PÁGINAS

Translate

31 de julio de 2011

Atlántico Diario

El Gobierno envía 'in extremis' su alegato en defensa del naval

El Ministerio de Industria espera resolver el expediente en septiembre y que la UE permita usar de nuevo el régimen fiscal 'tax lease' para que los astilleros puedan contratar barcos

El Gobierno central envió ayer a la Unión Europea sus alegaciones a la investigación abierta por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, al 'tax lease' español -régimen fiscal que emplean los astilleros para contratar barcos-, según confirmó el Ministerio de Industria a este diario. 

El escrito remitido a Bruselas defiende que dicho sistema fiscal es compatible con la normativa europea e incide en que no se trata de ayudas directas al naval, según indicaron fuentes del citado ministerio. El documento incluye la propuesta que el jueves envió la Xunta al Gobierno,así como de otras administraciones. No obstante, el ministerio precisa que se hizo un amalgama de algunas las cuestiones planteadas y que su intención es resolver el expediente en el mes de septiembre.

Lo hizo casi fuera de plazo (tenía que presentarlas antes del lunes), cuando el sector naval vigués ya mostraba preocupación ante la falta de noticias del Ejecutivo central. De hecho ayer mismo el conselleiro de Industria, Javier Guerra, anunció que la Xunta actuaría “de manera directa” si el Gobierno no lo hacía. “Nuestro punto de vista es defender la legalidad del sistema de arrendamiento actual”, apuntó en su comparecencia en el Parlamento gallego.

Cambios Fiscales
El informe que la Xunta envió al Ejecutivo central para que lo incluyera en las alegaciones para la UE explica que en caso de que Bruselas decidiera suspender el 'tax lease' y pedir a los astilleros la devolución de los beneficios de este sistema fiscal violaría el principio comunitario de protección de la legítima confianza. La Administración autonómica propone una alternativa consistente en un nuevo marco jurídico, con la supresión de varios artículos de la ley y del reglamento del Impuesto de Sociedades con el fin de adaptar los preceptos que puedan entrar en conflicto con la norma comunitaria. Se cambiaría también la amortización acelerada que permite el 'tax lease' por una libre.

Atlántico Diario

La Xunta ignora los planes del Gobierno para el sector naval

La Xunta estudia la forma de 'actuar directamente' si el Ejecutivo español no defiende el sector naval ante la Comisión Europea. El Gobierno gallego 'lamenta no tener respuesta aún del Gobierno central sobre las alternativas propuestas a la suspensión del tax-lease'.
La Xunta recuerda el envío el jueves de un informe a los ministerios de Industria 'para buscar soluciones inmediatas, ya que la supresión del tax-lease está impidiendo la contratación de nuevos buques en los astilleros gallegos'. Explica que este informe, también del sector, defiende la legalidad del sistema de arrendamiento actual, busca una solución para la situación de cara al futuro y detalla argumentos jurídicos para garantizar que las construcciones de barcos en curso no se vean afectadas por la suspensión de esta fórmula de financiación, que en ningún caso debería tener efectos retroactivos.

Faro de Vigo

El difícil reflote del astillero Barreras

El primer constructor privado español entró en los últimos meses en un callejón con pocas posibilidades de salir

 La caída en barrena del primer astillero privado español va a tener fuertes consecuencias para la economía de la comarca viguesa. Detrás de las dificultades para contratar nuevas construcciones de barcos había mucho más, que en el sector se achaca a una mala gestión financiera. De pasar de una beneficio de 742.000 euros en 2010 –que es muy poco dinero en relación a la facturación–, a presentar unas pérdidas de 56,7 millones hasta el pasado mes de mayo es un abismo. ¿Qué ocurrió?
Las cuentas están en estos momentos en manos de los administradores concursales, que según se ha filtrado se han encontrado con "problemas importantes". La situación según los expertos es de "quiebra técnica", ya que no se puede soportar una empresa con una deuda de más de 62 millones de euros a los proveedores, unas pérdidas hasta mayo de 56,7 millones de euros, una cartera de pedidos a cero y enormes dificultades de financiación. Y si no se solucionan las cosas la liquidación del astillero podría producirse en dos meses, según afirman fuentes conocedoras de la situación, que de producirse "el futuro nunca será igual".
Con este panorama, el reflote del astillero es harto difícil, aunque se está trabajando desde dentro y fuera para que su actividad continúe. El presidente del astillero, José Francisco González Viñas, declaró a este periódico que el actual problema tiene "solución", pero esa solución pasa por unos duros ajustes.
El primer diagnóstico que expertos facilitaron a Faro son pocos alentadores. En primer lugar apuntan a que la salida más probable pasa por la liquidación del astillero –esto es borrón y cuenta nueva– y la entrada de nuevos accionistas, aunque sin descartar que los actuales propietarios puedan mantener una cierta presencia, aunque minoritaria.
La segunda, y menos probable, sería que los actuales propietarios del astillero volvieran a tomar las riendas del mismo a costa de ampliar el capital social –en al menos 10 millones de euros– y acordar con los acreedores una quita de entre el 80 y el 90%, siempre y cuando esta situación fuese bendecida por los administradores concursales y el juzgado de lo Mercantil de Vigo.
En tercer lugar, un sindicato se ha presentado como solución una propuesta nada desdeñable para salvar el astillero, aunque complicada pero no imposible en su realización si hay "voluntad política".
Esta propuesta pasaría por la intervención del Consorcio de la Zona Franca en el proyecto, aunque el organismo que preside Teresa Pisano lo conoce de manera muy tangencial.
Este proyecto contemplaría la venta por parte de Barreras de los terrenos que la empresa tiene entre Tomás A. Alonso y Beiramar a la Zona Franca. Las principales líneas de actuación, a las que ha tenido acceso FARO, contemplan que Zona Franca comprase esos 22.400 metros cuadrados que tiene Barreras por un importe de 75 millones –bien en un solo plazo o bien pagaderos durante cinco años a razón de 15 millones anuales– para recapitalizar el astillero y abordar el pago a los acreedores sin necesidad de entrar en concurso de acreedores, lo que entre otras cosas significaría que el pago se realizaría sin ningún tipo de quita.
A partir de ese momento, Barreras alquilaría a Zona Franca los 14.500 metros en los que tiene actividad, mientras que los restantes 7.925, del total de 22.400, podrían ser utilizados para otro tipo de actividades industriales.
De esta propuesta es conocedor el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien dijo que los promotores de la misma deberían negociar directamente con Zona Franca su viabilidad. "Los terrenos son industriales y no vamos a acometer ninguna recalificación. Deben negociar directamente con Zona Franca", afirmó el regidor vigués
"Si la propuesta llega a buen puerto salvaríamos a una gran parte de la industria auxiliar de Vigo, con un convenio anticipado para los acreedores y aún quedaría un remanente para el astillero", señalan los promotores del proyecto que indican que su único objetivo "es no perder un astillero de la categoría de Barreras ni la industria auxiliar que trabaja en él".
Sin embargo, no existe una tasación previa de los terrenos. De hecho, la existente se basa en multiplicar los metros cuadros de los terrenos de Barreras por el coste mensual del metro cuadrado de alquiler que aplica Zona Franca –5,42 euros/metro mensuales–.
Empresarios del metal también conocen el plan, que califican de "interesante" en cuanto supone el mantenimiento de una gran parte de la estructura industrial del sector naval en Vigo". El problema que surge ahora son los plazos, más allá de finales de septiembre el panorama pasaría de "mar gruesa" a "mar monstruosa". El naufragio en definitiva.

30 de julio de 2011

Atlántico Diario

La Xunta logra el apoyo del Parlamento en favor del naval

El conselleiro de Industria, Javier Guerra, anunció que si el Gobierno no hace lo posible para evitar la desaparición del sector, será la Administración Autonómica 'la que actue ante la UE'
El conselleiro de Industria, Javier Guerra, obtuvo ayer en el Parlamento el apoyo de los grupos políticos para el naval privado de la comunidad, que se encuentra en una situación 'extremadamente difícil' y en un momento 'que puede ser el fin de un sector estratégico para la economía gallega'. 

El naval gallego, afirmó el conselleiro, es el 75 por ciento de la construcción civil de buques en España y el 5 % con respecto a la UE, y en estos momentos los astilleros están quedando sin carga de trabajo aunque mantiene 15 buques en cartera. La crisis tiene su origen en la dificultad de financiación tras la liquidación por parte del Gobierno central del Fondo de Garantía Patrimonal (Pymar), al que la Xunta aportó en los dos últimos años un fondo de 37 millones de euros.

Guerra reiteró el propósito del Gobierno de la Xunta de impugnar el acuerdo de liquidación de Pymar. El conselleiro compareció a petición propia en una comisión extraordinaria de Industria del Parlamento, donde aseguró que el sistema de tributación especial y de amortización anticipada conocido como el 'tax lease', cuestionado desde el año 2006 por la UE, cumple con la normativa comunitaria, por lo que cree que su aplicación no debió ser suspendida.

Advirtió que si el Gobierno de España no hace lo posible para evitar la desaparición del naval será la propia Xunta la que actuará ante la UE porque 'no vamos a dejar que 14.000 trabajadores se vayan en Galicia a la calle'.

La supresión del 'tax lease' está impidiendo la contratación de nuevos buques en los astilleros gallegos y españoles pero, además, se teme que la supresión de ese régimen fiscal que permite la amortización acelerada y anticipada de buques, afecte también a aquellos barcos que están en construcción.

