedoras del astillero, José García Costas, manifestó al término de la junta que se había superado "una etapa" y agradeció el esfuerzo de todas aquellas personas y empresas que "habían permitido sacar adelante la propuesta de convenio", aunque reconoció que "no fue nada fácil" conseguir el apoyo de los acreedores que han tenido que aceptar una quita del 80%.
El portavoz de la Plataforma de Acreedores de Barreras, Carlos Bouzada, que representa el 40% del pasivo ordinario, señaló que durante todo este proceso el colectivo tuvo como objetivo evitar la liquidación del astillero. "El sacrificio fue enorme (al renunciar al 80% de la deuda) pero había que evitar el cierre", explicó.
Bouzada espera ahora que el plan de viabilidad de Barreras llegue a buen término. "Ahora tiene que ser la dirección del astillero y los accionistas los que muevan ficha y pongan de manifiesto cuál es la carga de trabajo anunciada y quiénes van a ser los nuevos accionistas".
Según el portavoz de la Plataforma de Acreedores, el colectivo al que representa espera que los contratos se consoliden lo más pronto posible "para que las auxiliares se beneficien de la nueva carga de trabajo".
Responsables de los astilleros gallegos se desplazan a México para establecer acuerdos con empresas locales del naval
Los responsables de la mayoría de los astilleros gallegos, incluido Barreras, saldrán hoy con destino a México desde el aeropuerto Sá Carneiro de Oporto para establecer alianzas con astilleros del país azteca para la construcción de buques para la petrolera estatal mexicana Pemex.
Ayer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informó al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, del estado de "avanzadas negociaciones" que Galicia mantiene con Pemex, primera empresa de América Latina y cuarta petrolera del mundo, con la que suscribió un acuerdo para que los astilleros gallegos participen en la construcción de varios remolcadores.
"Estamos cerrando un contrato cercano a 700 millones de dólares, que dará trabajo a astilleros públicos y privados en la comunidad autónoma, en la Ría de Vigo y en la Ría de Ferrol", informó el jefe del Ejecutivo autonómico.
El convenio entre Pemex y la Xunta recoge la construcción de 14 remolcadores, siete de los cuales se harían en astilleros gallegos y otros siete en astilleros mexicanos con transferencia de tecnología.
La misión de empresarios gallegos que hoy viaja a México tiene como objetivo el establecer los acuerdos de transferencia de tecnología, para lo que cada astillero tendrá que establecer un partner con el que trabajará en el futuro.
Se espera que en las próximas semanas Pemex desvele cuáles son los proyectos que ha seleccionado y los astilleros gallegos que los construirán.
La petrolera Pemex también está interesada en la construcción de un buque flotel y un quimiquero.

Informativo Juridico

Madrid, líder de casos resueltos en los juzgados mercantiles
De los 5.066 casos de propiedad industrial e intelectual durante el 2011 que se resolvieron en España, Madrid se sitúa a la cabeza del ranking con un total de 440 casos resueltos. Le sigue Alicante con 420 y Valencia con 256 casos, respectivamente.

El número de casos de propiedad industrial e intelectual durante el 2011 aumentó un 23,71% respecto al año anterior (4.095 casos), ya que se resolvieron 5.066 demandas, de las cuales, 440 casos fueron resueltos en los 12 juzgados de lo mercantil de la provincia de Madrid. En consecuencia, se sitúa líder de casos resueltos seguida de los tres juzgados de lo mercantil de la provincia de Alicante con un total de 420 casos y de los otros tres de Valencia con 256 demandas resueltas. Caso significativo es el de Barcelona, ya que tras un descenso del 28% al pasar de 310 a 224 casos resueltos, se encuentra en el cuarto lugar del ranking.

Sin embargo, Barcelona a la par que Madrid son las dos provincias con mayor número de juzgados mercantiles, concretamente disponen de 10 y 12 salas, respectivamente. A pesar de un menor número de salas, los tres juzgados de lo mercantil en la provincia de Alicante (uno de ellos en Elche y los otros dos en la ciudad de Alicante) han logrado superar cuantitativamente a Madrid y Barcelona en el número de resoluciones sobre demandas ejercidas en acciones de propiedad intelectual e industrial por cada juzgado. Un dato significativo de ello es el +14 por ciento interanual registrado en los tres juzgados de Valencia, puesto que aumentó de 224 a 256 casos resueltos.

En el ranking también destacan otras provincias que logran superar los 200 casos de propiedad industrial como son Oviedo con 216, Palma de Mallorca con 218 y Santander con 208 casos resueltos.

Dato significativo es que la provincia de Alicante, a parte de encontrarse la segunda en el ranking en casos resueltos de propiedad industrial e intelectual, es la que está a la cabeza en materia de especialización en la marca comunitaria. Destaca la progresión interanual obtenida de un 77 por ciento, ya que en 2010 se solventaron 77 resoluciones, frente a las 133 alcanzadas en 2011.

El responsable del Departamento Jurídico de J.ISERN PATENTES Y MARCAS, Ignacio Valdelomar, explica esta tendencia a que "los juzgados de Alicante cumplen la función de juzgados de Marca y/o Diseño Comunitario y sólo ellos gozan de la competencia para resolver cualquier controversia que en territorio español surja en materia de Marca y/o Diseño Comunitario". Desde J.ISERN PATENTES Y MARCAS añaden, además que dicha tendencia "viene motivada por el hecho de que cada vez son más las pequeñas y grandes empresas que han decido proteger sus derechos de propiedad industrial a través de las figuras de la marca comunitaria y/o el diseño comunitario, ya que resultan más ventajosas desde el punto de vista del ámbito de la protección y su coste".

Diario de Pontevedra

Pemex dejará 700 millones de dólares en los astilleros de Vigo y Ferrol
El presidente de la Xunta ha informado hoy al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que está a punto de firmar un contrato de unos 700 millones de dólares con la cuarta petrolera del mundo, Pemex, con quien las negociaciones "están muy avanzadas".

Feijóo ha hecho estas declaraciones tras la firma con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, del convenio para trasladar la red de oficinas gallegas en el extranjero a las embajadas de España con el fin de ahorrar costes.

Al término de la firma, Feijóo ha señalado que le ha dicho a García-Margallo, que están "muy avanzadas" las negociaciones con la primera empresa petrolera de América Latina y cuarta del mundo, Pemex, lo que dará "trabajo a astilleros públicos y privados de la ría de Vigo y de Ferrol".

Traslado de oficinas

En referencia al convenio firmado con Exteriores para el traslado de la red de oficinas gallegas en el Exterior, Feijóo ha dicho que se ha comprometido "a publicar oficinas comerciales que no son producto exclusivamente del presupuesto autonómico" porque ha recordado que las oficinas gallegas pertenecen a la "alianza entre empresarios de Galicia, las cámaras de comercio y la Xunta", por lo que son sostenidas "con fondos privados y públicos".

A pesar de ello, Feijóo ha garantizado su compromiso de utilizar "los espacios e instalaciones del Gobierno para ahorrar y evitar duplicidades". En este sentido, ha precisado que Galicia ha tomado la decisión de trasladar las oficinas de París, Berlín y Estambul a la red del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Feijóo ha apostado así por la "internacionalización de la economía gallega" como respuesta a la "contracción del mercado interno español". Ha asegurado que las exportaciones gallegas están marcando "récord histórico" ya que es "la segunda comunidad autónoma con el mayor superávit de la balanza comercial y el mayor superávit entre las exportaciones e importaciones".

Marca España

Feijóo también ha tratado con el ministro, además de la internacionalización de la economía, la "Marca España" y le ha planteado al ministro el interés de Galicia en tener un "papel más activo" en ello. El presidente le ha dicho a Margallo que la "Marca España" también es "el Atlántico, la España verde y la música de raíces celtas, que conecta con países como Brasil". Por eso, tratará de que cuando se presente en cualquier país, todo lo relacionado con Galicia forme parte de la marca.

En esa "Marca España", Feijóo ha hecho "especial hincapié" en el Camino de Santiago, que sigue atrayendo peregrinos, este año más que el anterior, y en 2011 más que en 2010, y ha apostado por seguir "internacionalizando" el mismo, "no sólo en Europa, sino en América Latina, y especialmente en Brasil".

Margallo

García-Margallo ha destacado que se han reunido con todas las multinacionales que están ubicada en España "con el fin de detectar rigideces que habrá que eliminar para aumentar sus inversiones".

Asimismo, ha recogido "con especial satisfacción" las reflexiones hechas por Feijóo sobre la "Marca España" que "o es de todos, o no es de nadie", como ya ha dicho en otras ocasiones.

Ha recordado que el Gobierno ha firmado con el Ejecutivo mexicano la posibilidad de que cedan 50 consulados y 11 departamentos comerciales, donde se desarrollará la labor del Instituto Cervantes y en especial de la "Marca España".

García-Legaz

Por su parte, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha dicho que la integración de oficinas está avanzando "a buena velocidad" porque ya se han firmado cinco protocolos de integración con la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, y en breve se va a firmar también el acuerdo con Canarias.

Ha asegurado que con el resto de autonomías, el proceso "está bastante avanzado" y se ha referido a las comunidades que no tienen red exterior o una red muy pequeña como es el caso de La Rioja, Navarra, Asturias y Extremadura.