El conselleiro cree que el naval no puede ahora esperar a que se alargue el proceso un año y medio. 'Tenemos que actuar con celeridad y buscar una solución inmediata, y para ello le queremos plantear al Gobierno de España, que es quien nos representa ante la UE, nuestra leal colaboración'.

El nacionalista Henrique Vieitez calificó de 'fiasco' y 'oportunista' la comparecencia del conselleiro y censuró la intervención en 'clave electoral' de Javier Guerra, aunque también dijo: 'Está bien que le eche la culpa al Gobierno del Estado, porque nosotros lo creemos'.

El diputado del PSdeG José Luis Méndez Romeu declaró que su formación política va a respaldar las propuestas que hace la Xunta ante el Gobierno central, 'pero como propuestas de diálogo, no de confrontación y dentro de un marco de colaboración'. Considera que la cuestión del 'tax lease' se puede resolver en un plazo de semanas, ya que 'va a haber una solución pactada aunque diferente'.

Faro de Vigo

Los grupos políticos gallegos cierran filas en defensa de una solución para los astilleros

Guerra afirma que las empresas no pueden esperar más tiempo y reclama celeridad en la resolución del expediente del tax lease

L.PIÑERO/AGENCIAS - VIGO/SANTIAGO Los grupos políticos gallegos coincidieron ayer en la defensa del sector naval gallego ante las amenazas que se ciernen sobre esta actividad estratégica para Galicia y que amenazan a 14.000 puestos de trabajo en la comunidad. El conselleiro Javier Guerra se reunió ayer a los diputados de la comisión extraordinaria de Industria del Parlamento de Galicia, para exponerles la situación del naval gallego tras la caída de los contratos para la construcción de nuevos barcos, la paralización del sistema financiero del tax lease y la liquidación del Fondo de Garantía Patrimonial de Pymar.
La Xunta envío ya al Gobierno sus propuestas de alegaciones para salvar el tax lease, que Bruselas está analizando para comprobar su legalidad dentro de las normas de la competencia de la Unión Europea. Sin embargo, la Xunta no tiene por el momento constancia de que el Ejecutivo haya presentado las alegaciones en defensa del sistema, que permite a los astilleros situarse en un nivel de competitividad similar a la del resto de los astilleros europeos.
En el transcurso de la reunión, Javier Guerra volvió a pedir al Gobierno central "una solución de modo inmediato" para conseguir una alternativa al sistema tax lease, con la que evitar "una exclusión definitiva" de los astilleros gallegos del mercado internacional.
Guerra solicitó la validación de todos los contratos ce construcción de barcos desde el inicio del procedimiento "al igual que ocurrió en otros casos, como en el caso francés" dado que "es imposible que los astilleros puedan sobrevivir durante un año o un año y medio que pueda durar el proceso de revisión de la UE".
Recordó que la Xunta de Galicia remitió el pasad jueves un informe al Gobierno en apoyo a las alegaciones que éste pueda presentar ante Bruselas, que se basan en una modificación del sistema, que contemplaría una amortización libre en lugar de acelerada de los barcos, y un cambio en el impuesto de sociedades –en la parte del régimen especial de tonelaje– Todo ello, porque la falta de soluciones inmediatas desembocaría en una "posible desaparición" del sector naval.
Guerra afirmó que "la mera apertura" del procedimiento de investigación del tax lease, con la independencia del resultado, "está beneficiando a asociaciones y federaciones de otros países de la Unión Europea, ya que están viendo mejorada su posición competitiva" dada la "gravísima desconfianza y preocupación" e "incerteza" que supone esta situación para el sector español y gallego situado "en una clara situación de desventaja" respecto a otros países.
En las intervenciones de los grupos parlamentarios, el nacionalista Henrique Vieitez calificó de "fiasco" y "oportunista" la comparecencia del conselleiro y censuró la intervención en "clave electoral" de Javier Guerra, aunque también dijo: "Está bien que le eche la culpa al Gobierno del Estado, porque nosotros también así lo creemos".
Recordó, además, que Galicia tiene ahora mismo un astillero cerrado o desaparecido y tres en concurso de acreedores, amén de otros "en situación de máximo riesgo de una quiebra técnica no deseada".
El diputado del PSdeG José Luis Méndez Romeu declaró que su formación política va a respaldar las propuestas que hace la Xunta ante el Gobierno central, "pero como propuestas de diálogo, no de confrontación y dentro de un marco de colaboración".
Considera que la cuestión del tax lease se puede resolver en un plazo de semanas, ya que "va a haber una solución pactada aunque diferente", y recordó la comparecencia de hace unos días en el Congreso de los Diputados para hablar de estos temas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Además, Méndez Romeu pidió a la Xunta que cree su propio Fondo de Garantía Patrimonial
El conselleiro aseguró que el sistema de tributación especial y de amortización anticipada conocido como el tax lease, cuestionado desde el año 2006 por la UE, cumple con la normativa comunitaria, por lo que cree que su aplicación no debió ser suspendida.
Advirtió que si el Gobierno de España no hace lo posible para evitar la desaparición del naval será la propia Xunta la que actuará ante la UE porque "no vamos a dejar que 14.000 trabajadores se vayan en Galicia a la calle".

29 de julio de 2011

La Voz de Galicia

La Xunta presentará hoy su alternativa al «tax lease» del sector naval

Según Javier Guerra, la Xunta considera necesaria la impugnación del acuerdo de liquidación del Fondo de Garantía Patrimonial de Pymar.
El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, anunció ayer en Vigo, tras reunirse con los agentes sociales del sector del naval, que presentará hoy un documento alternativo al tax lease del naval en el Parlamento gallego, y que la Xunta considera necesaria la impugnación del acuerdo de liquidación del Fondo de Garantía Patrimonial de Pymar.
El conselleiro dio cuenta de las propuestas alcanzadas tras las dos reuniones mantenidas ayer en Vigo con el clúster del naval galego (Aclunaga) y la mesa del diálogo social del sector. En este documento oficial se argumenta de forma detallada que el tax lease «cumple» con la normativa comunitaria «e non debería ser suspendida a súa aplicación».
Además, el informe presenta alternativas en el caso de que la Comisión Europea aceptase los argumentos jurídicos para la supresión del tax lease. En el texto de la Xunta se detallan argumentos para garantizar que las construcciones de barcos en curso no se vean afectadas por la suspensión de esta fórmula de financiación, que en ningún caso debería tener efectos retroactivos.
Amortización libre
El conselleiro explicó que el documento también incluye las propuestas para poner en marcha fórmulas alternativas a la amortización acelerada, que pasan por un sistema de amortización libre que permitiría a los astilleros seguir contratando y favorecer la supervivencia de las grandes empresas de construcción naval y de la industria auxiliar.
Esta propuesta solo necesitaría la aprobación del Gobierno para su aplicación inmediata, ya que se basa en la regulación en vigor. Guerra destacó que en esta coyuntura «non temos tempo, os estaleiros non poden estar suxeitos a un sistema de inseguridade que impida aos armadores presentar os seus proxectos». Esta propuesta, que será accesible hoy en la web de la consellería, se envió ayer mismo a los ministros de Industria, Miguel Sebastián, y Hacienda, Elena Salgado.

Faro de Vigo

La Xunta impugnará la liquidación del Fondo de Garantía Patrimonial de Pymar

La Consellería de Industria destinó al depósito de avales de la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión 38 millones

L. PIÑERO - VIGO La Consellería de Industria impugnará la decisión de la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) de liquidar el Fondo de Garantía Patrimonial, mecanismo que permite conceder avales para las nuevas construcciones. El acuerdo supone un nuevo golpe a los mecanismos financieros de los que disponen los astilleros españoles, y que se viene a sumar a la paralización del sistema de amortización acelerado, denominado tax lease, por la Comisión Europea al tener dudas sobre su legalidad desde el punto de vista de la competencia.
En la mesa de la comisión ejecutiva de Pymar se sientan un representante del Ministerio de Industria, el secretario técnico de la Gerencia del Sector Naval, el consejero delegado de Pymar, el director general de Industria de la Xunta de Galicia, el director de Desarrollo Industrial del Gobierno Vasco y cuatro presidentes o directores de los astilleros en representación de los 28 constructores navales españoles.
Las deliberaciones de la comisión son secretas, por ello ayer el conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia, Javier Guerra, tras una reunión urgente con la Asociación Clúster del Naval de Galicia (Aclunaga) y con la mesa del Diálogo del Sector Naval, no quiso desvelar las circunstancias de esa decisión. Sin embargo, fuentes del sector señalaron que "los numerosos fallidos" en varios astilleros dejaron al fondo patrimonial "sin capacidad para hacer frente a nuevos avales". En este sentido, se planteó o bien recapitalizar el actual fondo o establecer otro medio para avalar las nuevas construcciones de barcos, y se optó por esto último.
"Se ha planteado la posible liquidación del fondo de garantías de Pymar, lo que significa una dificultad añadida al sector naval", reconoció el conselleiro.
El titular de Industria de la recordó que el fondo de Pymar funciona "como un sistema que permite la financiación de los barcos desde el punto de vista de las garantías" y añadió que "en estos momentos atraviesa una situación complicada".
Indicó que en los dos últimos años la Xunta había aportado 38 millones de euros al ese fondo para avalar las construcciones navales en Galicia, "tres veces y media más que hasta el momento". De estos avales se vieron beneficiados los astilleros Vulcano, Factoría Naval de Marín, Freire y MetalShips. "Con esta política hemos ayudado a los astilleros a mantener su carga de trabajo", afirmó Guerra que indicó que hasta el momento se habían inyectado al sector naval gallego 80 millones de euros.
"Nuestro objetivo final es que los astilleros gallegos sigan construyendo barcos", aseveró el conselleiro de Industria.
Por su parte, el secretario general de la patronal del metal (Asime), Enrique Mallón, afirmó que el sector "tiene ya pocas dudas de que este Gobierno no tiene la intención de apoyar al naval".
Aseguró que "falta voluntad política" para salvar al sector y que lo ocurrido ahora con Pymar es una muestra más de que lo que se busca es reestructurar la actual dimensión de los astilleros para "dejarla en una industria residual".
Para este responsable de Asime, la situación planteada en Pymar "es de extrema gravedad, porque no tenemos constancia de que se vaya a poner en marcha ningún otro mecanismo sustitutorio".
La patronal gallega del metal denunció que el Gobierno destinará 160 millones a reestructurar el naval, con el cierre previo de Pymar. "Ya nos quedan pocas dudas de que el Gobierno quiere desmantelar el naval", afirmó.