Diario de Pontevedra

Los acreedores de Barreras aceptan el plan de viabilidad del astillero
La plataforma de acreedores de Hijos de J. Barreras, que está actualmente en proceso concursal, ha decidido por un 59,5% aceptar la propuesta realizada por el astillero de Vigo: una quita del 80% de la deuda, que asciende a 71,75 millones de euros.
En la junta ha estado representado el 66,71% del pasivo ordinario y no se ha registrado ninguna intervención de los acreedores, que tendrán diez días hábiles de plazo para impugnar el acta por cuestiones legales o formales.

Pero al ser agosto un periodo inhábil, no será hasta principios de septiembre cuando el mayor astillero privado de España habrá salido formalmente del concurso de acreedores, en el momento en el que el juez dicte sentencia.

Una vez resuelto este escollo, que evita la liquidación inmediata, la empresa tiene otros frentes abiertos, como la negociación sobre recortes de salarios y de plantilla -los sindicatos se oponen a reducirla en un 40%-; el apoyo de la Xunta vía créditos o avales y conseguir carga de trabajo.

En este sentido, el accionista mayoritario de Barreras, José García Costas, ha señalado a los medios tras finalizar la junta de acreedores que ultiman "un viaje", no ha dicho adónde, para buscar contratos de construcción de buques. "Vamos a trabajar para conseguir contratos. Pido, por favor, que nos dejen trabajar", ha aseverado un García Costas que ha agradecido a quienes han permitido a la empresa "llegar hasta este momento", en referencia a los acreedores que han aceptado las quitas, a pesar de que alcanzar este acuerdo "no fue fácil".

Carlos Pérez Bouzada, portavoz de la denominada plataforma de acreedores de Barreras, que engloba a un 40% del pasivo, mayoritariamente empresas auxiliares, ha recalcado el "sacrificio enorme" de quien acepta una quita del 80%, pero que "el sentimiento general" era evitar la liquidación del astillero.

CONDICIONANTES PENDIENTES

Eso sí, ha recordado que hay "unos condicionantes" dentro del plan de viabilidad de la empresa "que aún hoy no se han alcanzado", como la designación de nuevos accionistas capitalistas y una carga de trabajo que "todos esperamos ansiosos", ha dicho.

Pérez Bouzada ha abundado en que el plan de viabilidad de Barreras "pone unos números, pero el papel lo soporta todo", y por eso ha significado que "toca que muevan ficha" los directivos del astillero.

A pesar de salir del concurso de acreedores, cualquier incumplimiento del convenio -la empresa deberá dar cuenta al juzgado cada tres meses- podría dar pie a que un acreedor solicite la liquidación de Barreras, informaron fuentes judiciales.

El convenio distingue entre acreedores ordinarios, que cobrarán el 25% de su parte proporcional en el plazo de doce meses; subordinados, que empezarán a hacerlo dentro de cuatro años; privilegiados y contra la masa. Entre estos dos últimos figuran los trabajadores de Barreras y la Seguridad Social.

Una vez aprobado el convenio de acreedores, los gestores de Barreras quedan exentos de la responsabilidad patrimonial en el caso de que el concurso se declare culpable. Aún así se enfrentarían a una inhabilitación que oscilaría entre dos y quince años, que quedaría sin efecto si el concurso se considera fortuito.

Atlántico Diario

Los acreedores de Barreras aceptan el convenio del astillero

La plataforma de acreedores de Hijos de J. Barreras, que está actualmente en proceso concursal, decidió ayer por un 59,5% aceptar la propuesta realizada por el astillero de Vigo: una quita del 80% de la deuda, que asciende a 71,75 millones de euros.

El accionista mayoritario ultima un viaje para buscar contratos de construcción de buques

En la junta, ayer en el Juzgado de lo Mercantil de Vigo, estuvo representado el 66,71% del pasivo ordinario. Acreedores que representan una deuda de 42 millones votaron que sí al convenio, otros que representan una deuda de 4,8 millones se abstuvieron y, finalmente, lo rechazaron empresas a las que Barreras les debe 311.000 euros. Una vez manifestadas las adhesiones al convenio, se abre un plazo de 10 días hábiles en agosto para que, los que estén interesados, impugnen el convenio por cuestiones legales o de forma.

No será hasta principios de septiembre cuando el mayor astillero privado de España habrá salido formalmente del concurso de acreedores, en el momento en el que el juez dicte sentencia.

Una vez resuelto este escollo, que evita la liquidación, la empresa tiene otros frentes abiertos, como la negociación sobre recortes de salarios y de plantilla, el apoyo de la Xunta vía créditos o avales y conseguir carga de trabajo.

En este sentido, el accionista mayoritario de Barreras, José García Costas, explicó tras finalizar la junta de acreedores que ultiman 'un viaje', no dijo a dónde, para buscar contratos de construcción de buques.

'Vamos a trabajar para conseguir contratos. Pido, por favor, que nos dejen trabajar', dijo un García Costas que agradeció a quienes han permitido a la empresa 'llegar hasta este momento'.

A pesar de salir del concurso de acreedores, cualquier incumplimiento del convenio -la empresa deberá dar cuenta al juzgado cada tres meses- podría dar pie a que un acreedor solicite la liquidación de Barreras, informaron fuentes judiciales.

El convenio distingue entre acreedores ordinarios, que cobrarán el 25% de su parte proporcional en el plazo de doce meses; subordinados, que empezarán a hacerlo dentro de cuatro años; privilegiados y contra la masa. Entre estos dos últimos figuran los trabajadores de Barreras y la Seguridad Social.

Una vez aprobado el convenio de acreedores, los gestores de Barreras quedan exentos de la responsabilidad patrimonial en el caso de que el concurso se declare culpable.

Aún así se enfrentarían a una inhabilitación que oscilaría entre dos y quince años, que quedaría sin efecto si el concurso se considera fortuito

El País

Barreras esquiva la liquidación pero advierte que el concurso no ha terminado

El astillero consiguió la adhesión de casi el 60% de las empresas a la propuesta del convenio
La suspensión de pagos de Barreras no ha terminado: “Hemos conseguido la adhesión del 59% de los acreedores al convenio, pero de ayer a hoy no ha cambiado nada. El presidente del astillero, José García Costas, enfrió las noticias sobre la aceptación del duro plan de pagos propuesto a los acreedores: una quita del 80% de la deuda y una espera de cuatro años para cobrar el 20% restante. “Hoy ha sido un día importante en el proceso, porque de lo contrario estaríamos hablando de liquidación, pero no puede decirse que se haya levantado el concurso. Eso lo dirá el juez cuando se hayan cumplido los plazos, no está todo hecho”. Ahora se abre un periodo de 15 días para que los acreedores puedan impugnar el acuerdo.

Faltan otros muchos flecos para reflotar el astillero, empezando por el pacto para la brusca reducción de plantilla desde los 130 trabajadores actuales a 54. Para el resto se proponen rebajas salariales de entre el 25% y el 81%. “Estamos dando pasos”, confirmó García Costas, sin más concreciones. Tampoco hay nada cerrado con la Xunta, que ha dicho mil veces que no entrará en el accionariado del constructor naval aunque sí podría apoyarlo con préstamos participativos a través de Xesgalicia.

Todo se condiciona a una ampliación de capital que no se cerrará hasta que el concurso se levante. “Tampoco podemos firmar contratos ahora, pero eso no quiere decir que no estemos trabajando”, afirmó García Costas. “Tenemos que salir del proceso concursal para comenzar a cerrar acuerdos”, puntualizó.

Carlos Pérez Bouzada, portavoz de la plataforma de afectados, insistió ayer en que la liquidación no es una opción y en que apoyan la continuidad de Barreras. Acreedores que representan una deuda por valor de 42 millones de euros votaron que sí al convenio, otras empresas titulares de 4,8 millones del pasivo se abstuvieron. Si no hay impugnaciones, el concurso podría resolverse en septiembre. “No ha sido fácil convencer a los acreedores, pero en la vida todo se consigue con trabajo”, señaló García Costas.