Europa Press

El Congreso aprueba la Ley Concursal, que abaratará y agilizará los procesos concursales

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos políticos salvo del PP, el proyecto de Ley de Reforma Consursal, que agilizará y abaratará los procedimientos concursales y ayudará a solucionar negociadamente la insolvencia de familias y empresas.

El ponente socialista, Jesús Quijano, ha subrayado que la reforma es "oportuna y necesaria" y que no altera el modelo concursal vigente, y ha destacado algunos de los aspectos que contiene, como son la composición más reducida y especializada de la administración concursal y la posibilidad de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación entre el deudor consursado y las entidades financieras, entre otras.

Asimismo, ha resaltado que la ley ayuda a las empresas en cuanto a los acuerdos de refinanciación pues profundiza en "alternativas" al concurso o los institutos preconcursales y se detiene en las cuestiones sociales ampliando la protección de los trabajadores.

Se trata, en definitiva, de "una reforma que debe contribuir a abordar y resolver con más eficacia las situaciones de crisis", ha señálado el ponente socialista.

Atlántico Diario

La Xunta propone una hoja de ruta al Gobierno para salvar al naval

El 'tax lease' -régimen fiscal que emplea el naval en España- podría tener las horas contadas, lo cual agravaría la delicada situación que vive el sector en Vigo porque no podrían contratar barcos.

Dice que si la UE pide a los astilleros la devolución de los beneficios del 'tax lease' violaría un principio comunitario
 

La Xunta ha puesto sobre la mesa una alternativa consensuada con el sector por si la Unión Europea decide prohibirlo -lo está investigando por un presunto incumplimiento con la normativa comunitaria y competencia desleal-.

El Gobierno gallego defiende la legalidad de este sistema de arrendamiento fiscal para la adquisición de buques y advirtió de que si la UE reclama la devolución de beneficios de este sistema -es decir, si lo suspende definitivamente con carácter retroactivo-, estaría vulnerando el principio comunitario de protección de la legítima confianza porque la actuación de las autoridades comunitarias -que no tomaron en diez años de vigencia del 'tax lease' ninguna medida en su contra- ha generado una confianza legítima en los armadores, navieras y financiadores.

Así consta en un informe elaborado por juristas del Ejecutivo autonómico, que ayer remitió al Gobierno central para que lo use en las alegaciones que plantee ante las autoridades europeas. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que ese sistema de bonificaciones está conformado por cuatro regímenes fiscales: el régimen especial de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), el régimen especial de entidades de reducida dimensión, el régimen especial de los contratos de arrendamiento financiero y el régimen especial de tonelaje.

Éste último fue autorizado en su día por la Comisión Europe mientras que los otros tres son medidas de carácter general, por lo que “no pueden considerarse ayudas de Estado ilegales”. Asimismo, la Xunta precisa que esos regímenes no suponen un falseamiento de la competencia ni perjudican las condiciones del mercado interior, sino que si hay diferencias entre los países miembros es por la “falta de armonización de la imposición directa” dentro de la propia UE. Aún en el caso de que se consideren ayudas de Estado, el Ejecutivo gallego apunta que serían legales, puesto que están destinadas a facilitar el desarrollo de una determinada actividad -el transporte marítimo-, y autorizadas dentro del ámbito de las Directrices Marítimas.

No obstante, la Xunta cuenta con la posibilidad de que la Unión Europea pueda prohíbir el 'tax lease' y propone una alternativa consistente en un nuevo marco jurídico. Así se plantea la supresión de varios artículos de la ley y del reglamento del Impuesto de Sociedades con el fin de adaptar los preceptos que puedan entrar en conflicto con la normativa comunitaria.

Se eliminará la amortización anticipada de los contratos de arrendamiento y se permitiría la transmisión de participaciones de las AIE a otros inversores. Otra de las medidas propuestas es el uso de la libertad de amortización ya incluida en la actual normativa española, una medida que tiene vocación de ser transitoria dentro de la propia ley -aplicable hasta los ejercicios iniciados durante 2015-.

Vigoalminuto

La Xunta tiene una solución de “aplicación inmediata” para el Naval

Así lo ha asegurado hoy en Vigo el conselleiro de Economía e Industria. Javier Guerra, que se ha reunido con representantes de la mesa de diálogo social del naval y del cúster del sector, ha recalcado, además, que el ‘tax lease’, las bonificaciones fiscales a los astilleros son legales, cumplen las normas comunitarias y no es necesaria su supresión. Guerra ha propuesto al Gobierno que modifique el actual sistema, aprobando una amortización libre en lugar de acelerada de los barcos, un cambio en el impuesto de sociedades en lo que se refiere al régimen especial de tonelaje y que, en el caso de que se mantenga la supresión del ‘tax lease’, que la misma no sea retroactiva, lo cual permitiría que se acaben los barcos que ya están encargados.

El conselleiro ha recalcado que dichas modificaciones sólo requeriría la aprobación del Consejo de Ministros y podría ponerse en prática “inmediatamente”. En el caso de que el Ejecutivo de Zapatero no opte por estas medidas, Guerra ha declarado que la Xunta podría ser quien las alegaciones ante la UE, “como ya hicimos en el caso del carbón“.

Atlántico Diario

Guerra muestra el informe que remitió al Gobierno, ayer en Vigo.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco (Anfaco), con sede en Vigo, y UGT emitieron ayer una declaración conjunta frente a los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países.

Así, el secretario general de Anfaco, Juan Manuel Vieites, se mostró a favor de la cooperación entre empresas y países “pero sin falsear la competencia, que es lo que está ocurriendo con este tipo de acuerdos como el de Papúa Nueva Guinea”, explicó en la clausura de un seminario sobre la industria europea de productos del mar en Vigo.

Vieites dijo que urge primar “la industria y el empleo sobre las importaciones de terceros países” y lamentó que los acuerdos comerciales que está llevando a cabo la UE (en referencia al asiático) pueden abocar a este sector “a su desaparición” pues competir “en las mismas condiciones productivas, sociales y ambientales exigiría instalarse en dichos países”. En este sentido, Anfaco y el sindicato a nivel nacional criticaron la posición del propio presidente de la Comisión Europea ya que “invitó a los empresarios a deslocalizar su producción” cuando se firmó el acuerdo comercial con Papúa Nueva Guinea, que está libre de aranceles a la hora de exportar sus conservas.

La conserva gallega de pescados y marisco supone el 88% de la producción total de España y el 67,5% del conjunto de Europa. “Nos estamos jugando mucho”, dijo el presidente de Anfaco.

La Opinión de la Coruña

La Xunta propone bajar el impuesto de sociedades para ayudar al naval

El conselleiro de Economía presenta una alternativa al 'tax lease' para que el Gobierno central defienda ante la Comisión Europea

La Xunta defiende la legalidad del sistema de arrendamiento fiscal para la adquisición de buques, conocido como tax lease, que se aplica en España, y advierte de que si la Unión Europea reclama la devolución de beneficios de este sistema -si lo suspende definitivamente con carácter retroactivo-, estaría vulnerando el principio comunitario de protección de la legítima confianza. Si debe modificarse el sistema, la Xunta propone una amortización libre en lugar de acelerada de los barcos, y un cambio en el impuesto de sociedades -en la parte del régimen especial de tonelaje- "que permitiría seguir contratando sin problemas".

En un informe elaborado por juristas del Ejecutivo autonómico, que fue remitido al Gobierno central para que lo use en las alegaciones que plantee ante las autoridades europeas, el gobierno gallego pone de manifiesto que ese sistema de bonificaciones está conformado por cuatro regímenes fiscales: el régimen especial de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), el régimen especial de entidades de reducida dimensión, el régimen especial de los contratos de arrendamiento financiero y el régimen especial de tonelaje.

Este último régimen, recuerda el informe de la Xunta, fue autorizado en su día por la Comisión Europea, mientras que los otros tres son medidas de carácter general, por lo que no pueden considerarse ayudas de Estado ilegales.

Aún en el caso de que se consideren ayudas de Estado, el Ejecutivo gallego apunta que serían legales, puesto que están destinadas a facilitar el desarrollo de una determinada actividad -el transporte marítimo-, y autorizadas dentro del ámbito de las Directrices Marítimas.

El País

Guerra plantea a Bruselas alternativas para el naval

.La Xunta trasladó ayer al Gobierno un informe en el que plantea una alternativa al actual sistema de bonificación fiscal tax lease para que lo presente en las alegaciones ante la Comisión de Competencia de la UE, con el fin de que se desbloquee la contratación de buques por parte de los astilleros.