30 de julio de 2012

Faro de Vigo

Feijóo ve avanzadas las negociaciones con Pemex

El presidente de la Xunta afirma que se está cerrando un contrato cercano a 575 millones de euros que dará trabajo a astilleros gallegos

jalsconsultores.blogspot.com

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha informado hoy al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que está ultimando un contrato de unos 700 millones de dólares -una parte importante del mismo ya está cerrada- con la cuarta petrolera del mundo, Pemex, con quien las negociaciones "están muy avanzadas".
Feijóo ha hecho estas declaraciones tras la firma con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, del convenio para trasladar la red de oficinas gallegas en el extranjero a las embajadas de España con el fin de ahorrar costes.
Al término de la firma, Feijóo ha señalado que le ha dicho a García-Margallo, que están "muy avanzadas" las negociaciones con la primera empresa petrolera de América Latina y cuarta del mundo, Pemex, lo que dará "trabajo a astilleros públicos y privados de la ría de Vigo y de Ferrol".
En referencia al convenio firmado con Exteriores para el traslado de la red de oficinas gallegas en el Exterior, Feijóo ha dicho que se ha comprometido "a publicar oficinas comerciales que no son producto exclusivamente del presupuesto autonómico" porque ha recordado que las oficinas gallegas pertenecen a la "alianza entre empresarios de Galicia, las cámaras de comercio y la Xunta", por lo que son sostenidas "con fondos privados y públicos".
A pesar de ello, Feijóo ha garantizado su compromiso de utilizar "los espacios e instalaciones del Gobierno para ahorrar y evitar duplicidades", mejorando así "la efectividad del gasto público".
En este sentido, ha precisado que Galicia ha tomado la decisión de trasladar las oficinas de París, Berlín y Estambul a la red del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Feijóo ha apostado así por la "internacionalización de la economía gallega y la apuesta por abrir un camino para que las empresas gallegas exporten y durante el momento de contracción del mercado interno español las empresas gallegas puedan mejorar su cuenta de resultados".
Ha asegurado que las exportaciones gallegas están marcando "récord histórico" ya que es "la segunda comunidad autónoma con el mayor superávit de la balanza comercial y el mayor superávit entre las exportaciones e importaciones".
En referencia al traslado de oficinas en el exterior, Feijóo ha precisado que tanto "en Sanghai, Berlín como en Moscú, el ahorro de costes es del 66 por ciento, lo que supone que se pagará "dos tercios menos" de lo que hasta ahora.
Feijóo también ha tratado con el ministro, además de la internacionalización de la economía, la "Marca España" y le ha planteado al ministro el interés de Galicia en tener un "papel más activo" en ello.
El presidente gallego le ha dicho a Margallo que la "Marca España" también es "el Atlántico, la España verde y la música de raíces celtas, que conecta con países como Brasil".
En esa "Marca España", Feijóo ha hecho "especial hincapié" en el Camino de Santiago, que sigue atrayendo peregrinos, este año más que el anterior, y en 2011 más que en 2010, y ha apostado por seguir "internacionalizando" el mismo, "no sólo en Europa, sino en América Latina, y especialmente en Brasil".
Feijóo ha avanzado que presentará propuestas para que cuando la "Marca España" se presente en cualquier país del mundo, toda la cultura gallega, todo el turismo verde y el Atlántico forme parte de la marca de país".
Por su parte, el ministro ha considerado que es necesario "relanzar" la imagen de España para fomentar las inversiones y atraer ahorro extranjero.
García-Margallo ha destacado que se han reunido con todas las multinacionales que están ubicada en España "con el fin de detectar rigideces que habrá que eliminar para aumentar sus inversiones".
Asimismo, ha recogido "con especial satisfacción" las reflexiones hechas por Feijóo sobre la "Marca España" que "o es de todos, o no es de nadie", como ya ha dicho en otras ocasiones.
Ha recordado que el Gobierno ha firmado con el Ejecutivo mexicano la posibilidad de que cedan 50 consulados y 11 departamentos comerciales, donde se desarrollará la labor del Instituto Cervantes y en especial de la "Marca España".
Por su parte, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha dicho que la integración de oficinas está avanzando "a buena velocidad" porque ya se han firmado cinco protocolos de integración con la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, y en breve se va a firmar también el acuerdo con Canarias.
Ha asegurado que con el resto de autonomías, el proceso "está bastante avanzado" y se ha referido a las comunidades que no tienen red exterior o una red muy pequeña como es el caso de La Rioja, Navarra, Asturias y Extremadura.
García-Legaz, al igual que el ministro ha dicho que el objetivo es "reducir el gasto público" utilizando los recursos de la forma "más racional posible, ya que ello mejorará la imagen de España en el exterior.
Ha puesto como ejemplo que solamente en la ciudad de Sao Paulo había once oficinas comerciales, una del Estado y las diez restantes de las comunidades autónomas, lo que, a su juicio, no traslada la mejor imagen de nuestro país en el exterior.
Preguntado por la campaña de propaganda que hubo durante el anterior gobierno socialista de "falta de seguridad jurídica" en la adquisición de bienes inmuebles y que se plasmó en varios informes europeos, García-Margallo ha destacado que el Gobierno ha empezado a revisar la Ley de Costas que afectaba a muchas propiedades de extranjeros.
Una vez que estén hechos los pertinentes estudios, ha subrayado el ministro, se remitirán a través de la Oficina de Información Diplomática (OID) para que se difunda en los países en donde residen la mayoría de personas que han estado tradicionalmente interesadas en la adquisición de viviendas en España.

La Voz de Galicia

La junta de acreedores aprueba el convenio de Barreras

El voto favorable del 59,55 % posibilita la salida de la suspensión de pagos

La junta de acreedores de Barreras aprobó esta mañana el convenio propuesto por el astillero. El voto favorable de las empresas que representan al 59,55 % de la deuda ordinaria abre el camino a la salida de la suspensión de pagos. Dicha deuda asciende a 71 millones de euros. Dado que el convenio contempla una quita del 80 por ciento, Barreras solo abonará 14. Lo hará en un plazo máximo de cinco años, a razón de un 25 % en cada anualidad, la primera de las cuales tendrá que hacerse efectiva dentro de 12 meses.
El juez ha abierto un plazo de 10 días hábiles para presentar posibles impugnaciones

Faro de Vigo

Los acreedores de Barreras aceptan la propuesta del astillero

El astillero vigués supera la primera fase de su plan de viabilidad 

 

jalsconsultores.blogspot.com

La plataforma de acreedores de Hijos de J. Barreras, que está actualmente en proceso concursal, ha decidido por un 59,5% aceptar la propuesta realizada por el astillero de Vigo: una quita del 80% de la deuda, que asciende a 71,75 millones de euros.
En la junta ha estado representado el 66,71% del pasivo ordinario y no se ha registrado ninguna intervención de los acreedores, que tendrán diez días hábiles de plazo para impugnar el acta por cuestiones legales o formales.
Pero al ser agosto un periodo inhábil, no será hasta principios de septiembre cuando el mayor astillero privado de España habrá salido formalmente del concurso de acreedores, en el momento en el que el juez dicte sentencia.
Una vez resuelto este escollo, que evita la liquidación inmediata, la empresa tiene otros frentes abiertos, como la negociación sobre recortes de salarios y de plantilla -los sindicatos se oponen a reducirla en un 40%-; el apoyo de la Xunta vía créditos o avales y conseguir carga de trabajo.
En este sentido, el accionista mayoritario de Barreras, José García Costas, ha señalado a los medios tras finalizar la junta de acreedores que ultiman "un viaje", no ha dicho adónde, para buscar contratos de construcción de buques.
"Vamos a trabajar para conseguir contratos. Pido, por favor, que nos dejen trabajar", ha aseverado un García Costas que ha agradecido a quienes han permitido a la empresa "llegar hasta este momento", en referencia a los acreedores que han aceptado las quitas, a pesar de que alcanzar este acuerdo "no fue fácil".
Carlos Pérez Bouzada, portavoz de la denominada plataforma de acreedores de Barreras, que engloba a un 40% del pasivo, mayoritariamente empresas auxiliares, ha recalcado el "sacrificio enorme" de quien acepta una quita del 80%, pero que "el sentimiento general" era evitar la liquidación del astillero.
Eso sí, ha recordado que hay "unos condicionantes" dentro del plan de viabilidad de la empresa "que aún hoy no se han alcanzado", como la designación de nuevos accionistas capitalistas y una carga de trabajo que "todos esperamos ansiosos", ha dicho.
Pérez Bouzada ha abundado en que el plan de viabilidad de Barreras "pone unos números, pero el papel lo soporta todo", y por eso ha significado que "toca que muevan ficha" los directivos del astillero.
A pesar de salir del concurso de acreedores, cualquier incumplimiento del convenio -la empresa deberá dar cuenta al juzgado cada tres meses- podría dar pie a que un acreedor solicite la liquidación de Barreras, informaron fuentes judiciales.
El convenio distingue entre acreedores ordinarios, que cobrarán el 25% de su parte proporcional en el plazo de doce meses; subordinados, que empezarán a hacerlo dentro de cuatro años; privilegiados y contra la masa. Entre estos dos últimos figuran los trabajadores de Barreras y la Seguridad Social.
Una vez aprobado el convenio de acreedores, los gestores de Barreras quedan exentos de la responsabilidad patrimonial en el caso de que el concurso se declare culpable.
Aún así se enfrentarían a una inhabilitación que oscilaría entre dos y quince años, que quedaría sin efecto si el concurso se considera fortuito.

Atlántico Diario

Los acreedores de Barreras aceptan la propuesta del astillero

La plataforma de acreedores de Hijos de J. Barreras, que está actualmente en proceso concursal, ha decidido por un 59,5% aceptar la propuesta realizada por el astillero de Vigo: una quita del 80% de la deuda, que asciende a 71,75 millones de euros.

En la junta ha estado representado el 66,71% del pasivo ordinario y no se ha registrado ninguna intervención de los acreedores, que tendrán diez días hábiles de plazo para impugnar el acta por cuestiones legales o formales.

Pero al ser agosto un periodo inhábil, no será hasta principios de septiembre cuando el mayor astillero privado de España habrá salido formalmente del concurso de acreedores, en el momento en el que el juez dicte sentencia.

Una vez resuelto este escollo, que evita la liquidación inmediata, la empresa tiene otros frentes abiertos, como la negociación sobre recortes de salarios y de plantilla -los sindicatos se oponen a reducirla en un 40%-; el apoyo de la Xunta vía créditos o avales y conseguir carga de trabajo.

En este sentido, el accionista mayoritario de Barreras, José García Costas, ha señalado a los medios tras finalizar la junta de acreedores que ultiman 'un viaje', no ha dicho adónde, para buscar contratos de construcción de buques.

'Vamos a trabajar para conseguir contratos. Pido, por favor, que nos dejen trabajar', ha aseverado un García Costas que ha agradecido a quienes han permitido a la empresa 'llegar hasta este momento', en referencia a los acreedores que han aceptado las quitas, a pesar de que alcanzar este acuerdo 'no fue fácil'.

Carlos Pérez Bouzada, portavoz de la denominada plataforma de acreedores de Barreras, que engloba a un 40% del pasivo, mayoritariamente empresas auxiliares, ha recalcado el 'sacrificio enorme' de quien acepta una quita del 80%, pero que 'el sentimiento general' era evitar la liquidación del astillero.

Eso sí, ha recordado que hay 'unos condicionantes' dentro del plan de viabilidad de la empresa 'que aún hoy no se han alcanzado', como la designación de nuevos accionistas capitalistas y una carga de trabajo que 'todos esperamos ansiosos', ha dicho.

Pérez Bouzada ha abundado en que el plan de viabilidad de Barreras 'pone unos números, pero el papel lo soporta todo', y por eso ha significado que 'toca que muevan ficha' los directivos del astillero.

A pesar de salir del concurso de acreedores, cualquier incumplimiento del convenio -la empresa deberá dar cuenta al juzgado cada tres meses- podría dar pie a que un acreedor solicite la liquidación de Barreras, informaron fuentes judiciales.

El convenio distingue entre acreedores ordinarios, que cobrarán el 25% de su parte proporcional en el plazo de doce meses; subordinados, que empezarán a hacerlo dentro de cuatro años; privilegiados y contra la masa. Entre estos dos últimos figuran los trabajadores de Barreras y la Seguridad Social.

Una vez aprobado el convenio de acreedores, los gestores de Barreras quedan exentos de la responsabilidad patrimonial en el caso de que el concurso se declare culpable.

Aún así se enfrentarían a una inhabilitación que oscilaría entre dos y quince años, que quedaría sin efecto si el concurso se considera fortuito.

29 de julio de 2012

La Voz de Galicia

Los acreedores abren mañana el camino para salvar Barreras

El futuro del astillero depende del apoyo de la junta al convenio

La junta de acreedores de Barreras tendrá en su mano mañana (9.30 horas, Juzgado Mercantil) el futuro del astillero. Su adhesión mayoritaria al convenio representa el primer y decisivo paso para poder salir de la suspensión de pagos en la que se encuentra desde hace un año. No superar el 50 % de adhesiones implicaría una entrada en liquidación que nadie desea.
Fuentes vinculadas a la denominada plataforma de acreedores, entidad integrada mayoritariamente por auxiliares del naval y que aglutina en torno al 40 % de la deuda ordinaria, confirmaban ayer que han sido muchas las empresas que se han adherido ya al convenio, si bien existe un porcentaje nada desdeñable que aún no lo ha hecho. Prefieren estampar su firma en el transcurso de la propia junta y, tal vez, tomar la palabra en el turno de intervenciones que abra el juez.
La conclusión sería que José García Costas, el empresario que pilota el plan de viabilidad de Barreras, acudiría a la cita de mañana sin tener las adhesiones mínimas confirmadas. Otras fuentes, en este caso próximas al proceso, dan por hecho que el convenio saldrá adelante porque las adhesiones ya están garantizadas.
Deuda
La deuda total de Barreras asciende a 78.305.523,85 euros, de los que 70.923.168 son créditos ordinarios; 2.422.647, subordinados (solo se harán efectivos cuando ya estén saldados todos los demás) y 4.959.168, privilegiados. Estos últimos corresponden fundamentalmente a los trabajadores.
La propuesta de convenio contempla una quita del 80 por ciento. El abono del 20 por ciento restante se realizará en cuatro años, a razón de un 25 % cada año. El primer plazo se abonará doce meses después de que el convenio adquiera eficacia.
Una vez superada la junta de acreedores de mañana, algo que se da por hecho, la hoja de ruta de Barreras pasa, necesariamente, por un acuerdo con los trabajadores. Aunque ya ha habido algunos contactos de tanteo, la negociación no se iniciará hasta mediados de agosto.
Fuentes del comité reiteran que dicho acuerdo no va a pasar nunca por reducir un 40 % la plantilla -de 130 a 80 trabajadores- tal como pretende la dirección del astillero, lo cual no significa que no estén abiertos a pactar prejubilaciones o bajas incentivadas. Tampoco están cerrados a una revisión a la baja de salarios, claro que en ningún caso de hasta el 80 % que es lo que figura en el plan de viabilidad.
Pero, sobre todo, lo que quiere saber el comité es qué posibilidades reales existen de contar con carga de trabajo de forma inminente y cómo se va a realizar la capitalización del astillero. Son dos cuestiones que también quiere conocer la Xunta antes de hacer efectiva cualquier ayuda, sea en forma de aval o de crédito.

Faro de Vigo

Lonza Porriño asume la dirección mundial de control de calidad de la compañía suiza

El gallego Francisco Leira coordina un equipo de 400 técnicos e investigadores de siete centros de biotecnología en los EE UU, Reino Unido, Chequia, Suiza, Singapur y España

La planta del grupo biotecnológico suizo Lonza en Porriño ha visto reforzada su posición con el nombramiento de Francisco Leira Sanmartín como nuevo director global de Control de Calidad y Transferencia de Tecnología de la unidad de producción biológica de la multinacional en todo el mundo. Desde esta posición, que estará localizada en las instalaciones de Torneiros, Leira será el responsable de la coordinación de los esfuerzos de todos los centros de la firma en materia de control de calidad y transferencia de tecnologías (MSAT).
La unidad de producción biológica del grupo Lonza está distribuida en siete plantas localizadas en Porsmouth y Hopkinton (Estados Unidos), Singapur, Londres, Visp (Suiza), Kortim (República Chequia) y Porriño (es el mayor centro de cultivos celulares de España, donde se producen compuestos oncológicos). Leira estará a cargo de un equipo de 400 técnicos e investigadores. "Es un espaldarazo de la alta dirección de Lonza hacia el potencial humano que puede tener Porriño", argumenta Leira.
El investigador gallego, que entró la planta porriñesa en 2002 (entonces era propiedad de Genentech), coordinará las actividades y se encargará de planificar la estrategia a corto, medio y largo plazo, ayudando a armonizar los procesos en todos los centros de Lonza. "El objetivo es que los clientes perciban que Lonza es una, aunque sus plantas sean diversas en cuanto a su localización geográfica", señala.
El área de control de calidad comprende tanto a las instalaciones como a los fármacos en sus diferentes etapas (los análisis que garantizan que un producto es apto para el consumo humano y cumpla las satisfacciones de los clientes). La transferencia de tecnología se refiere a las adaptaciones que tienen que llevarse a cabo en las plantas para el desarrollo y producción de los diferentes fármacos.
El centro gallego del grupo Lonza sigue preparándose para producción en exclusiva de biosimilares, medicamentos obtenidos por biotecnología y que tienen las mismas indicaciones terapéuticas que los medicamentos biotecnológicos de referencia. El primero de estos genéricos de primer nivel saldrá a la venta en la segunda mitad de 2014, como avanzó FARO el pasado octubre, aunque la planta porriñesa ya ha comenzado la fabricación a pequeña escala para las fases preclínicas. En total, Lonza ha invertido más de 210 millones de euros desde que en 2006 adquirió la planta de Porriño a Genentech. De esa partida, 120 millones corresponden la compra, y otros 90 millones, a la transformación del centro de monoproducto [antes solo se fabricaba un compuesto, el Bevacizumab, principio activo del conocido anticancerígeno Avastin] a multiproducto. La planta dispone en la actualidad de cuatro reactores con una capacidad unitaria de 10 metros cúbicos cada uno, que la convierten en la más grande de toda España.