La iniciativa fue comunicada ayer por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, tras reunirse con representantes de la mesa de diálogo social del naval y con representantes del cluster (Aclunaga). El informe, según Guerra, aporta argumentos jurídicos que justifican que el actual tax lease "cumple la normativa comunitaria y no tiene por qué suspenderse". El documento plantea que, en caso de que se mantenga la suspensión, esta no tenga carácter retroactivo y se pueda garantizar su aplicación a los barcos que ya están contratados. En un tercer punto se propone una modificación del sistema, que contemplaría una amortización libre en lugar de acelerada de los barcos, y un cambio en el impuesto de sociedades "que permitiría seguir contratando sin problemas".

Según Guerra, "esta propuesta solo necesitaría la aprobación del Gobierno" y podría ser de "aplicación inmediata". "Queremos que el Gobierno aproveche este informe y lo utilice en sus alegaciones", señaló el conselleiro, que precisó que, si no lo hace, la Xunta buscará fórmulas jurídicas para presentar por sí misma las alegaciones ante la UE, "como ya se hizo en el caso del carbón". El conselleiro manifestó su deseo de que se agilicen los trámites para acabar con la crisis del tax lease.

28 de julio de 2011

La Voz de Galicia

Carlos Mantilla es administrador concursal del astillero Barreras

Los acreedores tendrán un mes para presentar sus créditos en el juzgado

El político del PP Carlos Mantilla ha sido uno de los tres ejecutivos que el juzgado ha nombrado como administradores concursales del astillero Barreras. El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado el concurso necesario de la empresa Hijos de J. Barreras S.A. Los tres administradores concursales son el exjuez Edorta Etxarandio Herrera como letrado, Carlos Mantilla como economista y la empresa Nervión Montajes y Mantenimiento (Monesa) como acreedor.
Con el objetivo de agilizar los trámites, el juzgado ha habilitado el mes de agosto para que los administradores propuestos acepten el cargo. Desde la aceptación tendrán dos meses para presentar su informe.
Los acreedores dispondrán de un mes de plazo desde la publicación del concurso en el BOE para presentar en el juzgado o ante la administración concursal sus créditos.
Un día después de la presentación de la demanda de concurso necesario por la empresa de limpieza Clequali S.L., con domicilio social en Madrid, el astillero presentó en el juzgado un concurso voluntario. Estas dos causas se acumularon y el juez declaró el concurso necesario a instancia de parte.
El hecho de que el concurso necesario haya absorbido al presentado por Barreras se debe a que la propia empresa acepta todas sus deudas, incluidas las del primer reclamante. La firma madrileña presentó su solicitud de concurso necesario con intención de convertirse en acreedor preferente, pero el juez estudiará primero si tiene derecho a ello.
Carlos Mantilla fue uno de los principales ponentes de la Ley Concursal. Etxarandio fue juez del Mercantil número 2 de Bilbao hasta que en el 2008 fichó por el bufete Broseta. El acreedor Monesa es un proveedor habitual especializado en la prefabricación y montaje de buques y al armamento de estos.
Deudas
El astillero vigués, según algunas fuentes, adeuda entorno a 60 millones de euros a sus proveedores pero, a ello, hay que sumar otra cantidad sin precisar de créditos concedidos por el sector bancario.

La Voz de Galicia

La Xunta remite al Gobierno sus propuestas para desbloquear la «tax lease» en la UE

El informe autonómico ha sido consensuado con el Cluster del Naval y la Mesa del Diálogo Social.
La Xunta ha remitido hoy al Gobierno central una serie de «propuestas alternativas» para que las utilice ante la UE para resolver el bloqueo del sistema de exenciones fiscales tax lease a los astilleros por parte de las autoridades comunitarias.
Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, quien ha incidido en que estas propuestas pretenden ayudar a «resolver el grave problema» que tiene el sector naval gallego en estos momentos debido a la suspensión del 'tax lease'.
Estas propuestas, consensuadas con el Cluster del Naval y la Mesa del Diálogo Social, serán remitidas al Ministerio de Industria y al de Economía.
En el informe elaborado por la Xunta «se argumenta de forma detallada», según dijo Guerra, que para el Ejecutivo gallego «el 'tax lease' cumple la normativa comunitaria», por lo que «no tendría por qué ser suspendida su aplicación». «Estamos tratando de ayudar al Gobierno de España, pero necesitamos que se implique», ha afirmado, al tiempo que ha recordado que el 30 de julio finaliza el plazo para que la administración central presente sus alegaciones en Bruselas ante la decisión de la UE de suspender el sistema 'tax lease'.
Entre las propuestas remitidas al Gobierno, están «argumentos jurídicos contundentes» para que la administración central pueda «defender» su posición.
Otra de las propuestas contempla la posibilidad de que la UE considere que el 'tax lease' va contra los principios de la Comunidad Europea. En este caso, se ofrecen, según explicó Guerra, «argumentos jurídicos para garantizar que los barcos en construcción puedan seguir aplicando ese sistema de 'tax lease' sin que la suspensión tenga efectos retroactivos».
El conselleiro ha destacado que también se propone un nuevo sistema que «viene derivado de una amortización libre» y «no acelerada como en este momento», así como cambios en varios preceptos de los impuestos de sociedades que, para el Ejecutivo gallego, «permitirían a los astilleros seguir contratando sin ningún tipo de dificultad». Ha detallado que esta última propuesta «sólo necesitaría la aprobación del Gobierno» y que «puede ser aplicada de forma inmediata». «Los astilleros no pueden estar sujetos a una inseguridad, sin tener un sistema que les permita presentar sus propuestas a los armadores», ha resaltado Javier Guerra.
Ha añadido que el «éxito político» sería que los astilleros «pudieran seguir contratando» y ha remarcado que estas propuestas han sido «lo más densamente pensadas y lo más profesionalmente planteadas» para que sirvan «de ayuda real» al Gobierno ante esta situación «tan complicada» que se arrastra desde el año 2006. El titular autonómico de Economía e Industria ha mostrado su deseo de que el Gobierno «considere estas propuestas» y ha dicho que la Xunta ve con «preocupación» no tener «ninguna información respecto a la posición que el Gobierno va a mantener ante esta situación».
«Queremos aportar de forma positiva y proactiva nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo con el envío de este informe», ha indicado, al tiempo que ha comentado que la Xunta espera «tener noticias positivas en breve plazo» de tiempo.

Faro de Vigo

Guerra pide retocar la tasa de sociedades y ´olvidar´ el tax lease

Remite al Gobierno un texto que "solo necesitaría su aprobación" y que puede "aplicarse inmediatamente"


La Xunta de Galicia ha elaborado un informe, que trasladará al Gobierno este mismo jueves para que lo presente en las alegaciones ante la Comisión de Competencia de la UE, en el que se plantea una alternativa al actual sistema de bonificación fiscal 'tax lease', con el fin de que se desbloquee la contratación de buques por parte de los astilleros.

Así lo ha presentado en rueda de prensa el conselleiro Javier Guerra, tras reunirse con representantes de la mesa de diálogo social del naval y con representantes del cluster --Aclunaga--. Según ha apuntado el titular de Economía e Industria, este informe aporta argumentos jurídicos que justifican que el actual 'tax lease' "cumple la normativa comunitaria y no tiene por qué suspenderse".

Asimismo, en el documento se plantea que, en caso de que se mantenga la suspensión, ésta no tenga carácter retroactivo, y se pueda garantizar su aplicación a los barcos que ya están contratados.

En un tercer punto se propone una modificación del sistema, que contemplaría una amortización libre en lugar de acelerada de los barcos, y un cambio en el impuesto de sociedades --en la parte del régimen especial de tonelaje-- "que permitiría seguir contratando sin problemas".

Aplicación inmediata
Según Javier Guerra, "esta propuesta sólo necesitaría la aprobación del Gobierno" y podría ser de "aplicación inmediata". "Queremos que el Gobierno aproveche este informe y lo utilice en sus alegaciones", ha señalado el conselleiro, que también ha precisado que, en caso de que no lo haga, la Xunta buscará fórmulas jurídicas para presentar por ella misma las alegaciones ante la UE, "como ya se hizo en el caso del carbón".

El conselleiro ha recordado que el sector naval "no tiene tiempo", y ha manifestado su deseo de que se agilicen los trámites para acabar con esta crisis del 'tax lease'. En todo caso, ha reconocido que la Xunta no tiene noticia de que el Gobierno central haya presentado ya alegaciones a la suspensión de este sistema. 


Pymar cierra su línea de avales a los astilleros y agudiza las dificultades de créditos al naval

El Fondo de Garantía Patrimonial mantendrá sus compromisos con los bancos y arbitrará un sistema distinto


.PIÑERO - VIGO La caja del Fondo de Garantía Patrimonial de Pymar (Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) no da para más y va a ser cerrada y sustituida por un sistema diferente para facilitar avales para la construcción naval. La decisión no podía producirse en un momento peor –dificultades de financiación con entidades financieras, fuerte caída de los pedidos y paralización del tax lease– lo que podría provocar el crack en el sector.
La junta directiva de Pymar mantuvo una reunión el pasado en Madrid la, en la que participaron la administración del Estado, las comunidades con empresas de construcción naval y los astilleros– en la que se barajó dos alternativas diferentes. Por una parte la suspensión de pagos de la sociedad y, por otra, la liquidación ordenada. Se optó por esta última que supone el fin del sistema de garantías (avales) establecidos hasta el momento, pero garantizando los compromisos con las entidades financieras, y la reinvención del Fondo de Garantía Salarial con otro sistema que para el sector "es fundamental para seguir trabajando".
En 2006, Pymar logró sus mejores resultados de los últimos años al afianzar más de 900,2 millones de euros, y la agencia de calificación Ficth Ratings había concedido una alta valoración al fondo "entre la comunidad bancaria y financiera nacional e internacional".
Cinco años después, Pymar se replantea su propia existencia y las próximas semanas serán cruciales para su futuro. La Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión prefiere mantener el silencio por el momento.