28 de julio de 2012

Faro de Vigo

Grupo Consorcio amenaza con abandonar el plan de Alfageme si se retrasa la venta

La compañía cántabra y las trabajadoras esperaban la ejecución de los avales para esta semana por parte de la Xunta

El hecho de que la Xunta de Galicia no aprobase el pago de los avales de Alfageme en el Consello del jueves ha sembrado el nerviosismo entre los trabajadores del histórico grupo conservero, entre sus representantes sindicales e incluso entre los dirigentes del grupo El Consorcio, que es el que quiere comprar la empresa gallega.
Tanto es así que miembros del grupo cántabro reconocieron ayer a los sindicatos que si la aprobación del pago de los avales si dilata mucho –y con ellos el acto de compraventa formal de Alfageme– podrían verse obligados a abandonar el proyecto. Así lo manifestaron en el transcurso de la segunda reunión celebrada en Pontevedra para acercar posturas sobre el acuerdo laboral.
El director de Comunicación del Consorcio, Eduardo San Filipo, quiso ser más diplomático al término de la reunión. "Si los plazos se alargan en demasía y eso le afecta al proyecto empresarial es evidente que se trata de una decisión que habría que valorar, pero por el momento no queremos hacer hipótesis sobre futuribles".
Sin embargo, el mensaje que transmitieron los sindicatos al término de la reunión es mucho más negro. Rosa Abuín, de la CIG, asegura que los responsables del Consorcio "están preocupados" por el hecho de que el pago de los avales no fuese al Consello da Xunta de anteayer jueves, con lo que la compraventa de la fábrica se retrasa, como poco, una semana más. "Nos han dejado claro que si en agosto no se firma le propondrán a su consejo de administración la renuncia al proyecto". Francisco Vilar, de CC OO, se expresa en términos similares. "El Consorcio nos transmite que las fechas se le echan encima, y que su plan de viabilidad establece la necesidad de terminar las obras de mejora en las fábrixcas antes del 31 de diciembre, de lo contrario perderían una subvención importante".
Silencio del conselleiro
Miguel Cuña, de la CGT, señala a su vez que "esta es la última semana. El conselleiro (en referencia al de Economía e Industria, Javier Guerra) tiene que dar una señal clara, asumir su responsabilidad y liberar los avales". Así las cosas, las tres centrales que representan a la plantilla de Alfageme instan a la Xunta de Galicia a aprobar el pago de los avales bancarios en el Consello del 2 de agosto como muy tarde.
Pero también los responsables del Consorcio ansían un movimiento político rápido. Tanto es así que Eduardo San Filipo explica que "hemos solicitado a la Xunta que nos digan cuándo van a formalizar la compraventa con nosotros". Reconoce que "para el proyecto empresarial se nos echan los plazos encima", y que "necesitamos una fecha de la Xunta para reprogramar todo".

27 de julio de 2012

La Voz de Galicia


Suspende pagos Hidroscivil, una de las grandes de obra pública en Vigo

Arrastra al concurso de acreedores a Alzadia, su socia de Valladolid

La crisis ha dado un mazazo a una de las grandes constructoras de obra civil de Vigo. El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, en Vigo, declaró el día 24 el concurso voluntario de acreedores de la empresa Hidroscivil, sita en la carretera de la avenida de Madrid, 210. Esta firma está especializada en adjudicaciones de obra pública y fue la encargada de ejecutar los paseos de Bouzas, Alcabre y el río Lagares, entre otros.
El juzgado incluye en la misma suspensión de pagos a la constructora Alzadia Obras, que tiene su sede en la plaza Marcos de Fernández, 2, de Valladolid.
Ha sido designado como administrador concursal el abogado Diego Luis Huerta de Uña.
Hidroscivil logró numerosas obras en los concellos de la comarca de Vigo, algunos a través de una UTE con empresas vinculadas a las humanizaciones de la ciudad.
La empresa fue fundada hace 15 años y entre sus obras figuran los paseos costeros de Vigo y la playa fluvial del río Lérez o varias calles de Redondela.
Otra de sus obras clave en Vigo fue la urbanización y peatonalización de la calle del mercado de O Calvario y la calle Aragón, así como la humanización de la calle Cervantes.
Volumen de negocio
El informe Ardán 2011 de empresas de Galicia revela que, en el 2009, Hidroscivil facturó 18,89 millones y tenía en nómina a 96 empleados. Además de sedes en Valladolid y Madrid, tenía una oficina en Rumanía, según consta en un dosier que publicitó en prensa en el 2010. El juez estima que sus deudas no superarán los cinco millones.
Según los foros de impagados, en marzo entró en preconcurso. En parte, se debía a las deudas de los propios ayuntamientos. Desde el 2009, la UTE de Hidroscivil y Movexvial pleiteó en Cangas por las discrepancias con unas deudas por las obras en el atrio de Darbo.

Faro de Vigo

La empresa que instó el concurso de Barreras se adhiere al convenio de acreedores

Clequali, dedicada a limpiezas industriales, solicitó el concurso necesario en julio de 2011

La empresa Clequali, dedicada a servicios industriales de limpieza con sede en Madrid, y que instó el 14 de julio de 2011 el concurso necesario de acreedores de Barreras, comunicó ante el juzgado de lo Mercantil número tres de Pontevedra con sede en Vigo su adhesión al convenio de acreedores del astillero de Beiramar.
Fuentes consultadas por este diario dan por hecho que en la junta de acreedores que se celebrará el próximo lunes quedará aprobado el convenio por una amplia mayoría. Las empresas están comunicando estos días ente el juzgado de lo Mercantil y en el notario designado por la empresa sus adhesiones al convenio.
Por su parte, la Plataforma de Acreedores de Barreras, que representa a empresas que las que el astillero debe 35 millones de los 75 de deuda total, mostró su disposición en asamblea de evitar que el astillero entre en liquidación. No obstante, la adhesión al concurso se realizará de forma particular por cada empresa.
“La posición aprobada en la Plataforma de Acreedores es hacer posible que Barreras tenga futuro y vuelva a contratar. No existe una obligación de estas empresas de adherirse al convenio, aunque lo previsible es que lo hagan”, señala Carlos Bouzada abogado y portavoz de los acreedores del astillero.
La Plataforma representa en torno al 40% de los votos, pero para que el juez decrete el levantamiento del concurso es necesario que lo aprueben empresas acreedoras cuyas deudas superen el 51% del total.
La junta de acreedores aprobó por unanimidad en una reunión celebrada el pasado 11 de junio en la Cámara de Comercio aceptar una quita del 80% sobre la deuda contraída con un plazo de devolución de cuatro años, lo que allana el camino para que el lunes Barreras salga del proceso concursal.
El responsable del astillero, José García Costas, manifiestó a finales de junio la disposición de Barreras de comenzar a trabajar “al día siguiente” de que la junta de acreedores dé su visto bueno al convenio.
El juzgado de lo Mercantil adelantó la junta de accionistas al día 30 de junio con el objeto de que el astillero comenzase su actividad cuanto antes, ya que de no haberlo hecho así la salida del concurso se prolongaría otros dos meses dado que el mes de agosto es inhábil.
La puesta en marcha del astillero depende de dos aspectos principales: la entrada de nuevos socios –cuyos nombres todavía no han sido revelados– y la entrada en vigor de nuevos contratos, que a su vez dependen en gran medida de que Bruselas de su visto bueno al nuevo tax lease.

26 de julio de 2012

La Voz de Galicia

Navantia logra en Argelia la mayor obra de reparación de su historia

Modernizará dos corbetas que estarán en Ferrol un año cada una de ellas


En medio de una crisis de pedidos sin precedentes, la división de reparaciones de Navantia Fene-Ferrol acaba de lograr en Argelia el mayor contrato de su historia. Los astilleros públicos gallegos se han impuesto en un concurso internacional a las principales factorías del mundo y han resultado adjudicatarios de un encargo para la reparación, modernización y extensión de la vida operativa de dos corbetas.
Está previsto que la primera llegue a la ría ferrolana el próximo mes de septiembre, lo que coincidirá con un fuerte descenso en la ocupación de las antiguas Astano y Bazán, y con centenares de despidos en las compañías auxiliares. Por ello, servirá para aliviar esa destrucción de empleo en las subcontratas, que son las que mayoritariamente se ocupan de las obras en la división de reparaciones.
Debido a la férrea cláusula de confidencialidad del contrato, Navantia no ha informado de las horas de trabajo ni del importe del mismo, pero se prevé que cada buque permanezca en las factorías gallegas alrededor de un año.
A la segunda corbeta se la espera para el 2013, por lo que el fin de la vigencia del acuerdo llegará hasta el año 2014.
Con el primer navío llegará también una importante delegación de la Marina de Argelia, que fijará su base en Ferrol para realizar labores de inspección, supervisión y pruebas en los buques. «Es una noticia muy positiva y demuestra que trabajando en la línea correcta se logra carga de trabajo», subrayó Ignacio Naveiras, portavoz del comité de empresa, quien también incidió en la importancia de haber realizado el anuncio del contrato con él ya firmado. «Demuestra cómo se tienen que hacer las cosas», insistió. A la espera de conocer el volumen de ocupación, también insistió en que «vendrá a paliar en parte la importante merma que vamos a tener tras el verano», con dos de los tres buques en cartera finalizados.
Participación
En la modernización de las corbetas argelinas también participarán otras áreas de negocio de Navantia.
Desde el año 1992, la división ferrolana se ha convertido en un referente en el mercado argelino para la reparación de los buques gaseros y petroleros, «lo que unido a su experiencia en el mantenimiento de los buques de la Armada española ha sido su mejor carta de presentación para ganar este concurso».

Atlántico Diario

La dura crisis provoca el cierre de tres comercios cada día en Vigo

Hasta cuando se podrá aguantar es lo que se preguntan los comerciantes de Vigo. Cada día tres establecimientos comerciales cierran sus puertas en la ciudad y, aunque abren nuevos negocios, no son suficientes para estabilizar la balanza, que se inclina hacia el lado de los óbitos.

Los comerciantes aseguran que no han vendido ni el 45% de lo que esperaban en rebajas y ya temen la Navidad
 
En los cinco años de crisis Vigo ha perdido casi una cuarta parte de su tejido comercial, de los 7.500 establecimientos del año 2008 a los 5.800 de la actualidad, según los datos de la Federación de Comercio de la provincia de Pontevedra. Su presidente, Antonio Reguera, recuerda que 'hay calles enteras sin comercio, solo hay que echar un vistazo a Elduayen, al tramo de Camelias hasta la plaza de la Independencia y otras zonas próximas a Balaídos o en los alrededores de O Calvario, porque si cierran diez abre uno y así no hay reposición', explica. El comercio de barrio es el que está sufriendo más intensamente esta dura crisis.

Para el comercio, el verano y Navidad son sus dos campañas estrella pero este año tampoco será así. La federación provincial estima que las ventas han alcanzado en la campaña de rebajas de verano el 45% del objetivo que se habían marcado, cuando a estas alturas deberían ir ya por el 60%. Si la venta media por vigués que se esperaba era de 50 euros se habrá llegado a entre 35 y 38. En esta situación tiene mucho que ver la bajada del turismo, especialmente el portugués, 'están peor que nosotros y ya no vienen a Vigo el fin de semana de compras', según Reguera.

TAMPOCO EN NAVIDAD

'Las perspectivas de agosto no son buenas porque en ese mes el gasto ya baja porque en septiembre hay que empezar a comprar los libros y el material escolar, un gasto obligatorio para las familias', explica Reguera.

Ahora ya temen la campaña de Navidad, el otro gran oasis del comercio, porque con la eliminación de la paga extra de los funcionarios saben que el consumo se resentirá notablemente. 'Estimamos que la falta de paga extra de Navidad en los funcionarios repercutirá un 15% más en las ventas, que se suma al retraimiento creciente del consumo', para el presidente de la federación provincial. Su conclusión es que se acelerarán los cierres y crecerá el paro.

La Opinión de la Coruña

Los trabajadores afectados por ERE en Galicia suben un 25,1% hasta mayo

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas -con la reforma laboral del Gobierno, en vigor desde el pasado 12 de febrero, ya no hace falta autorización- aumentó un 25,15% en los cinco primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2011. En todo el Estado, subieron un 53,2%.

Según los datos que constan en el Boletín de Estadísticas Laborales, Galicia contabilizó 11.395 personas afectadas por un ERE entre enero y mayo, frente a las 8.529 que registró en ese periodo del año anterior. En España, hubo un total de 176.085 trabajadores afectados por expedientes, en contraste con los 114.917 trabajadores implicados en una regulación de empleo en los cinco primeros meses de 2011.

El Pais

El juez liquida Promalar, que debe a Alfageme 11,8 millones

En mayo de 2011 se acogió al concurso voluntario con unas deudas que superaban los 200 millones de euros
 
Promalar, la empresa inmobiliaria expropietaria de la conservera Alfageme, ha entrado en proceso de liquidación. El juzgado Mercantil número 3 de Vigo ha dictado el auto de apertura de la fase que terminará con la disolución de la compañía que preside Juan Lago.

En mayo de 2011 se acogió al concurso voluntario con unas deudas que superaban los 200 millones de euros, de los que Novagalicia Banco se llevaba la peor parte, con préstamos que rondaban los 100 millones, junto al Popular, con 50 millones. La firma achacaba su suspensión de pagos a la situación de la conservera por supuestos préstamos dentro del grupo. Pero el concurso de acreedores de Alfageme demostró que fue Promalar la mayor responsable de la insolvencia. De hecho, el juez ordenó a la promotora a devolver 11,8 millones de euros en préstamos a Alfageme que habrían pagado con creces las indemnizaciones que los 190 trabajadores nunca cobraron. La operación se realizó “en detrimento de los acreedores, lo que contribuyó a generar o agravar la insolvencia” de la conservera.

Tras presentar la suspensión de pagos, Promalar aseguró que saldría del concurso “rápidamente”, y sin quitas, pero sus esperanzas se esfumaron por la abultada deuda y porque la mayoría de sus activos están en el suelo, tanto urbanizable como rústico. Actualmente la inmobiliaria anuncia hasta siete promociones de viviendas terminadas en Cangas, Redondela y Vigo. Promalar tenía en su activo cerca de dos millones de metros cuadrados de monte que se extienden entre Cangas y Bueu, pero no logró la recalificación pactada en convenio con José Enrique Sotelo (PP), el anterior alcalde, para promover 5.000 viviendas.

25 de julio de 2012

La Voz de Galicia

Los ERE crecen un 66 % hasta mayo y se multiplican por siete los no pactados

En Galicia, el número de personas afectadas por ERE entre enero y mayo fue de 11.395, lo que supone un 34 % más que en el mismo periodo del año anterior


El número de los expedientes de regulación de empleo (ERE) crecieron entre enero y mayo un 66 % en comparación con un año antes, en tanto que los no pactados se dispararon un 567 %, según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicado hoy. En Galicia, el número de personas afectadas por ERE en este periodo fue de 11.395, lo que supone un 34 % más que en el mismo periodo del año anterior.
En el conjunto de España, en los cinco primeros meses del año se autorizaron o comunicaron un total de 13.518 ERE, que afectaron a 176.085 trabajadores, frente a los 8.106 expedientes de regulación para 114.917 trabajadores del mismo periodo del pasado año, lo que en número de empleados supone un incremento del 53 por ciento.
En el caso de los no pactados han sido seis veces más, al haber pasado de 728 a 4.859, con 69.510 trabajadores implicados este año y 11.416 el anterior.
Por tipologías, los que más crecen son los de reducción (4.995, 79 % más), seguidos de los de suspensión (6.370, un 70 % más) y de los de extinción (2.153, un 36 % más).
Principalmente se han alegado causas económicas (9.456), frente a las organizativas o de producción (3.742), las de fuerza mayor (177) y las técnicas (124). Por tamaño de empresa, la mayoría de los ERE se produjeron en empresas de menos de 9 trabajadores (6.739), de 10 a 24 (3.159) y de 50 a 249 (1.366), en tanto que las compañías con entre 25 y 49 empleados fueron las que sumaron menos expedientes (1.190). En lo que atañe a los sectores, 1.555 expedientes concernieron al de servicios, 904 a industria, 499 a construcción y 39 al agrario.

Faro de Vigo

 Los trabajadores afectados por ERE crecen un 53,2% en 2012

Un total de 176.085 empleados se han visto afectados por expedientes desde que no hace falta autorización

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas (con la reforma laboral del Gobierno, en vigor desde el pasado 12 de febrero, ya no hace falta autorización) aumentó un 53,2% en los cinco primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2011.
En concreto, un total de 176.085 trabajadores se vieron afectados por un ERE hasta mayo, en contraste con los 114.917 trabajadores que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante los cinco primeros meses de 2011, según los datos que constan en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo recogidos por Europa Press.
Hasta mayo, los expedientes de regulación de empleo autorizados/comunicados aumentaron un 66,7% en comparación con el mismo periodo de 2011, hasta sumar 13.518, frente a los 8.106 de los cinco primeros meses del año pasado.
Los ERE en los que se alegaron causas económicas (problemas de tesorería o financiación, restricción de contratos, quiebra, deudas o suspensión de pagos, baja productividad o aplicación de medidas económicas) se dispararon un 102,7% en los cinco primeros meses en relación al mismo periodo de 2011, hasta sumar 9.456 expedientes, casi el 70% del total de expedientes registrados en el periodo.
Por causas técnicas se autorizaron 124 expedientes hasta mayo, un 25,3% menos que en el mismo periodo de 2011, mientras que por causas organizativas o de producción se registraron 3.742 expedientes, con un crecimiento interanual del 20,8%. Por fuerza mayor hubo 177 ERE, uno menos que en los cinco primeros meses de 2011.
La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.
No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.
La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.
Los ERE no pactados se multiplican por más de seis
Del total de expedientes autorizados/comunicados hasta mayo, 8.659 fueron pactados con los representantes de los trabajadores, un 17,3% más, mientras que los no pactados se multiplicaron por más de seis, hasta sumar 4.859 expedientes. Los ERE pactados afectaron a 106.575 trabajadores, un 3% más, en tanto que los no pactados englobaron a 69.510 trabajadores, cifra que sextuplica la registrada en igual periodo de 2011.
Los ERE de extinción (despidos colectivos) se incrementaron un 36,3% entre enero y mayo, hasta sumar 2.153 expedientes, mientras que los de suspensión temporal de empleo aumentaron un 70,1%, hasta los 6.370, y los ERE de reducción de jornada crecieron un 79,5%, situándose en 4.995 expedientes.
Los trabajadores afectados por despidos colectivos aumentaron un 17,7% en los cinco primeros meses del año y sumaron 29.844, en tanto que los trabajadores suspendidos de empleo se dispararon un 82,1%, hasta totalizar 109.856. Por último, los trabajadores afectados por ERE de reducción de jornada sumaron 36.385, con un crecimiento del 24,4% respecto al mismo periodo de 2011.
La mayor parte de los trabajadores que se vieron inmersos en un ERE durante los cinco primeros meses desempeñaba su actividad en la industria (92.305) y los servicios (60.865). En la construcción, los afectados ascendían a 21.210 y en la agricultura, a 1.705.