El Juzgado de lo Mercantil de Vigo declara a Barreras en concurso necesario

 El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, declaró el concurso necesario a instancia de parte, tras ser solicitado por una empresa de limpieza, del astillero Hijos de J. Barreras, informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La empresa Clequali, con sede en Madrid, presentó ante el citado juzgado a mediados de julio una demanda solicitando que se declarase el concurso de acreedores necesario contra el astillero, en base a las deudas contraídas con la compañía. Un día después, Barreras presentó en el juzgado un concurso voluntario de acreedores.

Según el TSJG, estas dos causas "se acumularon" y el juez declaró el concurso necesario a instancia de parte.
Asimismo, el Alto Tribunal gallego explica en una nota que se han nombrado tres administradores concursales: un letrado, un economista y un acreedor.

Con el objetivo de agilizar los trámites, el juzgado ha habilitado el mes de agosto para que los administradores propuestos acepten el cargo.
A partir del momento en que los administradores acepten tendrán un plazo de dos meses para presentar su informe. Los acreedores dispondrán de un mes de plazo desde la publicación del concurso en el BOE para presentar en el juzgado o ante la administración concursal sus créditos.


La Xunta impugnará el bloqueo de los avales de los astilleros

Javier Guerra ha señalado que "no es momento de poner dudas sobre el sector", afectado por el fin del 'tax lease'.


EUROPA PRESS La Xunta de Galicia ha mostrado este jueves su rechazo a la liquidación del fondo patrimonial de garantías de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) que, según ha señalado el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, "ha puesto sobre la mesa" esta sociedad.

En rueda de prensa tras mantener una reunión con representantes de la mesa del diálogo social del naval y de Aclunaga, Javier Guerra ha señalado que esta medida supondría la desaparición de avales a los astilleros y que eso es "una dificultad añadida" a la crisis que actualmente afecta a la industria naval.

Por ello, Guerra ha confirmado que los servicios jurídicos de la Xunta están trabajando para impugnar esa decisión y que así lo trasladará en la próxima reunión de Pymar --el Gobierno gallego forma parte del Consejo de Administración, junto con representantes de otras Comunidades Autónomas, de astilleros privados y de Ministerio de Industria--.

Javier Guerra ha señalado que "no es momento de poner dudas sobre el sector", afectado ya por la suspensión del sistema de bonificación fiscal 'tax lease', y ha defendido la necesidad de un fondo patrimonial "que permita seguir contratando barcos".

Asimismo, ha señalado que, pese a la "situación complicada" de Pymar, en el caso de Galicia, todas las aportaciones hechas por la Xunta --casi 38 millones de euros-- han servido "para mantener los puestos de trabajo" de la industria auxiliar y de astilleros como Vulcano, Metalships, Factoría Naval de Marín y Freire.

Por su parte, fuentes de Pymar consultadas por Europa Press han rechazado confirmar esa decisión de liquidar el fondo patrimonial de garantías, y han reclinado hacer declaraciones al respecto.


Vigoalminuto

El astillero Barreras ya tiene declarado el concurso necesario

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado el concurso necesario a instancia de parte del astillero Hijos J. Barreras, según informa hoy el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Las mismas fuentes señalan que esta decisión se toma después de que la empresa de limpieza Clequali solicitara a mediados de este mes la declaración de dicho concurso necesario. Se han nombrado 3 administradores concursales, en concreto, un letrado, un economista y un acreedor.

Con el objetivo de agilizar los trámites, el juzgado ha habilitado todo el mes de agosto para que los administradores propuestos acepten el cargo. Los acreedores dispondrán de un mes de plazo desde la publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para presentar en el juzgado o ante la administración concursal sus créditos.

El astillero vigués tiene deudas por valor de más de 60 millones de euros.

20 Minutos

Un juzgado de lo Mercantil de Vigo declara el concurso necesario del astillero Hijos de J.Barreras

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado el concurso necesario a instancia de parte --fue solicitado por una empresa de limpieza-- del astillero Hijos de J.Barreras, según han informado fuentes judiciales.
 
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado el concurso necesario a instancia de parte —fue solicitado por una empresa de limpieza— del astillero Hijos de J.Barreras, según han informado fuentes judiciales.

La empresa de limpieza Clequali S.L., con domicilio en Madrid, y que tenía contratos con el astillero, solicitó a mediados de julio la declaración del concurso necesario. Un día después, la empresa presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores, por lo que el juez ha decidido acumular las causas y declarar el concurso necesario a instancia de parte.

Fuentes judiciales han confirmado que se han nombrado tres administradores concursales: un letrado, un economista y un acreedor. Con el fin de agilizar los trámites, el juzgado ha habilitado el mes de agosto para que los administradores propuestos acepten el cargo.

Desde que se produce esa aceptación, los administradores tendrán dos meses para presentar su informe. Desde la publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado, los acreedores dispondrán de un mes para presentar en el juzgado o ante la administración concursal sus créditos.
Barreras tiene una deuda de 62 millones de euros y la práctica totalidad de su plantilla afectada por un Expediente de Regulación de Empleo. Su dirección ha atribuido su actual crisis a la suspensión del sistema de bonificación fiscal 'tax lease', y negocia alternativas para retomar la actividad, como la construcción de un dique para Metalships.

Atlántico Diario

Un juez declara a Barreras en suspensión de pagos

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) del astillero Hijos de J.Barreras, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Los administradores concursales tendrán dos meses para presentar el informe. El comité rechaza que el astillero quiera recalificar parte de sus terrenos porque sería “desmantelar” la empresa
 

La empresa presentó concurso voluntario la semana pasada, sólo un día después de la presentación de la demanda de concurso necesario por parte de la empresa de limpieza Clequali. Ambas causas se acumularon y el juez declaró el concurso necesario a instancia de parte, nombrando tres administradores concursales: un letrado, un economista y un acreedor.

El juzgado ha habilitado todo el mes de agosto para que los administradores propuestos acepten el cargo y desde la aceptación tendrán dos meses para presentar su informe.Los acreedores, por su parte, tendrán un mes de plazo desde la publicación del concurso en el BOE para presentar en el juzgado o ante la administración concursal sus créditos.

El astillero vigués acumula una deuda de 62 millones de euros, no tiene nada de carga de trabajo -situación que no se recordaba desde hace 20 años- y tiene a toda la plantilla -130 personas- afectada por un ERE. De Barreras dependen otros 2.000 trabajadores indirectos y unas 200 empresas auxiliares en la Ría.

Por otra parte, el comité de empresa rechaza la idea de la compañía de recalificar los terrenos que tiene en la calle Tomás Alonso porque supondría “desmantelar Barreras”, explica el presidente del comité, Sergio Gálvez.

El coordinador local de Esquerda Unida, Rubén Pérez, considera “intolerable” esta idea y lamenta que “algunos no tengan memoria reciente de cómo las aventuras especulativas dinamitaron industrias como GEA o más recientemente Alfageme”, informó en un comunicado.

27 de julio de 2011

Registro de Economistas Forenses (REFor)

CONCLUSIONES DE LOS JUECES DE LO MERCANTIL DE CATALUÑA. SEMINARIO 23 DE MARZO

Atendiendo a la necesidad evidente de unificar criterios en la interpretación de aspectos controvertidos de la Ley concursal y con el fin de simplificar los mecanismos de su aplicación, el pasado 23 de marzo se celebró el seminario de jueces de lo Mercantil de Cataluña del que se desprenden los pliegos de conclusiones que os acompañamos relativos al Plan de Liquidación y al cómputo de plazos en los procedimientos concursales.
Tal y como suscribe la introducción de los autores son conclusiones que surgen del debate sobre la búsqueda de soluciones a problemas comunes en la práctica y que pretenden limar diferencias, todo ello no obstante siempre sujeto a la adaptación que al caso enjuiciado concreto corresponda y a las decisiones adoptadas por las secciones correspondientes de las Audiencias Provinciales. Ambos documentos suponen por tanto una propuesta razonable y razonada de soluciones jurídicas a las diversas interpretaciones que de la Ley se pueden hacer.
Documento sobre la interpretación del cómputo de plazos:
  • Distinción entre plazos sustantivos y procesales.
  • Reglas concursales respecto del cómputo de plazos.
  • Consideraciones sobre su aplicación en: solicitud del concurso, presentación de informes de la administración concursal, propuesta de convenio, procedimiento abreviado y cómputo en el mes de agosto.
Documento sobre plan y operaciones de liquidación:
  • Efectos de la declaración de concurso sobre las ejecuciones hipotecarias.
  • La venta de unidades productivas.
  • Ejecución de bienes afectos al pago de créditos especialmente privilegiados.
  • Consideraciones en torno a subastas judiciales previstas en los planes de liquidación.
Ver documento cómputo plazos