Faro de Vigo

La crisis de la deuda soberana bloquea el acceso a crédito de los astilleros gallegos

Los armadores extranjeros desconfían de la banca española para avalar las operaciones

La desconfianza de los armadores extranjeros en la banca española por la crisis de la deuda soberana ha puesto en peligro la negociación de varios contratos de astilleros vigueses, según ha podido saber FARO. Armadores y navieros exigen ahora a los constructores navales que sus operaciones sean avaladas por entidades financieras foráneas o con fondos propios de los astilleros, condiciones que pocas firmas pueden cumplir. Esta situación se complica todavía más por la ausencia de un sistema de bonificaciones fiscales tras la suspensión del tax lease hace un año, que les impide competir en costes con otros astilleros europeos.
El problema está en el "riesgo país" y en la "poca credibilidad" que ofrecen las entidades financieras españolas a los armadores extranjeros. Estos no se fían de los bancos nacionales para la financiación de los buques ni para la firma de las correspondientes garantías de los contratos, sobre todo a partir de la nacionalización de Bankia, el pasado mayo. Fuentes del sector naval explican que los armadores exigen trabajar con entidades extranjeras o que los astilleros avalen las operaciones con fondos propios, lo que estaría retrasando la firma de varios contratos y pondría en peligro otros. Las mismas fuentes señalan también que los tipos de interés que dan los bancos nacionales son "inasumibles" para los astilleros.
Además de las dificultades financieras, los astilleros siguen sin disponer de un sistema de bonificaciones fiscales que les permita competir en precios con sus homólogos europeos. El Gobierno había manifestado en junio que a principios de agosto podría ponerse en marcha el nuevo tax lease, pero en el sector dan por hecho que se retrasará a septiembre "o principios de octubre". Y tampoco se ha reactivado en la práctica el fondo de garantías patrimoniales de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión), herramienta que facilitaba la financiación a los constructores navales.
Hasta ahora, de los astilleros vigueses solo Armón ha conseguido contratar nuevos buques este año: dos barcos ancleros para la compañía holandesa Heerema y un oceanográfico para el Gobierno mexicano, como adelantó en exclusiva FARO. El resto de las empresas mantienen negociaciones avanzadas con armadores europeos y de terceros países para aumentar su cartera de pedidos. Las dos mayores empresas de la Ría, Factorías Vulcano e Hijos de J. Barreras (éste último en suspensión de pagos), continúan con sus gradas vacías.
Zamakona contrata dos buques para Noruega
El astillero vasco Zamakona cerró esta semana un contrato con el armador noruego Atlantic Offshore para la construcción de dos buques de rescate (stand-by rescue) y transporte para plataformas petrolíferas por 50 millones de euros. Se trata de barcos de 68 metros de eslora y 16 de manga que serán operados por las compañías petroleras Shell y Total. Su entrega está prevista en 2014.
Zamakona es uno de los pocos astilleros españoles que ha logrado carga de trabajo este año. El pasado marzo, la atarazana vasca ya había recibido el encargo de un nuevo buque atunero para la firma Echebastar Fleet y de un congelador de 76 metros de eslora para el armador Solvtrans. También La Naval de Sestao se habría adjudicado dos supply del desparecido Astilleros de Sevilla, a los que optaba Factorías Vulcano.

24 de julio de 2012

Atlántico Diario

Zeltia vuelve a beneficios y gana 11,2 millones de euros hasta junio

El grupo farmacéutico de origen gallego Zeltia logró un beneficio de 11,2 millones de euros en el primer semestre, lo que supone dejar atrás los 3 millones de pérdidas que registró en el mismo periodo de un año antes, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La cifra de negocios del grupo cayó un 10,5 % hasta 72,8 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 16 millones de euros desde el saldo negativo de 0,69 millones que contabilizó un año antes.

Este incremento es consecuencia principalmente de los ingresos procedentes del acuerdo con Janssen Pharmaceuticals. Las ventas netas del segmento de Biofarmacia descendieron un 13 % hasta 35,6 millones de euros.

20 de julio de 2012

La Voz de Galicia

37 empresas con falta de liquidez preparan la suspensión de pagos

El Mercantil gestiona ya cuatro veces más preconcursos que hace un año


La reciente declaración del concurso necesario y voluntario de la congeladora Vieirasa es la última de una serie de suspensiones de pagos que lastran la actividad industrial de Vigo. En lo que va de año, y hasta el pasado lunes, el juzgado de lo Mercantil número 3 de Vigo ha tramitado 52 demandas de concursos de acreedores, uno menos que en las mismas fechas del 2011. Pero hay otras 37 empresas con problemas de liquidez que se han puesto en lista de espera para que el juez apruebe la reordenación de sus pagos. Son un 270% más de preconcursos que hace un año, cuando solo diez firmas habían presentado su solicitud en el juzgado. Ahora hay cuatro veces más.
Esto significa que si el año pasado suspendieron pagos 70 empresas, cuando termine el presente ejercicio podrían llegar a las 90 firmas.
Una de las características de esta oleada de quiebras es que las firmas con problemas en su tesorería pertenecen a todos los sectores. La crisis ha tocado a todos. Han entrado en concurso firmas del metal, pesqueras, de telecomunicaciones, inmobiliarias, naval, textil, artes gráficas, publicidad, informática, madereras, alimentación (bebidas y cárnicas), organización de eventos, alarmas y venta de electrodomésticos. No hay un sector destacado pero los más castigados son el naval e inmobiliario.
No solo las empresas entran en concurso sino que también lo han hecho 8 personas físicas, generalmente hipotecados que quieren reordenar sus pagos.
Lo peor es que la mayoría de los concursos se presentan tarde, por lo que el proceso concluye con la liquidación. Actualmente, el juzgado tramita 83 concursos en fase de liquidación, que supone la desaparición y cierre de la firma. Solo 16 están en fase de convenio para intentar llegar a un acuerdo y 9 han conseguido la aprobación de sus acreedores y ya se están cumpliendo. Uno de los casos más destacados sería el astillero Vulcano, reflotado por la administradora concursal Antonia Magdaleno, la misma que ha sido designada para llevar Vieirasa. Y una empresa del naval ya ha cumplido el convenio.

La Voz de Galicia


Eduardo Vieira: «Sacaremos adelante la compañía»

El grupo Vieira estudia vender activos en el extranjero para ganar liquidez

Los helados Frigo seguirán llegando a los quioscos de las playas gallegas en camiones de Vieira. Y los muslitos de mar de Ricomar continuarán llenando las islas de congelado de los supermercados. El presidente del Grupo Vieira, Eduardo Vieira, eludió profundizar en la difícil situación económica por la que atraviesa la compañía, pero sí que se mostró decidido a seguir adelante y reflotar el negocio. «Trabajamos con normalidad. Sacaremos adelante la compañía», explicó ayer, un día después de que se hiciese público que el consorcio ha entrado en concurso de acreedores instado por un grupo inglés. En suspensión de pagos están Vieirasa y la procesadora Vigoca, mientras que la distribuidora se encuentra en preconcurso, tras haberlo solicitado.
Eduardo Vieira seguirá administrando la compañía, aunque supervisado por la sociedad jurídica Magdaleno-Ramos y Asociados, que ahora tendrá que confeccionar la lista de acreedores y cuantificar la deuda. Dado que se trata de un concurso necesario y ordinario, se supone que el pasivo supera los cinco millones de euros. Pero, según lo que apuntan fuentes del sector, esa cantidad podría antojarse pequeña en cuanto se acabe de elaborar la relación de acreedores. Porque lo cierto es que no se puede decir que entre el colectivo pesquero la noticia se haya recibido con sorpresa.
Al revés, era una cuestión que estaba ya desde hace tiempo en la calle y hay quien incluso se sorprende de que esa haya durado tanto tiempo en pie. Es más, hasta se la habían repartido entre otras compañías del sector, dispuestas a pujar unas por la distribuidora, otras por el frigorífico, la procesadora...
Ahora bien, no por esperada la noticia de que Vieirasa ha entrado en concurso es menos impactante: «Aunque era ya un secreto a voces, es una mala noticia que entre en concurso una empresa insigne de Vigo», se lamentó Juan Manuel Vieites, secretario general de Anfaco.
Los resultados del grupo aparecen con signo positivo en las cuentas, pero se ha visto asfixiada por falta de liquidez, de activo circulante después de haber hecho fuertes inversiones tanto en Galicia como en el extranjero y la imposibilidad de recurrir al crédito por la crisis financiera.
Retraso en el pago de salarios
Así las cosas, parte de la plantilla de las empresas del grupo, unos cien empleados, hace dos meses que no cobran su salario. Otros lo hacen no con la regularidad acostumbrada. Pero que hay voluntad de cumplir con sus pagos no lo niegan: «O diñeiro que entra, vai para os traballadores», asegura Luciano Villar, secretario general de FGAMT-CIG Vigo.
Para superar la falta de liquidez que ha abocado a la compañía a la suspensión de pagos, Vieira se plantea deshacerse de activos en el extranjero, «por exemplo, en Namibia», apunta Villar, «o cal suporía unha inxección económica para eles». Sin embargo, en el sindicato no descartan un posible reajuste de plantilla en la compañía: «A empresa fará un plan de viabilidade, que a nós aínda non nos presentaron», dice Villar, que incide en que los empresarios «cren que teñen futuro, por iso van á vía concursal».

Faro de Vigo

Barreras fija para octubre su ampliación de capital y mantiene el plan de despidos

Propiedad y comité descartan llegar a un acuerdo sobre los recortes antes de la junta de acreedores del 30 de julio

La negociación del plan social en Barreras continúa bloqueada. Propiedad y comité de empresa ratificaron ayer sus diferencias tras una reunión en la que el portavoz del astillero, José García Costas, informó de que la intención de los propietarios es convocar la junta de accionistas en octubre para dar vía libre a la ampliación de capital, según explicaron ayer fuentes sindicales. Sobre el plan de recortes de trabajadores y salarios, empresa y sindicatos no han llegado a un acuerdo y descartan llegar a un entendimiento este mes de julio.
El encuentro del jueves fue el primero desde el pasado mes de junio. La parte empresarial, encabezada por García Costas, mantiene sin cambios el plan social incluido en el informe de viabilidad del astillero, que contempla reducir la plantilla de los 130 trabajadores actuales a 80, y rebajas salariales de hasta un 80%. El comité, ante esta situación, recalcó que no está dispuesto a negociar, y ambas partes consideran difícil que se vayan a producir avances antes del 30 de julio, cuando se ha convocado la junta de acreedores de Barreras.
"No podemos negociar si no vemos una propuesta de viabilidad sobre la que negociar", resumió un portavoz de CC OO en el comité. En la reunión, los representantes de los trabajadores preguntaron a García Costas sobre aspectos clave para el futuro de Barreras como carga de trabajo, la identidad de los inversores que están dispuestos a acudir a la ampliación de capital y la reorganización interna de la firma, pero no se revelaron detalles más allá de los conocidos.
La propiedad confía en que los acreedores aprueben la propuesta de convenio el 30 de julio, dedicar a agosto a la resolución de posibles recursos, que en septiembre desaparezca ya la figura del administrador concursal en la empresa, y en octubre convocar la junta de accionistas que debe aprobar llevar el capital a cero y una ampliación de en principio 10 millones de euros. "Vamos a esperar a ver qué pasa el día 30 y si a partir de entonces vemos un escenario de actividad, nos volveremos a sentar", explicó la misma fuente.
Un año de concurso
Barreras suspendió pagos hace ahora un año con una deuda de 78,3 millones, arrastrando a más de doscientos acreedores, la mayoría industrias auxiliares del naval gallego. El astillero confía en superar el concurso este mes y en tener el apoyo de la Xunta. La Consellería de Industria había condicionado su respaldo al proyecto a que precisamente hubiese un acuerdo entre propiedad y trabajadores sobre el plan social. También los acreedores habían manifestado que la empresa tendría que llegar a consensos con la plantilla, la Xunta y el ayuntamiento para aprobar el convenio. Éste incluye una quita sobre la deuda del 80% (frente al 95% que se proponía al principio) a devolver en cuatro años.

Faro de Vigo

Vieirasa acepta el concurso a instancias de un acreedor asfixiada por las deudas

La reclamación de CDC asciende a 1,3 millones por la venta de unas acciones de una sociedad en Namibia


La Sociedad Anónima Eduardo Vieira aceptó el concurso necesario de acreedores solicitado por la compañía británica Commonwealth Develotment Corporation (CDC Group LPC) por impago de una deuda derivada de la compra de acciones de la sociedad Calidu Fishing, con sede en Namibia, por importe de 1,3 millones de euros.
La reclamación de CDC fue presentada la pasada semana ante el juzgado de la Mercantil número Tres de Pontevedra con sede en Vigo quien comunicó este miércoles a Vieirasa la solicitud de concurso necesario, que la armadora viguesa se allanó (aceptó). Fuentes conocedoras de la operación consultadas por este periódico indicaron que "las empresas en muy raras ocasiones aceptan el concurso a instancias de un tercero y lo normal es que el contencioso acabe en juicio".
También llama la atención la entrada en concurso de la empresa por una cantidad de 1,3 millones de euros, cuando su facturación alcanzó en 2010 los 43,5 millones de euros y otros 23 en su filial Vieira Distribución..
El juez designó como administrador concursal a la sociedad Magdaleno-Ramos y Asociados SLP, con sede en Valencia, que también había intervenido en los procesos concursales de Vulcano y Martinsa.
El despacho, por imperativo legal, abrió un correo electrónico para recibir las reclamaciones del resto de los acreedores en el plazo de un mes a partir de la publicación del edicto judicial en el BOE. "Creemos que la cuantía de las reclamaciones puede ser muy elevada porque la empresa arrastra dificultades desde hace tiempo", señalan las fuentes consultadas.
Sin embargo, otras fuentes reducen la situación a "la imposibilidad de atender el pago corriente por tensiones de tesorería" y consideran a la compañía "es viable y la situación reversible".
El juez mantiene en sus puestos a los actuales administradores de la empresa por las dificultades que entraña el negocio del pescado, aunque estarán supeditados a las decisiones en materia contable de la administradora judicial.
El juez ha requerido a Vieirasa, que está asesorada por el despacho de abogados madrileño Gómez, Acebo y Pombo, que presente un informe detallado de las marcas de la empresa, de los vehículos de su propiedad y en leasing, la relación de la plantilla –con el nombre de los trabajadores, categorías, antigüedad y salarios, además de las cuentas de 2011 y en el caso de no estar cerradas, que se especifique las causas que lo impidieron.
Vieirasa es la primera de las grandes armadoras gallegas que entran en concurso de acreedores desde que estalló la crisis.
Eduardo Vieira: "La situación es complicada, aunque esperamos salir de ella"
El consejero delegado del Grupo Vieira, Eduardo Vieira Montenegro, reconoce a Faro que "la situación es complicada, aunque esperamos salir de ella".
Vieira explicó que la sociedad de capital riesgo CDC Group LPC, que tiene participación del Estado británico, era su socia en la empresa namibia Calidu Fishing. Esta participación estaba destinada a potenciar la planta de Walbis Bay y que en el acuerdo existía el compromiso de recompra de esas acciones. ""Llegado el momento de la operación no se daban las circunstancias necesaria de la compra, aunque ahora solo restan una parte de las acciones", asegura Eduardo Vieira.

La Opinión de la Coruña

Un juez deniega por primera vez un ERE basado en la previsión de pérdidas

El Superior de Madrid considera que la firma adoptó la medida para elevar sus beneficios

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo, por primera vez desde la reforma laboral, un expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa de telemarketing Global Sales Solutions por entender que no es verosímil su previsión de pérdidas de 1,49 millones para 2012. La sentencia indica que la compañía y su perito "han venido construyendo su argumentación, incluso hasta en el acto del juicio, partiendo de unos datos provisionales inciertos".

El fallo señala que la empresa intentó "desviar la atención" sobre los datos reales de 2011 para centrarse en unos resultados contables elaborados a propósito para ese año que califica de provisionales.

El Tribunal indica que decir que los estados contables son provisionales a 28 de marzo, cuando a las cuentas se formulan 48 horas después, "es un juego dialéctico llamado a desviar la atención". Por ello, a su juicio, el comportamiento de la empresa es de poco rigor y denota un comportamiento alejado de la buena fe que debe regir el periodo de consultas con la representación de los trabajadores.

Situación contradictoria

La sentencia recoge que la propia empresa en sus informes de gestión afirma que su situación es de crecimiento, con oportunidades de negocio, sin riesgos de liquidez y sin pérdidas significativas por riesgo de créditos. Además, subraya que el interés de la firma con el ERE es subjetivo y no objetivo, "consistente en buscar soluciones que permitan reducir los costes fijos y convertirlos en variables".

El Tribunal recalca que los ERE tienen un coste social para ayudar a empresas en crisis que afectan de forma real y objetiva a su supervivencia, permitiendo y facilitando su continuidad en el mercado como garantía de generación de empleo y de riqueza futura para la sociedad en su conjunto. En su opinión, los ERE no son, ni deben ser, un medio de destrucción de trabajo para generar más riqueza y beneficio al empresario que no está en crisis ni tiene dificultades reales acreditadas y objetivas.

Atlántico Diario

El grupo de Feiraco compra la planta de Clesa en Caldas de Reis

La Agrupación Cooperativa Láctea, integrada por diez cooperativas y liderada por Feiraco, firmó ayer la compra de la planta de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra), por lo que se convierte legalmente en la propietaria de las instalaciones. Así lo anunciaron el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, y el administrador de la agrupación de cooperativas, José Luis Antuña, que informó de que la operación fue firmada ayer en Madrid.

El conselleiro destacóque 'por fin' tras 'muchos meses trabajando' en la situación derivada del proceso concursal del conglomerado de empresas de Nueva Rumasa y 'con el esfuerzo de todos los implicados', se puede dar esta 'magnífica noticia'. Además, añadió que 'por fin se concretó la adquisición' y 'ahora la marca Clesa es una marca gallega'. 'Mantiene los puestos de trabajo en Caldas y crea una oportunidad de negocio con un producto de mayor valor añadido', subrayó.