Faro de Vigo

Barreras solicita la recalificación de 22.400 metros cuadrados de sus terrenos para evitar la quiebra

El visto bueno del Concello vigués depende de que el comité empresa de su visto bueno

L. PIÑERO/A. MÉNDEZ - VIGO El astillero vigués Hijos de J. Barreras pretende recalificar 22.425 metros de su propiedad –situados entre la avenida de Beiramar y Tomás Alonso– para recapitalizar la empresas y evitar la quiebra. La dirección del astillero mantiene negociaciones secretas con el equipo de gobierno del Concello de Vigo para alcanzar un acuerdo que permita el cambio de uso en las dos parcelas anexas al astillero.
La primera, de 14.500 metros cuadrados, se encuentra en uso y en ella se ubican la zona de montaje, el almacén, la nave de corte de paneles planos, la de forros curvos, conformados o el parque de chapas. Mientras que la segunda, la que ocupa un frente de 98 metros en Tomás A. Alonso, suma una superficie de otros 7.925 metros cuadrados y se encuentran en desuso.
La dirección del astillero ya intentó hace un año sin éxito la recalificación, con el objeto de pedir un préstamo avalado por los terrenos. La condición impuesta desde la Praza do Rei era que cualquier recalificación de los terrenos contase con la unanimidad de los sindicatos del astillero. Por el momento, la Federación de Industria de CC OO de la comarca de Vigo ya mostrado su oposición a cualquier medida que signifique el desmantelamiento de la sociedad, porque "no creemos que la verdadera intención de la dirección del astillero sea salvar la empresa, sino todo lo contrario". Este sindicato señala que los responsables de Barreras tienen "una responsabilidad más allá que sobre su plantilla y de las industrias auxiliares, su responsabilidad es con toda la ciudad por su trayectoria histórica y por lo que aporta a su economía".
"No vamos a dar nuestro visto bueno a la recalificación de ninguna manera", señalan fuentes de CC OO.
Hace un año se supeditó un posible acuerdo de recalificación a que los terrenos se dedicasen a usos terciarios, pero en ningún caso a la construcción de viviendas.
La situación de hace doce meses es muy diferente a la actual. En 2010 el astillero había obtenido 742.000 euros de beneficio, frente a los 56.785 millones de euros de pérdidas que ha registrado hasta el mes de mayo de este año. La situación, según los expertos, es de "quiebra técnica", aunque el presidente del astillero, José Francisco González Viñas, declaró en el transcurso de la manifestación que tuvo lugar el pasado jueves en defensa del sector naval "que esto tiene solución", en referencia a que a pesar de la difícil situación económica existen vías que permitan a la empresa seguir construyendo barcos. Además, Barreras ha presentado un concurso de acreedores por una deuda superior a los 62 millones de euros.
En estos momentos, el astillero se encuentra sin pedidos y las puertas se mantienen abiertas gracias a la presencia de grupos de trabajadores que se turnan en tareas de vigilancia para que las instalaciones no sean desmanteladas. CC OO mantuvo hasta el pasado lunes un encierro en el que no contó con el apoyo unánima del comité de empresa..
La plantilla tiene la convicción de que la suerte está echada. No comprenden que haya tenido que ser una empresa auxiliar la que declarase el concurso necesario de Barreras, cuando el astillero ni siquiera había presentado todavía el preconcurso. Lo hizo al día siguiente.
Desde CC OO se achaca la actual situación al momento de la compra del astillero a la SEPI por varios accionistas "que al final no eran los que decían ser".
Desde que se anunció la entrada en concurso de acreedores del astillero, los representantes de CC OO solicitaron a la actual dirección "lealtad y transparencia", y considera que "ni una ni otra cosa se han cumplido".
No vamos a pasar por una recalificación de los terrenos de la empresa en la actual situación "se han intentado hacer las cosas a espaldas de los agentes sociales y a lo mejor es el momento de recurrir a instancias superiores para que establezca qué es lo realmente ha pasado en los últimos años en el astillero. No vamos a consentir que se juegue con el pan de los 135 trabajadores de la plantilla ni con los cientos de empleados de la industria auxiliar del naval", explican desde CC OO.

Comité Barreras rechaza posible recalificación terrenos de la empresa

El comité de empresa del astillero vigués Hijos de J. Barreras, en situación de concurso de acreedores, ha mostrado hoy su desacuerdo ante una posible recalificación de los terrenos de la empresa, y ha considerado que la solución pasa por resolver el bloqueo del sistema de exenciones fiscales 'tax lease' en la UE y conseguir más carga de trabajo.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Efe, el presidente del comité de empresa del astillero, Sergio Gálvez, quien ha abogado por "otras soluciones" antes que "poner encima de la mesa los terrenos" de la empresa "a la primera de cambio" porque esto supone "desmantelar" Barreras.

Reconoció que este asunto ya se trató en reuniones mantenidas entre el comité y la dirección del astillero y consideró que "habiendo carga de trabajo" el problema "es menos grave de lo que algunos están diciendo".

"No entiendo que estemos hablando de vender activos de la empresa cuando la solución al problema es de ámbito político", ha manifestado Gálvez.

Además, ha afirmado que esta recalificación de los terrenos -más de 20.000 metros cuadrados en la calle Tomás Alonso- podría ser una solución si la empresa se encontrase "en una situación dramática", algo que a su juicio no sucede en estos momentos.

Asimismo, resaltó que la salida a la situación de concurso de acreedores de Barreras debe plantearse "con carga de trabajo" y que, existiendo contratos firmados para la construcción de nuevos buques, "cuanto antes se arregle la situación" en Bruselas "antes se podrá crear un clima de trabajo continuado".

Para Sergio Gálvez, la deuda que mantiene Barreras con las firmas auxiliares no se salda "desmantelando la empresa", extremo que no ve "una solución de futuro".

Por último, ha afirmado que "quien tiene que decidir la deuda de Barreras es el juez y los administradores concursales".

La empresa, con 146 trabajadores y una deuda estimada de 62 millones de euros, confirmó a mediados de julio al comité de empresa su deseo de acogerse al concurso voluntario de acreedores.

El Concello de Vigo insta a Gobierno y Xunta a promover el desbloqueo del tax lease y a buscar alternativas

 El pleno de Vigo acordó ayer por unanimidad instar al Gobierno central y a la Xunta de Galicia a promover de forma urgente el desbloqueo del régimen de deducciones fiscales tax lease y a buscar soluciones alternativas que garanticen el futuro del sector naval. Los tres grupos municipales llegaron a la sesión con tres mociones diferentes, pero la falta de acuerdo en algunos extremos propició que finalmente asumieran de forma conjunta el pronunciamiento alcanzado en el Consello Social de Vigo el día 18.

El acuerdo definitivo de PSOE, PP y BNG apremia a las administraciones estatal y autonómica a realizar "todas las acciones precisas" para la aplicación inmediata del tax lease y a solicitar además la articulación de medidas que sustituyan el actual sistema de incentivos que investiga la Comisión Europea por los existentes en otros países de la Unión. De forma paralela se reclama a la Xunta y al Ministerio de Trabajo de "medidas urgentes que permitan la recuperación del empleo".

Los partidos vigueses retomaron la filosofía defendida en el seno del Consello Social, del que forman parte los tres sindicatos mayoritarios, los grupos municipales, empresarios y la federación vecinal, al ser incapaces de pactar un texto propio e independiente en el pleno debido a las críticas cruzadas del PP a la gestión del Gobierno central, y de socialistas y nacionalistas a las políticas aplicadas por la Consellería de Economía e Industria.

En lo que sí están de acuerdo PSOE, PP y BNG de Vigo es en que el naval es un sector "estratégico" para el desarrollo de la economía de la ciudad y su área de influencia y que urge evitar "por todos los medios la paralización de los astilleros". Las discrepancias surgen a la hora de valorar la gestión del Estado y de la Xunta en la crisis. El más crítico fue el edil del BNG Xabier Alonso, que acusó a ambas administraciones de ser "cómplices de la UE en su propósito de desmantelar el sector naval español", proponiendo como alternativa el impulso a un centro de reparación en la Ría. El socialista Santos Héctor comprometió la mediación de la Alcaldía de Vigo ante el Ejecutivo estatal para intentar desbloquear el tax lease, mientras el portavoz del PP, José Manuel Figueroa, destacó la situación de "extrema gravedad" que padecen los astilleros locales para defender el pronunciamiento conjunto de apoyo desde el Concello.

Atlántico Diario

Al Gobierno se le agota el plazo para salvar al naval

Comienza la cuenta atrás para que el Gobierno conteste a la Unión Europea sobre la investigación que abrió hace un mes al 'tax lease' del sector naval español, régimen fiscal por el cual financian buques de manera más económica gracias a a la amortización acelerada.

Tiene sólo unos días para responder a la investigación del 'tax lease'
 

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, firmaba un escrito a 1 de junio en el que explicaba que la Comisión Europea abría una investigación pormenorizada para verificar si dicho régimen es compatible con las normas de la UE.

El Ministerio de Economía y Hacienda deberá presentar una propuesta antes de final de julio, con lo cual le quedan sólo tres días laborables. El departamento de Elena Salgado seguía ayer trabajando en este asunto, según confirmaron fuentes del ministerio a este diario, si bien no quisieron precisar si la propuesta estaba o no realizada. Por su parte, la Xunta está ultimando un documento que enviará al Gobierno central, del que ayer mismo la Consellería de Economía no pudo confimar si estaba finalizado o no.

Los astilleros vigueses y la industria naval en general están muy pendientes de esta investigación ya que sin el tax lease -que en estos momentos está suspendido de forma temporal- no pueden contratar barcos nuevos y muchas empresas están ahora mismo sin nada de carga de trabajo, como es el caso de Barreras, el mayor astillero privado de España que tuvo que acogerse a la Ley Concursal para hacer frente a la deuda de 62 millones que soporta y que arrastra a 130 empleos directos, 2.000 indirectos y 200

El País

Liquidada la editora de 'A Nosa Terra'

La CIG hizo ayer público un auto del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra que decreta la liquidación de Promocións Culturais Galegas, editora del semanario A Nosa Terra. Un total de 24 extrabajadores de la publicación continúan a la espera de cobrar las liquidaciones y las mensualidades que se les adeudan, según el sindicato. La resolución, contra la que cabe recurso, deja a la compañía bajo la dirección de la administración concursal.

26 de julio de 2011

La Nación.com

Una mala forma concursal

La ley de concursos y quiebras, lejos de proteger a los trabajadores, entraña un riesgo para el mercado de capitales
 
El Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo tendiente a modificar el régimen de concursos y quiebras. Sostienen erróneamente algunos sectores de la sociedad que se ha concedido una adecuada protección a los trabajadores de las empresas declaradas en quiebra, al permitir a la fuerza laboral asumir su defensa ante la falencia de la sociedad y pérdida de su puesto de trabajo.

En anteriores editoriales hemos denunciado el riesgo que este proyecto, convertido ahora en ley, significa para el mercado de capitales, en desmedro de los derechos crediticios del resto de los acreedores. Los altos y ponderables objetivos de este nuevo texto legal no constituyen una respuesta que alienten las inversiones ni reconozca el esfuerzo empresarial, ambos imprescindibles para estimular la plena ocupación.

El impulso de este tipo de normas en tiempos electorales parece desconocer las reglas y el funcionamiento del mercado de capitales y su reemplazo por fórmulas populistas que indefectiblemente han fracasado en el mundo y a lo largo de los tiempos. Van justamente a contramano de la protección de los derechos de los trabajadores que alegan defender. La seguridad jurídica se garantiza a través de instituciones y normas estables que protejan el derecho de propiedad, la inversión, el ahorro y el esfuerzo, único medio para intensificar la creación de nuevos puestos de trabajo genuinos que provean prosperidad y desarrollo a la clase asalariada o más vulnerable. Las empresas poseen fundamentalmente dos formas de financiamiento: una interna, mediante el aporte de los socios, y otra externa a través de agentes financieros o bancarios. Al aprobarse esta iniciativa legal una de las primeras consecuencias será la restricción del financiamiento a las empresas o, en el mejor de los casos, se incrementarán considerablemente las tasas de interés que retribuyen el riesgo asumido.

De la lectura de su texto también se desprende cierta preocupación en la doctrina por su desarmonía con los principios jurídicos y por su notable pobreza técnica, que dificultará la aplicación de esta reforma o recargará en los jueces la interpretación de un texto que ha subvertido principios lógicos del derecho.

Una cuestión de suma importancia que merece ser señalada como disvaliosa es la adjudicación directa de los activos del fallido a la cooperativa de trabajo, sin una posibilidad de puja de oferentes o mejoras de precios por parte de otros sujetos de derecho. Esto implica un claro perjuicio económico no sólo al resto de la masa de acreedores, que verán reducido su dividendo concursal sino también para los socios con derecho a percibir el remanente cuando se ha cancelado la totalidad del pasivo, constituyendo en ambos supuestos un despojo adicional a su derecho de propiedad.

Resultan también inquietantes las directivas dirigidas al Banco de la Nación Argentina y a la AFIP, organismos que deberán darle a la cooperativa adjudicada a la concursada los mejores planes de facilidades con los que cuentan, sin ningún tipo de análisis sobre la factibilidad o viabilidad del negocio. El banco oficial no podrá argumentar que el sujeto no es merecedor del crédito más blando con el que cuenta la institución ni tampoco el organismo recaudador podrá analizar si el acogimiento es susceptible de ser cumplido.

Sin duda, esta reforma constituirá una presión adicional para la empresa que atraviesa una crisis, ahora obligada por sus propios dependientes dispuestos a tomar su manejo o control. Incluso abriendo la puerta a abusos por parte de trabajadores o de un sindicato con representantes inescrupulosos que pueden inducir a realizar paros injustificados, a tomar la planta, asfixiarla, generar su cesación de pagos, su futura falencia y su adquisición a través de una cooperativa de trabajo.

Si esta norma pretendió dar una respuesta a las recurrentes crisis que impactan en los sectores más débiles, constituye un verdadero salvavidas de plomo para los asalariados, quienes perderán sus condiciones y privilegios laborales para convertirse en socios autónomos, careciendo de aportes, derecho a percibir una indemnización en caso de retiro, seguro por accidente de trabajo, en el caso de las mujeres la protección por maternidad, y todos aquellos beneficios reconocidos por las leyes laborales. Prueba actual y contundente de lo que ocurrirá en el futuro con la aplicación de esta ley, es la quiebra de Papelera Quilmes (ex Papelera Massuh), bajo estas condiciones ordenadas en forma judicial, la que fue administrada por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien le hizo perder al Estado y a los trabajadores importantes sumas de dinero sin ningún tipo de reestructuración posible, decretándose hace pocos días la liquidación y venta de sus activos.

En la década del 80, el Congreso había sancionado la ley de fondo de garantía de créditos laborales, la que nunca fue reglamentada y que hubiese significado una verdadera solución al problema de la pérdida del empleo pleno.

Atlántico Diario

La plantilla de Barreras levanta el encierro en el astillero vigués

Así lo acordaron el pasado jueves en una asamblea celebrada tras la multitudinaria manifestación del naval que se celebró en Vigo.

La treintena de empleados que participó en la iniciativa encerrándose en el astillero durante 11 días se dará un respiro durante, al menos, agosto, mes de vacaciones para muchos trabajadores. Además, la situación del astillero es ahora más clara -aunque muy delicada- y sólo cabe esperar a la investigación de la Unión Europea, indicaron ayer fuentes sindicales a este diario.

Hijos de J. Barreras lleva varios meses sin carga de trabajo, situación que no se recordaba desde hace dos décadas. Tiene a toda su plantilla -unas 130 personas- afectada por un ERE y arrastra una deuda de 62 millones de euros, lo cual llevó a la empresa a presentar concurso de acreedores hace sólo unos días. El astillero -del que dependen 250 empresas y 2.000 trabajadores indirectos- tiene un preacuerdo con la naviera canaria Armas para fabricar un nuevo ferry de 210 metros de eslora -sería el más grande de los barcos construídos en la Ría-, pero el contrato no puede entrar en vigor porque el 'tax lease' (sistema de régimen fiscal) está paralizado en España tras una investigación abierta por la Unión Europea.

23 de julio de 2011

Atlántico Diario

Galicia presentará su propia propuesta para el sector naval

Pretende paliar la situación creada por la suspensión de bonificiaciones fiscales por parte de la UE
La Xunta presentará 'en próximos días' una propuesta 'detallada' que suponga una 'alternativa' para resolver la situación creada por la suspensión de las bonificaciones fiscales aplicadas por el sector naval en España, el sistema de 'tax lease'. Esta otra opción, según explicó el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, sería un modelo de 'amortización libre' y compatible con las normativas comunitaria y española, que será remitido al Gobierno central.

'No queremos hacer de esto una batalla política, el objetivo de esta Consellería es que los astilleros contraten barcos', ha matizado Guerra, al ser preguntado por los pasos siguientes que dará el Gobierno gallego tras la multitudinaria manifestación del jueves en la que 35.000 personas reclamaron en Vigo a las administraciones que defiendan este sector ante las autoridades europeas.

Recordó que la Xunta se ha puesto 'de acuerdo' con el sector y la industria auxiliar para reclamar 'por escrito' al Gobierno central que 'no se aplique por ahora' la suspensión del tax lease o, en su defecto, que se garantice que los astilleros que tienen carga de trabajo en este momento -sujetos al sistema- 'no tengan ningún problema retroactivo'. 'No podemos esperar meses', advirtió el titular de Economía, quien incidió en la situación 'de riesgo grave' de esta industria que, 'si no puede construir', acabará por echar el cierre. 'Los astilleros están en las rías de Vigo, Pontevedra, ría de Ferrol y ahí tienen que seguir estando'.

El Gobierno Central debe, insiste Guerra, 'defender el sector naval ante Europa' y es 'el interlocutor', ya que el propio comisario 'no aceptó' la petición de reunión del Ejecutivo autonómico para abordar la situación. 'Si no lo hacen, intentaremos hacerlo nosotros', ha asegurado, para aclarar que esta circunstancia sería 'más difícil' dado que Galicia no es 'un Estado', y aclaró que 'no hay ningún astillero' que opine que el problema derivado de la suspensión 'es de los armadores'.

La Voz de Galicia

Un grupo naviero canario confirma que hará en Barreras un ferri de 200 millones

La naviera mantiene el precontrato a pesar del bloqueo del «tax lease»

El grupo empresarial canario Armas, uno de los mayores clientes por cifra de negocio del astillero vigués Hijos de J. Barreras en los últimos 10 años, mantiene su propuesta para que se construya en Vigo su mayor buque ferri hasta la fecha -tanto de su propia flota como del naval español- con una eslora superior a los 200 metros y con un presupuesto inicial que rondaría los 200 millones de euros.
Según fuentes de la negociación, el propio presidente de la naviera canaria, Antonio Armas, ha hablado con su homólogo en Barreras, Francisco González Viñas, en las últimas horas para reiterar que su empresa sigue confiando en el astillero vigués para construir la nave. Llega ese declaración en medio de las dificultades sobrevenidas por el concurso de acreedores de la firma, con una abultada deuda, y con el mecanismo de financiación europeo -el tax lease- paralizado por Bruselas.
Esta confirmación explícita por parte de la cúpula de Armas llega en paralelo a la multitudinaria manifestación celebrada el jueves en Vigo en defensa del sector naval, en la que participaron en torno a 35.000 personas, con colectivos sociales, empresariales y todas las formaciones políticas. Al parecer, las conversaciones telefónicas entre ambas compañías son casi diarias, con vistas a encauzar el problema derivado del bloqueo de la fórmula de financiación del tax lease. «Armas -según fuentes de la negociación- quiere el barco, y quiere que se lo haga Barreras, porque confía en su tecnología y porque son clientes fieles desde hace años». El hecho es que la naviera y Barreras habían firmado un contrato hace semanas ya en firme para la construcción de la unidad, pero su entrada en vigor ha quedado en suspenso hasta la resolución de Bruselas.
Cuando se confirme, será el mayor buque jamás construido en la ría de Vigo. La cifra de negocio solo por esta unidad supondría más de un tercio de la facturación registrada en el año 2010, que se situó por encima de los 440 millones. Barreras fue en el trienio 2008-2010 la segunda firma de Vigo por volumen de negocio, solo por detrás del centro de producción de la multinacional PSA Peugeot Citroën. La nave que ha encargado Armas tiene una eslora superior a los 200 metros. Por falta de espacio en las gradas debería ser construidas en dos grandes secciones y luego montada en un dique flotante.

22 de julio de 2011

Atlántico Diario

Vigo reclama solución al naval con una marcha multitudinaria

Fue una de las grandes manifestaciones de Vigo. Los vigueses se echaron ayer a la calle para dar su apoyo explícito al sector naval y mostrar a Bruselas que se trata de un sector estratégico para Vigo y para Galicia, ante el expediente que ha abierto sobre las bonificaciones fiscales, “tax lease”, que tiene paralizadas las contrataciones en los astilleros.

Trabajadores, empresarios, sindicalistas, políticos y ciudadanos mostraron a Bruselas que es un sector estratégico

Fueron 35.000 personas, según los datos de la Policía Local.

Cuando la cabeza de la manifestación llegó al edificio de la Xunta, la cola estaba aún en la calle Lepanto. Allí estaban los representantes sindicales de UGT, CC OO y CIG, convocantes de la marcha, pero también los empresarios, como los responsables de Vulcano, José Domínguez y José Luis Méndez; o el presidente de Barreras, González Viñas; junto a responsables de empresas auxiliares. Entre los políticos el director xeral de Industria de la Xunta de Galicia, Angel Bernardo Tahoces; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en primera fila, junto a todos sus concejales y los diputados socialistas María José Caride, José Luis Méndez Romeu o Carmen Gallego. Por el BNG, su portavoz nacional, Guillerme Vázquez, el concejal Santi Domínguez o la diputada Olaia Fernández Davila, entre otros. El PP local hizo ayer la marcha con su portavoz al frente, Chema Figueroa, y todos los concejales del grupo municipal, acompañados por la delegada de la Xunta en Vigo, Lucía Molares, y el presidente del Puerto, Ignacio López-Chaves.

Además, todo tipo de colectivos sociales, desde la federación de vecinos, hasta la Asociación de Mujeres de Moaña, pero también se pudo ver a representantes sindicales de PSA y de empresas de automoción.

La marcha partió pasadas las 20.00 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz e iba encabezada por una pancarta con el lema 'En defensa del sector naval. Por el futuro industrial de Vigo'. Tardó apenas una hora en atravesar la arteria urbana que es la calle Urzaiz hasta el edificio de la Xunta. Los cánticos se sucedieron, sobre todo “Queremos traballar e non emigrar”.

Al llegar al final se repartieron varias chaquetas de trabajo del astillero Hijos de J.Barreras a algunos de los políticos que participaron en la manifestación, entre ellos, el alcalde de Vigo.

Simbolo de Vigo.

La periodista Noelia Otero fue la encargada de leer el manifiesto conjunto de los tres sindicatos, en el que se argumenta que el naval 'es uno de los símbolos del propio Vigo'. 'Además de lo afectivo, es un sector estratégico' y 'uno de nuestros bienes más valiosos'.

En el documento, los sindicatos explicaron que esta industria ha perdido en los últimos años más de 100 empresas auxiliares y casi 9.000 empleos, por lo que exigen 'que el esfuerzo y el trabajo en las oficinas, en los talleres y en las gradas de los astilleros, no lo anulen otros en los despachos'. Así, han pedido que el problema del 'tax lease' se resuelva 'de la forma más inmediata posible' para que el naval gallego pueda competir en condiciones de igualdad con las empresas de otros países.

'El gobierno español y la Xunta saben que no tenemos muchas más oportunidades', advirtieron, y se preguntaron si las autoridades europeas tiene 'miedo' al naval gallego, 'o simplemente quieren eliminarlo por la vía política' para repartir su cuota de mercado entre otros competidores.

Suso Seixo, CIG.

‘El naval morirá con los recortes de la UE’

El secretario general de la CIG, Suso Seixo, destacó la “participación muy importante” de la población, en defensa de un “sector base que, si llevan adelante los recortes y medidas que propone la UE, morirá”. Para evitarlo, señaló que “el Gobierno central y la Xunta tienen que tomar nota, sobre todo la Xunta que en estos casos mira para otro lado, y el Gobierno central que se dé cuenta de una vez por todas de que Galicia existe, no sólo para obtener mano de obra barata”.

Bernardo Tahoces, Xunta.

“El sector tiene que salir a flote”

 El director de Industria de la Xunta, Bernardo Tahoces, mostró su satisfacción por la respuesta “multitudinaria” por parte de la población, “lo que demuestra que todas las fuerzas políticas y todos los agentes económicos y sociales nos encontramos unidos para luchar por una causa justa”. Asimismo insistió en que el naval “es un sector prioritario que tiene que seguir manteniéndose a flote, nunca mejor dicho”. Para él, la manifestación de ayer fue “reveladora de la magnitud del problema”.

López-Chaves, Puerto.

“Estoy preocupado por la situación”

El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, mostró ayer su “preocupación por la situación de Vigo, por lo que es necesario exigir una actuación del Gobierno central y adptar medidas para solucionar los problemas que son consecuencia de las decisiones de la UE”. Insistió en que “la Xunta está planteando propuestas pero hace falta apoyo del Gobierno, si no va a ser un desastre como no haya medidas”. “Veo con preocupación la actuación del gobierno”, terminó.

José Antonio Alonso, UGT.

“La industria supo modernizarse”

El secretario general de UGT Galicia destacó la “gran respuesta de los ciudadanos de Vigo en un sector estratégico en la comarca, que se encuentra amenzado por la supresión de las bonificaciones fiscales”. Asimismo recalcó que “tenemos que pedir al Gobierno gallego y al central que defienda el naval gallego ante la Unión Europea”, subrayando además que “el sector ya sufrió una importante reconversión en los años 80 y ha sabido modernizarse, por lo que esta respuesta tiene que animar a los gobiernos a trabajar”.

José Domínguez, Vulcano.

“Éste era un acto necesario”

El director financiero de la factoría Vulcano, José Domínguez, se mostró “gratamente satisfecho” con el resultado obtenido en la marcha de protesta por la situación del naval. “Vigo ha respondido al llamamiento de unidad con el naval y considero que éste era un acto necesario y realmente creo que hemos demostrado a todo el mundo que la ciudad de Vigo quiere que continúe su industria naval”. Ahora es momento de unión y de tomar soluciones.

X. M. Sánchez Aguión, CCOO .

“Tienen que actuar con rapidez”

Xosé Manuel Sánchez Aguión, secretario general de CC OO en Galicia, indicó que la protesta de ayer fue “una respuesta clara y contundente hacia un sector clave en la economía de toda Galicia”. Además insistió en que “esperamos que autoridades y Gobierno tomen nota y actúen lo antes posible, ya que de ello depende un sector con tradición histórica, así como 10.000 puestos de trabajo”. Por ello espera que “el clamor popular de la ciudadanía lo haga posible”.

J. L. Méndez Romeu, PSOE.

“España convencerá a Bruselas”

El diputado del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, sentenció que la marcha “es un testimonio de la importancia del sector naval en Vigo y Galicia”. Por su parte se muestra optimista con la actuación del Gobierno central, “ estamos convencidos de que el Gobierno español conseguirá convencer a Bruselas de una fórmula, sino la ‘tax lease’, otra similar, que garantice que la producción naval en Vigo y España siga siendo competitiva, independientemente de la situación concreta de algunas empresas”.

Guillerme Vázquez, BNG.

“El Gobierno, que no pase del tema”

El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, pidió ayer, en medio de la manifestación, que “el Goberno español no pase del tema, como si esto no fuese con él, y que el Gobierno de la Xunta no se limite a ser un oyente”. Además, señaló que considera la polémica por el ‘tax lease’ “es un nuevo intento de eliminar un competidor del naval en Vigo por parte da Unión Europea y esto es lo que hace que el BNG esté presente en esta manifestación”.